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¿Se encuentra el Reino Unido en ruta hacia un Brexit sin acuerdo?

Autor/a: 
Juan Manuel Muñoz Portillo

Dr. Juan Manuel Muñoz Portillo

Observatorio de Estados Unidos

Escuela de Ciencias Políticas/CIEP

Universidad de Costa Rica

 

En esta edición del Boletín del Observatorio de los Estados Unidos, hacemos un análisis del Brexit en Reino Unido. El Brexit es en gran medida resultado de los mismos factores que llevaron a Donald Trump al poder en Estados Unidos, sobre algunos de cuales hemos discutido en dos análisis anteriores. A saber, globalización, exclusión social, el discurso populista de derecha de algunos líderes políticos y el uso cuestionable de tecnologías de redes sociales y minería de datos, para dirigir mensajes propagandísticos de manera personalizada a través de redes como Facebook.

En este blog se describe qué es el escenario conocido como “Brexit sin acuerdo”. Esta alternativa ha tomado impulso con la designación de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido, a mediados de julio de 2019. Recientemente, ha cobrado mayor fuerza debido a la solicitud de cierre de la Cámara de los Comunes, a partir del 10 de setiembre, solicitado por Johnson, para evitar que se apruebe una ley que impediría el Brexit sin acuerdo o una moción de censura para promover la remoción del Primer Ministro. El 4 de setiembre la Cámara de los Comunes aprobó por mayoría una ley para evitar que el Reino Unido abandone la Unión Europea sin acuerdo. Sin embargo, al momento de escribir, el gobierno de Johnson todavía tiene algunas opciones y la posibilidad de un Brexit sin acuerdo (un Brexit duro) todavía es latente.

¿Qué significa un Brexit sin acuerdo?

Brexit es un juego de palabras en inglés, British exit o “salida británica”. Con ese nombre se conoce popularmente a la potencial salida del Reino Unido de la Unión Europea, organismo supranacional del cual es miembro desde 1973. Que la Unión Europea sea una organización supranacional significa que sus estados miembros ceden parte de su poder soberano a este organismo regional. De significativa importancia en el debate sobre el Brexit ha sido el tema de control de la inmigración, un poder que en gran medida está regulado por la normativa de la Unión Europea. 

En el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea se establece que una de las cuatro libertades sobre las que se funda su constitución es la libertad de movimiento de los trabajadores, dentro del espacio común europeo. Esto implica que las personas nacionales de sus países miembros pueden transitar y residir en cualquier país de la Unión y de otros Estados de lo que se conoce como Espacio Económico Europeo, donde estén trabajando o estén buscando trabajo, si están en cumplimiento de algunas regulaciones mínimas. Esto puede sonar extraño en un mundo donde los controles fronterizos son muy normales. Sin embargo, el mayor incentivo para que las naciones cedan toda o parte de su soberanía sobre cuestiones migratorias a la Unión Europea es el acceso al Mercado Único Europeo. Eso fue lo que motivó al Reino Unido a adherirse a este organismo —entonces Comunidad Económica Europea— en 1973, a pesar de que, como explica el historiador Brendan Simms, la relación entre el Reino Unido y Europa continental, históricamente, ha estado llena de altibajos.

La inmigración, especialmente, desde países exsocialistas del centro y este de Europa, como Polonia, es tal vez la variable principal que ha motivado a políticos y votantes a buscar la salida de la Unión Europea. Sin embargo, otros factores de contexto que contribuyen a explicar esa decisión son varios años de crecimiento económico débil —entre 2007 y 2015—, aunado a políticas austeridad fiscal que impusieron severos recortes al gasto público social y aumentaron algunos impuestos. Además, durante los años anteriores al referéndum, la recesión económica y austeridad fiscal en la mayoría de países de la Unión Europea, mantuvo al Reino Unido como uno de los destinos más atractivos para muchos europeos en busca de mejores oportunidades laborales. 

A los factores anteriores habría que agregar que la campaña para abandonar la Unión Europea (Vote Leave), muchos del Partido Conservador —en gobierno—, algunos del Partido Laborista, y del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) —un partido esencialmente euroescéptico— tuvo los efectos deseados. Relacionado a esto, tiempo después del referéndum salió a la luz la estrategia dirigida desde la empresa Cambridge Analytica, que ilegalmente a través de minería de datos, personalizó mensajes propagandísticos a favor de Vote Leave, en las cuentas de millones de usuarios en Facebook.

