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Impeachment: Claves para entender el juicio político contra Donald Trump

Autor/a: 
Juan Manuel Muñoz Portillo

 

Juan Manuel Muñoz Portillo

Observatorio de los Estados Unidos

Escuela de Ciencias Políticas/CIEP

Universidad de Costa Rica

 

En este aporte se describe el proceso de juicio político (impeachment) contra el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este se formalizó el pasado 31 de octubre, después de un escándalo, destapado en agosto pasado, que vincula a Trump con un intento de utilizar la política exterior de su país para interferir en la política de Ucrania, aparentemente, para perjudicar a su rival político, el precandidato demócrata Joseph Biden, y así favorecer su propia reelección. El impeachment podría satisfacer las demandas de votantes y políticos que se oponen al populismo autoritario y conservador de Donald Trump, quienes además apoyan al Partido Demócrata, el cual controla la Cámara de Representantes. Sin embargo, en el camino tendrá que enfrentarse a un Senado de mayoría republicana. Hay razones para pensar que el remedio podría resultar peor que la enfermedad.

El escándalo de la llamada de Trump

El 12 de agosto un denunciante anónimo interpuso una acusación ante los comités de inteligencia de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos (Cámara de Representantes y el Senado), contra el Presidente Donald Trump. En ésta esta persona alertó de la aparente existencia de una campaña del presidente Trump y varios de sus asesores, para interferir en las decisiones del Presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el fin de que este ordene una investigación alrededor de las acciones del Exvicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden (2009-2016), y su hijo, Hunter Biden. El denunciante mencionó una llamada entre los presidentes Trump y Zelensky, que tuvo lugar el 25 de julio de este año, en donde Trump supuestamente ejerce presión contra Zelensky para que se lleve a cabo la investigación.

Hunter Biden es un empresario con negocios en Ucrania y China. Él tomó, en 2014, un puesto en la junta directiva de la empresa extractora de gas ucraniana Burisma. Desde mayo de este año, Trump y sus colaboradores han estado argumentado que Joseph Biden utilizó su cargo de Vicepresidente de los Estados Unidos para influir en el despido del fiscal general Viktor Shokin, quien asumió en el cargo en 2015 y fue despedido al año siguiente. Shokin estaría investigando supuestos casos de corrupción y lavado de dinero en Burisma. Al respecto, efectivamente, el gobierno de Barak Obama (2009-2016), junto con el Banco Mundial y organizaciones de sociedad civil ucranianas, demandaron la renuncia de Shokin, alegando que este estaría obstruyendo investigaciones sobre corrupción ligadas al entonces Presidente de Ucrania, Petró Poroshenko.

En 2018, en una actividad del Consejo de Relaciones Exteriores, Joseph Biden afirmó que siendo vicepresidente de Estados Unidos, ejerció presión sobre el gobierno ucraniano para que despidiera al fiscal general, Viktor Shokin, bajo los supuestos de corrupción que se estaban alegando. Donald Trump y sus colaboradores han buscado probar un ligamen entre la investigación sobre supuestos actos de corrupción investigados por Viktor Shokin sobre la empresa Burisma, de la cual formaba parte Hunder Biden y la presión ejercida por el gobierno de Obama, a través de Joseph Biden, para que el gobierno ucraniano relevara a Shokin de su cargo.

De acuerdo con la denuncia anónima, también habría habido intentos de bloqueo por parte de altos funcionarios de la Casa Blanca para impedir el acceso a los registros de la llamada del 25 de julio. Bajo presión de los demócratas, finalmente, la Casa Blanca hizo pública, el 24 de setiembre, la transcripción de la llamada.

