Análisis de coyuntura política. Enero - marzo 2017


Escrito por: Rotsay Rosales Valladares

Profesor Catedrático de la Escuela de Ciencias Políticas

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03 de mayo del 2017


1. Introducción

La Escuela de Ciencias Políticas (ECP) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), tienen el propósito de desarrollar el proyecto de Acción Social e Investigación “Observatorio de la Política Nacional en Costa Rica”, a partir del próximo mes de julio de 2017. Un componente fundamental del Observatorio es el Análisis de Coyuntura, que inicia su presentación con este número y del que periódicamente se publicará una columna en el blog “Hablemos Política” del sitio Web del CIEP (www.ciep.ucr.ac.cr).

Es esperable que en Costa Rica, durante el año 2017, las distintas correlaciones de fuerzas y su articulación política -objeto del análisis de coyuntura- estén fuertemente determinadas por el proceso electoral que concluirá con las elecciones nacionales del próximo febrero (primera ronda) y eventualmente de abril 2018 (segunda ronda). Es previsible, por lo tanto, que la coyuntura política extendida a un año plazo de las elecciones esté protagonizada principalmente por los temas electorales y las luchas de poder entre los actores institucionales y partidarios. No obstante, más allá del seguimiento a los poderes formales de la República, al sistema de partidos políticos y a las dinámicas de selección de precandidaturas y candidaturas, los análisis de coyuntura de ECP/CIEP también darán seguimiento a las relaciones de poder en los escenarios no institucionalizados y de actores de poder de facto (v. g. movimientos sociales, cámaras empresariales, iglesias, sindicatos, medios de comunicación, redes sociales) que inciden o afectan de diversos modos al régimen democrático y al Estado de Derecho en el país1.

El trimestre que va de enero a marzo de 2017 tiene como antecedentes inmediatos varios acontecimientos políticos acaecidos al finalizar el año 2016, entre los que se destacan los siguientes:

  1. En la última semana de octubre iniciaron reuniones los 9 partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa con el objetivo de acordar una agenda común para el período 2018 - 2020. Esta iniciativa empezó a promoverla el diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) Ottón Solís en el mes de marzo, visitando a varios líderes políticos y académicos.

  2. El Partido Liberación Nacional (PLN) confirma que su convención interna (primarias) se realizará el 1 de abril. En la primera semana de noviembre el Alcalde de Alajuela Roberto Thompson desestima la posibilidad de presentarse como precandidato. Este y otros acontecimientos confirman un reagrupamiento del liberacionismo liderado por Óscar Arias a favor de la precandidatura del presidente de la Asamblea Legislativa Sr. Antonio Álvarez Desanti.

  3. Los otros partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa continúan con sus procesos de renovación de estructuras partidarias, con expresiones de interés en presentar precandidaturas por parte de algunas de sus personas líderes y con propuestas de fechas y formatos o mecanismos con que se realizarán los procesos de selección de candidaturas a puestos de elección popular (v.g. primarias solamente con afiliados partidarios, primarias abiertas a la participación de toda persona inscrita en el Padrón Electoral, mediante Asamblea Nacional, etc.).

  4. El sábado 12 de noviembre, el exdiputado y excandidato presidencial por el partido Frente Amplio (FA), José María Villalta, anuncia que no se presentará nuevamente como precandidato presidencial, aduciendo motivos familiares y personales. (http://www.elmundo.cr/jose-maria-villalta-no-sera-candidato-presidencial-del-frente-amplio-2018/) y (http://www.elfinancierocr.com/economia-y-politica/Jose-Maria-Villalta-Frente-Amplio_0_1066093385.html)

  5. El lunes 5 de diciembre el Tribunal Penal de San José condenó al PAC y a dos de sus partidarios por cometer una estafa de alrededor de 353 millones de colones contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) en el cobro del financiamiento público de las elecciones nacionales del año 2010. (http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/los-tribunales-condenan-al-pac-golpe-donde-mas-duele/)

  6. Durante la penúltima semana del año, el TSE autorizó la recolección de firmas para realizar un eventual referéndum para aprobar la convocatoria a una -también eventual- Asamblea Nacional Constituyente. Esta autorización es posterior a un primer rechazo de la solicitud debido a problemas jurídicos detectados por el organismo electoral. La iniciativa fue presentada por un “grupo de ciudadanos” encabezado por personajes políticos como Álex Solís (exdiputado, ex Contralor) y Walter Coto (exdiputado, ex Secretario General del PLN). Desde ese momento este grupo realiza giras promocionales de su iniciativa y de recolecciones de firmas en todo el país financiadas -según propias palabras- con “recursos personales” (ver programa Tribuna Política de Extra Canal 42 del viernes 3 de marzo de 2017: https://www.youtube.com/watch?v=Hw1253XlTtc&index=4&list=PLaZ5CWgeu22mTGqvtMU2geaUmME1-_d6j