El entonces Primer Ministro, David Cameron, buscando su reelección en 2015, ante la presión de miembros de su partido se comprometió a que negociaría con sus contrapartes europeas mayor control sobre la inmigración. Específicamente, para que se impusieran frenos a la entrada de inmigrantes y condiciones más restrictivas para la utilización de servicios de seguridad social. De no alcanzar el acuerdo llamaría a un referéndum sobre la permanencia del Reino Unido dentro del bloque regional europeo.

Ante la negativa europea sobre las pretensiones del gobierno británico este anunció un referéndum, que se realizó el 23 de junio de 2016, donde millones de electores votaron sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. El resultado fue muy ajustado: un 51,9% votó por la salida, frente a un 48,1% que lo hizo por la permanencia.

En el artículo 50 del Tratado de Lisboa se establece que cualquier estado miembro que así lo desee, de acuerdo a sus prerrogativas constitucionales, puede dejar de pertenecer a este organismo, para lo cual oficializará su proceso de separación comunicándoselo al Consejo Europeo. A partir de allí se comenzarán a negociar las condiciones de salida, para lo cual contará con dos años, prorrogables si así lo acepta el Consejo Europeo. 

Del Acuerdo de Retirada a la asunción de Boris Johnson al cargo de Primer Ministro

El gobierno de la Primera Ministra Theresa May —sucesora de Cameron a partir de julio de 2016— oficializó el proceso de salida de su país el 29 de marzo de 2017, arrancando a partir de allí negociaciones formales con sus contrapartes europeas, lideradas por el diplomático francés Michel Barnier

Las negociaciones entre el gobierno de May y los negociadores de la Unión Europea concluyeron el 14 de noviembre de 2018. A este convenio se le llama Acuerdo de Retirada (Withdrawal Agreement). Hay cuatro partes sustanciales del acuerdo: sobre los derechos de los ciudadanos británicos habitantes en países de la Unión Europea y de europeos habitantes en el Reino Unido; temas relacionados, entre otros, a aduanas, comercio de mercancías, impuestos y propiedad intelectual; sobre el período de transición, que concluiría el 31 de diciembre de 2020 y un apartado sobre acuerdo financiero. Esto último informalmente se conoce como la “factura por el divorcio de Brexit” (Brexit divorce bill), que corresponde a las obligaciones presupuestarias del Reino Unido hacia la Unión Europea.  

El Acuerdo de Retirada también contiene un protocolo sobre el problema de Irlanda, al que nos referimos en detalle en la sección siguiente. Este es uno de los asuntos que más genera debate debido a que Irlanda del Norte y la República de Irlanda comparten el mismo territorio y que no hay fronteras para el tránsito de personas ni mercancías. Las partes acordaron un protocolo especial en el Acuerdo de Retirada, conocido como el “backstop”, que es una salvaguarda para que en caso de que las partes no acuerden una solución, el Reino Unido permanezca dentro de una zona aduanera especial, bajo reglas de la Unión Europea. Además, se estaría garantizando que no se vuelvan a imponer fronteras entre las dos irlandas, un resultado de los acuerdos de paz, conocidos como Acuerdo de Viernes Santo, en 1998, que pacificaron el conflicto entre los unionistas —leales a seguir perteneciendo al Reino Unido— y los nacionalistas —quienes abogan por una única República de Irlanda—.

El último es el tema más complejo ya que implica que el Reino Unido continúe permaneciendo de alguna manera en la Unión Europea. No obstante, el Acuerdo de Retirada, en general, divide de distintas maneras a los miembros del Parlamento Británico en la Cámara de los Comunes. Por una parte, una mayoría de MP del Partido Conservador adversa el Acuerdo. Por otra parte, el gobierno es una coalición formada por el Partido Conservador y los legisladores del Partido Unionista Democrático, un partido conservador y unionista de Irlanda del Norte (IN), cuyos miembros alegan que el backstop amenazaría la integridad de IN con el resto del Reino Unido. El segundo partido más grande en el Parlamento, el Partido Laborista, está dividido entre quienes defienden la opción de realizar un segundo referéndum, los que apoyan el Acuerdo y quienes se decantan por un Brexit antes del 31 de octubre.