Dos asuntos relacionados con teorías propagadas desde hace varios meses por Trump y sus colaboradores son tratados en la llamada. Por una parte, Trump menciona a la empresa de ciberseguridad, Crowdstrike, pidiéndole al presidente Zelensky que ayude al Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, a investigar las actividades de esta empresa en Ucrania. Crowdstrike es la empresa que alertó en 2016 del hackeo desde Rusia de los servidores del Comité Nacional Demócrata. En mayo de este año el informe del fiscal especial Robert Mueller, quien investigó la interferencia rusa en las elecciones de 2016, concluyó que esa intervención influyó en los resultados electorales que dieron la victoria a Donald Trump.

Precisamente, Trump continúa diciendo a Zelensky “como vio ayer, toda esta tontería terminó con un muy mal trabajo de un hombre llamado Robert Muller, un trabajo incompetente, pero dicen que gran parte de esto empezó con Ucrania. Lo que quiera que pueda hacer, es muy importante que lo haga, si es posible”. Y es que el equipo de Trump ha venido promoviendo la teoría de que el vínculo que se traza entre la trama rusa con asesores ligados a su campaña, fue una conspiración del gobierno de Barak Obama para deslegitimar su campaña electoral y deslegitimar su victoria. En este esfuerzo, además de Barr, Trump estaría utilizando sus diplomáticos en el servicio exterior estadounidense para ejercer presión sobre otros gobiernos, entre estos Australia, a fin de proveer evidencia que apoye este argumento.

El segundo elemento —y, posiblemente, más controversial— es la solicitud de Trump para que el gobierno de Ucrania investigue a los Biden. Trump le dice a Zelensky “lo otro es que se habla mucho del hijo de Biden, de que Biden paró la investigación del fiscal, y mucha gente quiere saber cosas sobre eso, de modo que cualquier cosa que pueda hacer con el fiscal general sería fantástica. Biden iba por ahí jactándose de que paró la investigación del fiscal, así que si puede averiguar algo de ese tema...”. Para varios sectores esto plantea evidencia de que el presidente pretendía que Zelensky contribuyera con una investigación que afectaría favorablemente a Trump en detrimento de su rival en las elecciones de 2020. Biden es favorito a hacerse con la nominación demócrata en julio de 2020, según varios sondeos de opinión. Trump también hizo una solicitud parecida al gobierno de China, poco después de liberar la transcripción de la llamada.

El abogado personal de Trump, Rudy Giuliani, también mencionado en la llamada sería el enlace, aparentemente más o menos desde mayo, de gestionar la investigación contra los Biden en Ucrania y, posiblemente, en otros países también. La trama incluiría un freno por parte del Ejecutivo a la transferencia de cerca de US$400 millones en ayuda a Ucrania para compra de armamentos, autorizados por el Congreso de Estados Unidos. Estos fondos fueron liberados después de la llamada. Trump ha negado repetidamente que hubo condicionamiento de la ayuda. Sin embargo, el pasado 6 de noviembre, el Embajador de los Estados Unidos ante la Unión Europea, Gordon Sondland admitió durante una audiencia con el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, que él le indicó a un asesor cercano del Presidente Zelensky que no se daría la ayuda “hasta que Ucrania proporcionara la declaración pública anticorrupción que habíamos estado discutiendo durante muchas semanas”.

Las reglas del ‘impeachment’

Corresponde a las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos juzgar al “Presidente, el Vicepresidente y todos los funcionarios civiles de los Estados Unidos” quienes podrán ser “separados de sus puestos al ser acusados y declarados culpables de traición, cohecho u otros delitos y faltas graves” (Constitución Política de Estados Unidos, artículo 2, sección IV).

El procedimiento comienza en la Cámara de Representantes, donde se hace la acusación formal contra el funcionario. Después, una comisión de legisladores de esta cámara actuará como fiscales en el juicio político que se realiza en el Senado. El Senado se constituye como una Corte Alta de Juicio Político y en el caso de un impeachment contra el Presidente, quien preside de hecho es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. El Senado debe votar por mayoría de dos tercios si está a favor o en contra de las acusaciones, después que se llevan a cabo las audiencias con testigos y se analiza la evidencia. La condena en caso de ser hallado culpable es la separación del cargo.