  7. En el mes de noviembre el Presidente de la República, Sr. Luis Guillermo Solís Rivera, se presenta como el líder oficial en la atención de la emergencia nacional provocada por el paso del Huracán Otto en la zona norte de Costa Rica2. Aunque posteriormente nombra a otras personas de su Gabinete como responsables del seguimiento a la situación de emergencia y a la reconstrucción de las zonas afectadas, los estudios de opinión pública (v.g. CID Gallup para Diario Extra en: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/323183/presidente-arranca-el-ano-con-mejor-opinion-popular) indican que ese liderazgo contribuyó a mejorar la valoración ciudadana sobre la gestión del Presidente Solís Rivera, como vemos en el siguiente acápite. 


1-Por ejemplo el numeral “4.” en este primer Análisis de Coyuntura.

2-En la atención de la emergencia se presentaron también situaciones polémicas. Por ejemplo, hubo conflictos y diferencias para coordinar trabajos entre el Ejecutivo y el Alcalde de Upala. Asimismo, se mencionó la posibilidad de presuntas irregularidades por extravío de materiales de ayuda en la Comisión Nacional de Emergencias.


 

2. El Poder Ejecutivo: entre impuestos, sobresueldos y gestión de último año

La agenda de los principales medios de comunicación masiva (prensa escrita, radio, TV) suelen posicionar dos temas recurrentes durante los meses de enero y febrero de cada año: las dificultades económicas de la persona costarricense y sus familias para afrontar los compromisos y expectativas del año nuevo y los problemas de infraestructura, personal docente e inversión pública en el sector educación antes de iniciar oficialmente el llamado “ciclo lectivo” en febrero. Lo mismo sucedió al iniciar este 2017. Este posicionamiento de noticias perjudica particularmente la valoración del Gobierno, contribuyendo a un clima de pesimismo con respecto al futuro inmediato.

No obstante, desde finales del 2016 el Gobierno de la República pareció identificar dos grandes objetivos para el último año calendario de su gestión: impulsar en la Asamblea Legislativa la aprobación de un 13% como nuevo Impuesto al Valor Agregado (IVA) al mismo tiempo que promovería limitar los llamados “pluses salariales de los empleados públicos” (reformas al marco jurídico de empleo público y a los regímenes de pensiones); asimismo, aumentar o mejorar la inversión en infraestructura u obras públicas. A juicio de las vocerías oficiales, el cumplimiento de estos objetivos conllevaría una aprobación final de la labor del Gobierno o al menos mejoraría considerablemente su valoración frente a la opinión pública.

Como veremos en próximo acápite, el primer objetivo requiere de la discusión y aprobación en la Asamblea Legislativa donde la bancada oficialista no cuenta con mayorías suficientes, de ahí parte su dificultad. Además, los principales sectores empresariales han sistemáticamente objetado la creación de nuevos impuestos y las mejoras en la recaudación, proponiendo a cambio las reformas al empleo público como requisito. El cumplimiento del segundo objetivo será minuciosamente escudriñado por las distintas facciones de oposición, máxime considerando el año electoral que predomina en la agenda nacional.

Aunado a este panorama complicado para el Gobierno, de enero a marzo sucedieron dos situaciones desfavorables para el Ejecutivo:

  1. Durante varias semanas estuvo presente en los principales medios de comunicación y en la Asamblea Legislativa la discusión sobre el -presuntamente irregular- pago de sobresueldo a la Viceministra de Presidencia; caso similar a lo sucedido con otras dos Viceministras (Vivienda y Gobernación) en 2016 y 2015. La Viceministra de Vivienda es nombrada en la Junta Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) el 28 de febrero: http://www.nacion.com/nacional/vivienda/Viceministra-cargo-Vivienda-pasar-Banhvi_0_1618838145.html.