En tres ocasiones, entre enero y marzo de 2019, la Primera Ministra Theresa May intentó pasar el Acuerdo de Retirada en la Casa de los Comunes, pero en cada votación fue rechazado. Esto motivó la renuncia de Theresa May, efectiva el 7 de junio de 2019. 

En el sistema de gobierno parlamentario británico, los primeros ministros —jefes de gobierno, similar a los presidentes en sistemas presidencialistas— son designados desde el partido o coalición que tiene suficiente número de escaños en la Cámara de los Comunes para formar gobierno. Las reglas para designar al Primer Ministro varían entre partidos. En el Partido Conservador se realizan elecciones entre miembros registrados del partido —en la actualidad, alrededor de 160.000 personas— para elegir a la persona que ocupará el cargo. De los candidatos, el exalcalde de Londres (2008-2016), ex Ministro de Relaciones Exteriores (2016-2018) y miembro del Parlamento, Boris Johnson, uno de los líderes detrás de la campaña para abandonar la Unión Europea, ganó la contienda.

Johnson hace pocos años, cuando el debate sobre el Brexit ganaba fuerza, estuvo a favor de permanecer en la Unión Europea. Sin embargo, poco tiempo después que David Cameron anunció el referéndum asumió una posición en contra, apoyando la campaña de Vote Leave. Algunos afirman que es un ambicioso político oportunista, que seguramente no quería ni esperaba un desenlace a favor del Brexit, pero le convenía para alcanzar sus objetivos de convertirse en Primer Ministro. Otros opinan que con ese objetivo en mente se ha montado sobre la ola de políticos populistas de derecha, que en años recientes han encontrado una fórmula a través de un discurso de posverdad, para ganar suficientes adeptos y alcanzar el poder gubernamental. Independientemente de estas afirmaciones, lo cierto del caso es que Boris Johnson alcanzó su cargo prometiendo que con o sin acuerdo, el Reino Unido abandonará la Unión Europea el 31 de octubre 2019.

La solicitud de Boris Johnson a la Reina para prorrogar el Parlamento

El pasado 28 de agosto Boris Johnson solicitó a la Reina Isabel permiso para prorrogar el Parlamento, al que la Reina accedió—aunque no hay norma escrita, por convención la monarca acepta el consejo de su primer ministro—. La prorrogación es un mecanismo del sistema político británico, bajo el cual se termina el periodo de gobierno, para iniciar uno nuevo donde el Ejecutivo presenta un nuevo plan de gobierno y cambian acordemente los temas de discusión. Hacer esto no es inusual. 

La motivación del gobierno de Johnson para adoptar esta estrategia que algunos le achacan a su asesor en jefe, Dominic Cummings—quien dirigió la campaña de Vote Leave—, es impedir la posibilidad de que el Parlamento discuta una moción de censura —que podría terminar con el despido del Primer Ministro— o que se pase una ley para que se prohíba una salida de la Unión Europea, el 31 de octubre, sin acuerdo. También, la medida podría estar enviando una señal a los líderes de la Unión Europea de que el Parlamento Británico no sería un obstáculo para un Brexit sin acuerdo, con lo que tal vez los movería a reconsiderar sus posiciones menos flexibles, como la del backstop irlandés, que comentamos más adelante.

Sobre si esto es una medida inconstitucional está abierto al debate. Algunos sectores anti-Brexit califican la medida de golpe de Estado. Otros señalan posibles vicios de procedimiento que podrían traer abajo la medida en los tribunales. Lo cierto del caso es que es un acto que restringe la deliberación sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea y podría tener consecuencias para la legitimidad del sistema político, especialmente, en un escenario post-Brexit.