Un Congreso y una opinión pública muy dividida

El pasado 31 de octubre, la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos decidió iniciar el proceso formal de impeachment o juicio político contra el Presidente Donald Trump. Votaron a favor de este procedimiento 231 congresistas demócratas, además del representante independiente, Justin Amash. Votaron en contra dos demócratas y 194 miembros del Partido Republicano. Se abstuvieron cuatro legisladores.

Evidentemente, el control demócrata de la Cámara de Representantes a partir de los resultados de las elecciones de medio período de noviembre de 2018, ha favorecido el inicio de este juicio político. Sin embargo, el panorama es muy complicado en el Senado. Este está controlado por una mayoría republicana (53 de los 100 escaños). Si bien no todos son partidarios de Donald Trump, han seguido la línea de partido en temas controversiales, como la confirmación del nominado de Trump a Juez de la Corte Suprema de Justicia, Brett Kavanaugh, que se dio en medio de acusaciones de violación y acoso sexual contra el jurista.

Los senadores en general reaccionarán ante la opinión pública y en estos momentos ésta se encuentra muy dividida alrededor del impeachment. Recuérdese que el fantasma del juicio político ha estado en el ambiente prácticamente desde que Trump gana las elecciones presidenciales en 2016. La pregunta sobre el impeachment ha sido recurrente en varios sondeos y anterior al escándalo de la llamada de Trump al Presidente de Ucrania. Según un análisis de múltiples sondeos, o “encuesta de encuestas” (poll of polls), del blog de análisis y pronósticos políticos FiveThirtyEight, la opinión pública no apoyaba un proceso de juicio político.

El bajo apoyo de la opinión pública de hecho pesó para que la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, no iniciara las acusaciones formales contra Trump anteriormente. Esto después que el fiscal especial Robert Mueller presentó su informe en mayo, donde no prueba pero tampoco descarta la posibilidad de que Trump haya estado involucrado en la interferencia del gobierno ruso en las elecciones de 2016. Sin embargo, en esta ocasión, según el estudio de FiveThirtyEight, la opinión pública se decanta por un juicio político contra Trump. Empero, no por amplio margen.

El análisis de FiveThirtyEight sugiere que a inicios del presente mes 48% de las personas encuestadas apoyan el juicio político, mientras que 45% se oponen. Entre quienes se declaran demócratas 83% están a favor del impeachment. En cuanto a las personas que simpatizan con el Partido Republicano, solamente 11% está a favor del proceso. Mientras que entre quienes no apoyan ni uno u otro partido, los independientes, 46% está a favor. En otras palabras, es muy difícil prever un resultado a favor o uno u otro bando. Si estos números influyen de alguna manera en los senadores, suponiendo que otros factores no afecten, es muy difícil que dos tercios del Senado voten a favor de la culpabilidad de Donald Trump. Evidentemente, este es un proceso dinámico y seguramente conforme se revelen más detalles del caso, las posiciones dentro del Senado y de la opinión pública pueden variar.

En la historia de Estados Unidos, además de Donald Trump, solamente otros dos presidentes han sido juzgados políticamente: Andrew Johnson (presidente entre 1865 y 1869) y Bill Clinton (presidente entre 1993 y 2001). Richard Nixon (1969–1974) renunció antes que se iniciara un juicio político en su contra. Tanto en el caso de Johnson como de Clinton, la Cámara de Representantes votó por el impeachment, pero en ninguno de los dos se alcanzó una mayoría calificada en el Senado para separarlos de sus cargos.

¿Es peor el remedio que la enfermedad?

Como se mencionó, el fantasma del impeachment ha estado en el ambiente prácticamente desde que Donald Trump resultó presidente electo y, más recientemente, la Presidenta de la Cámara de Representantes recibió demandas de su partido para que se iniciara un juicio político contra Trump. Sin embargo, ella, como otras figuras demócratas, han manifestado mucha indecisión, hasta el 31 de octubre.