  2. La Procuraduría de la Ética inició el estudio de un caso donde se establecería si, presuntamente, el Regulador General de los Servicios Públicos recibió de manera irregular 55 millones de colones por parte del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

  3. Continúa sin avances las reformas de sectorización y del modelo tarifario del transporte público.

De modo coincidente en ese período, el Ejecutivo logró posicionar tres acontecimientos que pudieron favorecer la imagen pública o valoración de su gestión:

  1. El anuncio del inicio de una investigación por parte del Ministerio de Hacienda a 69 empresas o personas jurídicas de las 120 mencionadas en el escándalo conocido como Panamá Papers. (http://gobierno.cr/comunicado-ministerio-de-hacienda-publicacion-de-panamapapers-reafirma-necesidad-de-nueva-legislacion-fiscal-en-costa-rica-2/)

  2. Este tema se discutió mucho en Redes Sociales -RRSS- como Facebook y Twitter, con un balance general positivo para la decisión gubernamental, pero varios medios de comunicación masiva y, sobre todo, los grupos de presión e interés empresariales, tendieron a minimizar su impacto en la opinión pública.

  3. Con mucha frecuencia, los medios de comunicación, las RRSS y las vocerías oficialistas, se dedicaron a cubrir noticiosamente los avances en la obra pública conocida como la reparación del “Puente de la Platina”, insistiendo el Gobierno en que “no reparamos un puente… construimos uno nuevo”, denominado ahora como “Puente Alfredo González Flores”.

  4. Durante la última semana de marzo, el Ministerio Público intervino el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) al atribuir a una supuesta “red criminal” la concesión irregular de préstamos que presuntamente favoreció a los miembros de esa red y produjo pérdidas en el Instituto por cerca de 9 mil millones de colones. Aunque esta no es una acción directa del Ejecutivo, se destaca que el Presidente Solís intervino en esa institución -inicios del mes de marzo- como reacción a un informe de la Contraloría General de la República (CGR) y nombró una junta interventora en esa entidad, mostrando así firmeza en la lucha contra la corrupción.

Las distintas fracciones legislativas opositoras al gobierno han denunciado que el Gobierno continúa dubitativo, contradictorio e ineficaz en la conformación de una agenda de proyectos viables de aprobación durante el actual período de sesiones extraordinarias en el Congreso (concluye el 30 de abril). Son particularmente severos en sus críticas a la indefinición de la posición oficialista con respecto al escabroso tema del empleo público, situación agravada por las presiones en contra de su tramitación, encabezadas por los principales sindicatos del país.

En general, con base en estudios de opinión ciudadana publicados durante este trimestre, el balance es positivo para la valoración del Ejecutivo (Cf. http://www.ciep.ucr.ac.cr/index.php/noticias/36-mejora-la-percepcion-sobre-el-gobierno-solis-rivera), no obstante, aún es prematuro prever que esta mejora se mantendrá como tendencia en lo que resta del período de la Administración Solís Rivera.

 

3. El Poder Legislativo y el Sistema de Partidos Políticos: entre impuestos, (pre)campañas electorales y el 1 de mayo

En contraste a la enérgica función de control político empleada por la mayoría de las fracciones legislativas frente al Ejecutivo durante este trimestre, la Asamblea Legislativa avanzó muy poco en su función de “legislar”.

Las renovaciones de las estructuras partidarias así como la competida y mediática primarias en el PLN, supuso que muchos diputados distrajeran sus labores en el Congreso para dedicarse al proselitismo (v. g. Periódico La Nación -LN-, 6 de febrero del 2017, p. 9A). A partir del 23 de enero, el presidente legislativo Antonio Álvarez Desanti, se separó temporalmente de su cargo para dedicarse a tiempo completo a su campaña por la candidatura presidencial liberacionista, lo cual provocó que el constante opositor a los impuestos, el libertario José Alberto Alfaro asumiera la presidencia del directorio legislativo. Esta situación provocó que se complicara el trámite a las iniciativas gubernamentales por aprobar el IVA y discutir la reforma al impuesto sobre la renta. Álvarez Desanti y otras personas diputadas responsabilizaron al PAC por esta situación, debido a que, según ellos, la bancada oficialista presionó mucho para la separación temporal del precandidato liberacionista.

Asimismo, como se indicó en párrafos anteriores, se detuvieron las intenciones de avanzar en el trámite rápido de las iniciativas para revisar y reformar el marco jurídico del empleo público3. Desde inicios del año las principales organizaciones sindicales amenazaron con una huelga general indefinida si se aprobaba el proceso abreviado de tramitación de esas iniciativas de ley. Por otra parte, el Gobierno convocó a finales de febrero un “nuevo” proyecto de empleo público que, no obstante, la oposición volvió a acusar de contraproducente ya que incrementaría el gasto público.