Al momento de escribir, todavía no se ha resuelto el tema de la prorrogación del Parlamento. Y es que el tema divide marginalmente a una coalición de opositores y los promotores, principalmente del Partido Conservador. La primera semana de setiembre ha sido crucial para ambos bandos. Boris Johnson, como líder del Partido Conservador, amenazó a sus parlamentarios en la Cámara de los Comunes que si votaban a favor de un proyecto de ley que impidiese un Brexit sin acuerdo, les quitaría el derecho a competir por su reelección en la próxima elección como candidatos del Partido Conservador. Esta medida, usualmente muy poderosa para disciplinar a los parlamentarios británicos alrededor de líneas de partido, en esta ocasión no impidió que 21 miembros del parlamento conservadores votaran contra el gobierno

El 4 de setiembre la Cámara de los Comunes aprobó un proyecto de ley que obligaría al gobierno a solicitar a la Unión Europea una nueva extensión del plazo para el Reino Unido salir de ese organismo; así, procurando negociar un nuevo acuerdo de retirada. Esto se puede ver como una victoria para la oposición en el muy corto plazo. También, esta se apuntó un triunfo adicional. En reacción a la aprobación del mencionado proyecto de ley, Boris Johnson presentó una moción para convocar una elección general que sería celebrada el 15 de octubre, pero una mayoría de los Comunes presentes votó en contra. 

No obstante, ahora el proyecto ha pasado a la Cámara de los Lores. Se puede pensar en esta como el Senado en Estados Unidos, ambas son catalogadas como cámaras altas y tienen control político sobre las iniciativas de ley que se aprueban en sus respectivas cámaras bajas. Pero a diferencia del Senado, el control de la Cámara de los Lores es mucho más débil. Este órgano se ha fijado de plazo votar el proyecto antes de finalizar el viernes.

La oposición todavía tiene una opción adicional: la vía judicial. Esta es una alternativa llena de incertidumbre. En el sistema judicial británico —sin constitución— los jueces interpretan y dictaminan sobre la justicia a partir de lo que interpretan es la tradición social y legal que ha seguido el país. En opinión de los politólogos de David Runciman y Helen Thompson, consistentemente la tradición ha sido la de interpretar que en este tipo de asuntos la ciudadanía y el Parlamento, pero no los juzgados, son a quienes corresponde decidir sobre lo relacionado a temas políticos como Brexit. 

Esa afirmación parece haber sido confirmada hace pocos días cuando un grupo de parlamentarios presentó ante un juzgado de Edimburgo una petición de anulación del acto de prorrogar el Parlamento. El juez a cargo falló en contra por el motivo señalado. Empero, otros argumentos están siendo desde ya preparados para tratar de convencer a los jueces de impedir un Brexit sin acuerdo; incluyendo el del equipo de la activista anti-Brexit, Gina Miller, cuyo caso de 2016, para obligar a una decisión parlamentaria —no solamente ejecutiva— sobre el Brexit sentó un precedente en la historia constitucional del Reino Unido.

Implicaciones de un Brexit sin acuerdo

Mientras que un amplio sector de la población celebra la decisión de abandonar la UE, lo cierto del caso es que la salida británica es muy complicada. Esto genera gran incertidumbre sobre lo que sucederá ante tal evento y cuáles serán las características que tendrá —si efectivamente sucede—. 

Implicaciones constitucionales y legales

Gran parte de las normas bajo las cuales opera en el día a día la sociedad británica son normativa comunitaria de la Unión Europea. Ya de por sí la estructura constitucional del Reino Unido es compleja al no contar con una constitución escrita, pero además por ser un Estado insular constituido por tres naciones (ver mapa adjunto): Escocia, Gales, Inglaterra e Irlanda del Norte. Hasta 1998, gran parte del poder político estaba concentrado en la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico; es decir, en Inglaterra. Pero en ese año se aprobaron varias normas denominadas leyes de devolución —devolution acts— que crean parlamentos nacionales en los otros tres países, transfiriéndoles poderes, entre otros, legislativos. 

United Kingdom political map

Mapa de Irlanda y del Reino Unido. Por convención, se llama Irlanda a la República de Irlanda y Reino Unido o Gran Bretaña al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Fuente del mapa:  https://geology.com/world/united-kingdom-satellite-image.shtml

Como señala Vernon Bogdanor, qué poderes legislativos han sido transferidos ha estado abierto a interpretación y en algunos temas existe incertidumbre acerca de dónde prevalece la normativa comunitaria europea o las normas británicas. El dilema se ha hecho evidente recientemente, con los gobiernos de Gales y Escocia quienes reclaman que la decisión de ratificar un acuerdo o rechazarlo no se tome únicamente en Londres. Pero uno de los temas más contenciosos en el proceso del Brexit es el de la cuestión limítrofe entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte, quienes comparten el mismo territorio. 