Hay por lo menos argumentos del porqué algunas personas demócratas no consideran una buena idea llevar a cabo un juicio político contra Donald Trump: 1) efectos contraproducentes y 2) potencial debilitamiento a las instituciones democráticas.  

Efectos contraproducentes. Desde la misma experiencia de los Estados Unidos, los impeachments dividen a la opinión pública y los múltiples escenarios públicos se vuelven arenas de enfrentamiento entre defensores y acusadores, tratando de convencer a la ciudadanía para que se vuelque en uno u otro bando. En el caso de Bill Clinton, se logró comprobar que él utilizó su influencia como presidente para intentar tener, en un caso, y tener, en otro, relaciones sexuales con dos mujeres; además, de mentir bajo juramento en un intento por obstruir la investigación al respecto. Estos fueron los alegatos de los republicanos para intentar probar que el presidente cometió delitos y faltas graves, como dicta la sección IV del artículo 2 de la Constitución.

Sin embargo, La opinión pública sobre el presidente, medida por sondeos de la empresa Cid-Gallup, alcanzó un pico de 73% a favor durante el juicio político en el Senado. El más alto durante toda su gestión presidencial. Muchas personas consideraron que los asuntos sobre los que se le estaba juzgando eran de carácter privado y sus opositores estaban tratando de capitalizarlo con fines electorales.

Potencial debilitamiento a las instituciones democráticas. La investigación en política comparada sugiere que los procesos de juicio político son efectivos, solamente cuando hay un amplio consenso en la sociedad de que la persona que ocupa la presidencia cometió una falta grave. En algunos casos, son procesos que dividen ampliamente a la sociedad, con efectos de larga duración, generando inestabilidad política.

Debido a la división que generan, el profesor de ciencia política de la Universidad de Cornell Thomas Pepinsky, considera que estratégicamente la movida puede traer consecuencias contraproducentes. Específicamente, lo que está en juego, según este académico, son los efectos en lo que él denomina clivaje de régimen. Los clivajes son divisiones en la sociedad alrededor de asuntos específicos en la sociedad, que generan conflicto político. Por ejemplo, clivajes étnicos en algunos países con facciones étnicas muy marcadas (indígenas y no indígenas, en los países andinos), clivajes religiosos y clivajes políticos (como el que dividió por muchos años a liberacionistas y antiliberacionistas a partir de la guerra de 1948, en Costa Rica).

El conflicto de los clivajes anteriores es regulado por las instituciones democráticas. La democracia de alguna manera canaliza el conflicto y reduce la tensión social. No obstante, los clivajes de régimen están vinculados al autoritarismo. Es decir, cuando grupos que simpatizan con ideas autoritarias no creen más en la democracia y consideran que hay potencial para cambiar este régimen político, por uno autoritario. Según Pepinsky, esto se ha observado en períodos de la historia mundial. Esto habría contribuido a que los secesionistas en Estados Unidos buscarán emanciparse de la Unión, llevando al país a una guerra civil en 1860. También, habría dado apoyo al golpe de Estado en Chile, en 1973, contra el gobierno electo de Salvador Allende.

 

En conclusión, es difícil prever qué sucederá en las próximas semanas cuando se inicie en el Senado el juicio político contra Trump. Esta será una lucha por volcar a la opinión pública a uno de los lados. Sin embargo, existe un riesgo potencial para los demócratas y, más aún, para la democracia del país. Es muy difícil alcanzar los dos tercios en el Senado. Aun si estos lograran alcanzar suficiente apoyo para separar a Trump de la presidencia, el apoyo a valores autoritarios en Estados Unidos y en el mundo ha aumentado, con lo que hay razones para pensar que existe un riesgo para la estabilidad del sistema democrático estadounidense. 

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