Durante este período de sesiones extraordinarias, donde el Poder Ejecutivo tiene la iniciativa en la presentación o convocatoria de proyectos de leyes en la Asamblea, parece que solamente la aprobación del “Impuesto a las Personas Jurídicas” destaca en la función específica de legislación. Sin embargo, como se indicó arriba, hubo otros temas relevantes en las discusiones parlamentarias en la función de control político, por ejemplo:

  1. Una Comisión Investigadora emitió un informe donde identificó a más de 130 personas costarricenses que fueron nombrados en las publicaciones sobre los Panamá Papers. De las personas identificadas, 37 ocupan altos cargos públicos en el país. También revelaron 16 bufetes nacionales de abogados que funcionaron como intermediarios entre sus propios clientes y el bufete panameño Mossack Fonseca (http://www.elpais.cr/2017/03/30/primer-informe-legislativo-sobre-papeles-de-panama-revela-nombres-y-maniobras/)

  2. Al finalizar el mes de febrero e inicios de marzo, circulan en RRSS y medios de prensa tradicionales “rumores fundamentados” y declaraciones expresas de posibles personas candidatas a conformar el Directorio Legislativo a partir del próximo 1 de mayo. El grupo conformado por los partidos de denominación cristiana manifiestan su deseo de presidir el Directorio y “revivir la alianza opositora” al gobierno, la cual se hizo del control de esa instancia en los últimos 2 años. De parte del oficialismo, el excandidato presidencial en varias oportunidades, Sr. Ottón Solís4, manifestó su interés por ser presidente de la Asamblea. Lo que resulta notorio es que, pasada la convención interna del PLN, la agenda política nacional durante abril estará dominada por los juegos de poder conducentes al 1 de mayo. Se debe recordar que el control del Directorio siempre ha sido muy relevante durante el último año de gestión de cada Ejecutivo y Legislativo.

  3. El Plenario reeligió al Sr. Jesús Ramírez de 74 años en la Sala III con 28 votos a favor y 22 en contra. El proceso que condujo a la ratificación de este nombramiento no estuvo exento de polémica y, según sus opositores, hasta con serios cuestionamientos por su labor como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.

  4. Esta relección fue acusada por el Partido Frente Amplio (FA) y el PAC como una suerte de traición al acuerdo previo que habían logrado con otras fracciones legislativas, que se habían comprometido a aprobar una moción en el Plenario para conformar una Comisión Investigadora, orientada a indagar la renuncia a la campaña presidencial del excandidato liberacionista Johnny Araya Monge en 2014. Según los denunciantes, hay indicios suficientes para suponer que detrás de dicha renuncia estuvieron involucrados sectores empresariales, especialmente representantes o funcionarios de los medios de comunicación masiva “La Nación” (LN) y “Telenoticias” (T7).


3-Sus promotores deseaban aplicar el procedimiento fast-track, que establece el artículo 208 BIS del Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa.

4-Fundador y líder indiscutible del PAC durante muchos años, se ha caracterizado desde el 2014 por ser muy crítico y hasta opositor al actual gobierno de su partido político. Paradójicamente, se le ha calificado como uno de los mejores diputados “de oposición”.


 

4. Algunos poderes fácticos empresariales “en acción” política

Así como los sindicatos se han movilizado para detener las iniciativas de reforma al empleo público, los grupos de intereses y presión empresariales lo han hecho para evitar la tramitación del IVA y Renta5, pero también para evitar la indagatoria estatal de presuntas irregularidades o -al menos- dudas razonables de su actuación en algunos asuntos de interés público. Para ilustrar esta reflexión, sirvan los siguientes dos titulares de noticias, publicados en medios de comunicación tradicionales durante el período analizado en este documento:

  1. “Empresarios avisan al gobierno: Advierten sobre plan para levantar el velo societario. Fue elaborado por José María Villalta y ahora lo acoge fracción del FA” (Diario Extra -DE-, 3 de febrero de 2017, p.15)

  2. La Comisión Investigadora de los Papeles de Panamá entrevistaron al presidente ejecutivo del Grupo Nación, Sr. Manuel Francisco Jiménez, sobre un presunto caso de evasión de impuestos: “Presidente del Grupo Nación no convence a Diputados” (DE, 14 de febrero de 2017)

Pero el caso que mayor debate o polémica generó fue la publicación de una investigación realizada por el SEMANARIO UNIVERSIDAD -SU- (http://semanariouniversidad.ucr.cr/pais/pln-tres-anos-despues-del-abandono-de-la-campana/) sobre la mencionada renuncia a la campaña electoral del candidato liberacionista Johnny Araya Monge en 2014. Según este reportaje, la decisión del excandidato y actual Alcalde de San José, se tomó en la casa del actual presidente legislativo y candidato a la Presidencia de la República Antonio Álvarez Desanti, con la participación de jerarcas y accionistas de LN y T7.