La ley de devolución de Irlanda del Norte es parte del Acuerdo del Viernes Santo, negociado en 1998, para acabar con el conflicto entre unionistas —leales a continuar perteneciendo al Reino Unido— y nacionalistas —quienes pretenden que su país se fusione con la República de Irlanda—. En este acuerdo se establecieron disposiciones para el libre tránsito dentro de la isla de Irlanda y entre esa isla y Gran Bretaña. Es decir, se eliminaron las fronteras físicas entre Irlanda del Norte e Irlanda y los controles fronterizos con Gran Bretaña. Esto se vio facilitado por el hecho de que la República de Irlanda y el Reino Unido forman parte de la Unión Europea, cuyo mercado único impone como principios además de la libertad de personas, la libertad de circulación de bienes, capitales y servicios. Adicionalmente, los acuerdos establecieron que la ley emanada de la Asamblea de Irlanda del Norte no podría contradecir la ley de la Unión Europea. Es difícil encontrar una solución para este problema en que el Reino Unido reestablezca el control de sus fronteras con la Unión Europea si parte de su territorio está ligado a esta entidad. 

Además de estos problemas, desde el punto de vista de los derechos humanos, los jueces británicos han recurrido a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea para deliberar sobre asuntos que atañen a habitantes en su país. En este sentido, los jueces de la Corte Suprema han concluido que esta norma deberá prevalecer sobre la normativa británica. 

Los problemas legales no acaban allí ya que muchos negocios que funcionan en el mercado único europeo han establecido sus bases de operaciones en el Reino Unido y funcionan bajo las reglas comunitarias europeas. Actualmente, existe bastante incertidumbre legal sobre el marco para hacer negocios en el Reino Unido una vez se concluya el proceso de Brexit.

Implicaciones políticas

Se podría esperar gran descontento entre aquellos en contra del Brexit y, especialmente, contra el Brexit sin acuerdo y las medidas ostensiblemente autoritarias de Boris Johnson en las semanas previas al Brexit. Es prácticamente imposible predecir cuál sería el desenlace en términos de conflicto; es decir, si ese disgusto puede escalar a situaciones muy serias de conflictividad social y política. Una situación como esta es inédita en democracias tan antiguas como la del Reino Unido. Aunque los cuerpos de seguridad se están preparando para un escenario post-Brexit muy tenso. Al posible descontento político habría que agregar aquel generado por los problemas económicos y sociales, cuyos efectos se verán en el corto plazo. Algunos sectores auguran salida de capitales —algo que parece estar sucediendo desde que se votó la salida en 2016— y escases de alimentos como consecuencia de la poca preparación que tienen las aduanas en la isla de Gran Bretaña, para procesar ellas mismas la importación de bienes fuera de su territorio.  

Por otra parte, algunos analistas ponen su atención en las implicaciones que tendría la salida sin acuerdo para la unión política del Reino Unido. Particularmente, Escocia ha demostrado fuertes ambiciones independentistas —recuérdese que en 2014 en el referéndum sobre la independencia de Escocia, 44.7% de electores votó a favor de esa medida—. En el referéndum sobre el Brexit en 2016 los escoceses votaron a favor de seguir permaneciendo dentro del bloque regional. El Partido Conservador tampoco ha sido particularmente fuerte allí y, recientemente, su líder ha manifestado estar en contra de las medidas recientes de Johnson de prorrogar el Parlamento. Algunos piensan que el sentimiento anti Brexit y anti-Johnson en la nación del norte de Gran Bretaña puede iniciar nuevamente el sentimiento de independencia que les lleve a un nuevo referéndum.

Implicaciones económicas y sociales

Para muchas empresas no es solamente el hecho de la inseguridad jurídica que está generando Brexit. Muchas de ellas tienen sus bases de operaciones en Londres (y en menor medida en otras partes del país) para hacer negocios en la Unión Europea, aprovechando el Mercado Común Europeo. El Brexit eliminaría ese atractivo y, por lo tanto, muchas empresas consideran o lo están haciendo desde ya mudar sus negocios a otras ciudades europeas. También Brexit genera alta incertidumbre para el clima de inversiones. En consecuencia, miles de millones de libras esterlinas están siendo retiradas de fondos de inversión y direccionados a mercados foráneos. Estos factores amenazan el empleo en ese país.