Esta publicación provocó la reacción obvia del PLN y, en especial, de su entonces precandidato Álvarez Desanti desmintiendo la investigación periodística, pero sobre todo, llamó la atención la nula cobertura al respecto de parte de los dos medios de comunicación presuntamente involucrados. No obstante, en la Asamblea Legislativa sí hubo un álgido debate al respecto, que se mantuvo durante varias semanas y que culminó con la presentación de una moción que pretendía crear una Comisión Investigadora para investigar a los jerarcas de ambos medios, la cual fue rechazada por votación de 25 personas diputadas en contra y 17 a favor el 7 de marzo.


5-V. g. Sindicatos lograron un acuerdo con el Comité Ejecutivo Nacional del PAC. 


 

5. Las (pre)campañas electorales II: Los partidos políticos vistos como unidades individuales6

Lo acontecido hasta el momento del corte de este análisis parece indicar que la candidatura a la presidencia de la República por el PAC se decidirá entre dos exministros de la Administración actual: el Exministro de Trabajo Carlos Alvarado y el Exministro de Economía Welmer Ramos.

Mucho se ha especulado sobre la posible inscripción como precandidata de la actual diputada del PAC Epsy Campell Barr, pero hasta el momento, esta intensión no se ha concretado. Ella representaría a la facción “ottonista” de ese partido político.

Se informa que el PAC solicitaría 2,3 millones de colones a cada precandidato para formalizar su inscripción.

El FA estima que definirá a su candidato presidencial en mayo de 2017, mediante el formato mínimo que exige el Código Electoral, a saber, por la Asamblea Nacional, que es el máximo órgano político del partido. Se inscribieron como precandidatos los actuales legisladores Edgardo Araya (jefe de fracción legislativa) y Francisco Camacho.

El FA estima que invertirá cerca de 5 millones de colones en la organización del proceso que conducirá a elegir su candidato presidencial.

Hasta el momento, mediante distintas declaraciones, diversos actores políticos del PAC y del FA han subestimado la posibilidad de presentarse como coalición electoral o como alianza política en las elecciones presidenciales de 2018, pero esta es una posibilidad que no debe descartarse en el análisis político prospectivo.

En el partido Movimiento Libertario (PML), además de la precandidata y actual legisladora Natalia Díaz Quintana, ya oficializó su precandidatura -por quinta ocasión desde 1997- el actual diputado Otto Guevara Güth. Esta disputa se dirimirá entre julio e inicios de agosto del presente año, mediante el formato de “primarias semi-abiertas”7. Algunas publicaciones en medios tradicionales y RRSS acusan a Guevara de pretender usar en su campaña mensajes de tipo “populista” y “nacionalista”, tan polémicos como los utilizados en la campaña del Presidente Donald Trump.

Una suerte de escisión en el PML generó la creación e inscripción del Partido Liberal Progresista (PLP), pero aún no deciden si solamente participarían en la contienda por puestos a la Asamblea Legislativa. Este partido se mantiene muy activo en RRSS: (V.g. https://www.facebook.com/RadioSanCarlos1430AM/videos/902687883167321/).

Bastante más polémica ha generado el proceso proselitista en el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Después de descartarse las precandidaturas de Miguel Carabaguíaz y del joven dirigente Gerald Murray, formalizaron su inscripción el Exmagistrado y Excandidato presidencial Rodolfo Piza y el actual legislador Rafael Ortiz Fábrega. Además de acusaciones por “competencia desleal” o favorecimientos para Piza, tanto Gerald Murray como Ortiz denunciaron como demasiado alto el monto solicitado por su partido político para inscribirse como precandidatos: 40 millones de colones. Piza organizó cenas en las que se cobraba $250 por persona para financiar su inscripción. https://www.laprensalibre.cr/Noticias/detalle/106274/gerald-murray-dio-un-paso-atras-a-inscripcion-de-precandidatura-por-pusc-

Por otra parte, el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) -creado por una escisión del PUSC- ya definió como candidato presidencial al médico Rodolfo Hernández, pero un recurso de amparo electoral en contra de ese partido político acusando discriminación y falta de cumplimiento en las cuotas de participación para las mujeres (candidaturas a diputaciones), preocupa también a los restantes partidos, quienes se han visto obligados a enmendar situaciones similares o al menos estar muy alertas para evitarlas.

En los otros partidos políticos con representación en la Asamblea Legislativa la situación preelectoral es diversa. El Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) todavía no indica quién sería su candidato presidencial, aunque anuncia “sorpresas” en el futuro inmediato.

El Partido Alianza Demócrata Cristiana ya ratificó la candidatura de su diputado Mario Redondo. Mientras que en los otros dos partidos de denominación cristiana (Restauración Nacional -PRN- y Renovación Costarricense -PRC-) se han presentado como postulantes a las candidaturas presidenciales los actuales diputados Fabricio Alvarado y Gonzalo Ramírez respectivamente. Valga subrayar que en el PRC la lucha se avizora polémica, debido a que el exlegislador y fundador del partido Justo Orozco, insiste en separar de la agrupación a Ramírez y a su compañero de bancada legislativa Abelino Esquivel.

Finalmente el Partido Nueva Generación (PNG) confirmó como candidato presidencial por segunda vez consecutiva al señor Sergio Mena. Este partido político se destacó en las elecciones municipales de 2016 por triunfar con algunas Alcaldías.

Se estima que en los comicios nacionales de 2018, participarán 38 agrupaciones políticas entre las de carácter nacional y las provinciales.

Caso de particular atención en el escenario político electoral costarricense es la posible candidatura presidencial del exministro Juan Diego Castro. Su discurso se ha fundamentado en atacar “la corrupción de la clase política tradicional”, la “ineficiencia del Poder Judicial” y “la impunidad”. Ha sido particularmente recio contra los precandidatos de la convención liberacionista. Se dice que podría inscribirse como candidato presidencial por el PASE, por -más problable- el Partido Integración Nacional (PIN) o por otro ya debidamente inscrito en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Hasta el momento, es un personaje político con mucha presencia y seguimiento en medios de comunicación tradicionales, pero principalmente, en RRSS. En el programa “Siete Días” el periodista Rodolfo González hizo una entrevista de más de 10 minutos al Sr. Castro.


6-Este análisis de coyuntura subraya que el hecho político más relevante durante este trimestre fue el proceso proselitista que condujo a la realización de las primarias en el PLN el día 2 de abril de 2017. Sin duda, los acontecimientos analizados en este documento, las distintas correlaciones de fuerza y sus articulaciones, tuvieron distintos relacionamientos (directos, indirectos e intervinientes) con ese proceso. Debido a su importancia y particularidad en el sistema de partidos políticos costarricense, será analizado específicamente en un próximo blog de “Hablemos Política”.

7-Quienes votan en la Convención tienen que inscribirse como afiliados del PML, comprometerse con su principios ideológicos y pagar una cuota de 4 mil colones.


 

6. Un par de asuntos más a modo de cierre

Juan Diego Castro destaca en varios estudios de opinión pública por su nivel de reconocimiento en las personas consultadas y por tener mayoría de opiniones favorables. A propósito de las encuestas, la precampaña del PLN ha mostrado una gran cantidad de empresas que realizan estos estudios; no obstante, debido a la volatilidad mostrada en el electorado costarricense en las últimas elecciones nacionales y municipales, empresas como el Grupo Nación ha desestimado contratar sus servicios o publicar sus resultados, pero sí han manifestado su interés en publicar los resultados de los estudios del CIEP/UCR.

Por último, a inicios de febrero el TSE dio aval al movimiento “No Más RECOPE” para iniciar la recolección de firmas que permitiría convocar un referéndum con el fin de abrir a la competencia el mercado de hidrocarburos en Costa Rica. Considerando que con esta iniciativa ya son varias las que pretenden realizar referendos (v. g. Bienestar Animal, Asamblea Constituyente) el TSE no descartaría realizar un referendo con múltiples consultas.

Con el contexto general de las elecciones nacionales de 2018, este análisis de coyuntura observó cómo el Ejecutivo ha mejorado su imagen, no exento de problemas como las dificultades con el avance de su agenda en sesiones extraordinarias. El Legislativo sigue activo en su función de control político, pero poco ha avanzado en su función legislativa, determinado por las precampañas electorales y renovación de las estructuras partidarias, así como por las negociaciones y relaciones de poder de cara al 1 de mayo. 

 

 

 
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