En los días siguientes del anuncio de Johnson de prorrogar el Parlamento, la libra esterlina se ha devaluado a sus niveles más bajos en tres años. Mientras que los sectores vinculados a la exportación y al turismo se benefician de una libra más débil, estas no son las principales actividades productivas en el Reino Unido y el país es importador neto de bienes de consumo, como alimentos. Según un estudio del Centro para el Desempeño Económico del London School of Economics, el resultado del referéndum de 2016 debilitó la libra esterlina encareciendo esos bienes, aumentando la inflación y debilitando el poder de compra de la mayoría de familias residentes en ese país. 

Por último, se teme que, debido a la falta de preparación en las aduanas británicas, existan retrasos muy significativos en la importación de productos esenciales como alimentos, medicinas y combustibles. Con lo que podría darse un período de escases.

En síntesis, aunque es difícil prever qué sucedería después de un Brexit sin acuerdo, los factores mencionados tienen el potencial para amenazar la paz social por un período de tiempo indeterminado.

¿Qué tan seria es la estrategia de Boris Johnson?

El gobierno no puede prever qué sucederá con un Brexit sin acuerdo; en realidad, nadie puede.   Esta es una situación sin precedentes en la historia de las democracias contemporáneas. Un evento de esta magnitud en el largo plazo podría traer las oportunidades que pregonan sus defensores, p.ej. mayores oportunidades de negocios internacionales. O, también, de finalmente formalizar una constitución política escrita. Sin embargo, existen varios elementos para suponer que existen riesgos muy serios.

Debido a la incertidumbre y escenarios de graves consecuencias, varios analistas consideran que el gobierno de Boris Johnson, bajo el consejo de su asesor en jefe, Dominic Cummings, están fanfarroneando. Es decir, están tratando de dar una amenaza creíble a los tomadores de decisión en la Unión Europea de que no tienen miedo al peor escenario y están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, en un intento para que el bloque europeo flexibilice su posición, especialmente, sobre el backstop irlandés.

Si essimplemente una amenaza es difícil saberlo. Boris Johnson también ha realizado numerosos compromisos con los defensores del Brexit para asegurar los votos que le dieron su cargo. En un sistema parlamentario, como el británico, los primeros ministros necesitan de la confianza de los miembros del partido para continuar como sus líderes y mantener el gobierno. A diferencia de los presidentes en las democracias presidencialistas, estos jefes de gobierno son más débiles, pues sus períodos pueden terminar antes —inclusive en el Reino Unido donde, desde 2011, hay más seguridad sobre la estabilidad del gobierno—. 

En diciembre de 2018 Theresa May se enfrentó a un caso en que varios miembros de su partido le retiraron su voto de confianza y amenazaron su liderazgo, con lo cual la amenaza de convocar a elecciones generales era inminente. La incertidumbre del Brexit la mantuvo en su cargo. Boris Johnson podría afrontar una situación similar. Sin embargo, el Partido Conservador se encuentra muy dividido sobre el Brexit. A pesar de esto, muchos parlamentarios conservadores ven la amenaza del nuevo Partido del Brexit, fundado por el otrora líder del Partido de la Independencia del Reino Unido, y acérrimo promotor del Brexit, Nigel Farage. No quieren perder votos que creen podrían ir a parar a candidatos de este partido.

Por lo tanto, desde cualquiera de las dos perspectivas, a favor del Brexit sin acuerdo o en contra, el Primer Ministro parece tener algo que perder. En términos políticos, no cumplir con su compromiso podría amenazar su permanencia en el cargo. En términos económicos y sociales, si se cumplen los peores pronósticos de un Brexit sin acuerdo, también podría tener un costo político muy alto para él y su partido. El desenlace de un Brexit parece ser muy probable. Sin embargo, si se llevará a cabo el 31 de octubre, o el gobierno pedirá una nueva extensión es incierto. También es muy difícil de prever si será un Brexit duro o una opción suave. 



 

 

  

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