Algunos retos de la política exterior de Costa Rica


Escrito por: M.D. Noily Porras

Politóloga

16 de mayo del 2017


Las relaciones internacionales son un pilar de la política de cualquier Estado por muchas razones; quizás la más importante de ellas nace de la limitación de la capacidad estatal para resolver en solitario sus asuntos y atiende a la forma en que la comunidad internacional, con sus mayores recursos, puede facilitar o no el desarrollo de la propia política interna de cada Estado.

La cooperación internacional es ineludible, especialmente en épocas en que la vinculación o interdependencia entre elementos de los Sistemas Políticos es tan estrecha que sus consecuencias se manifiestan de forma inmediata, masiva, concatenada y transparentada por las redes de comunicación.

Las relaciones internacionales que despliega un Estado, en ese sentido, constituyen el conjunto de esfuerzos orientados al desenvolvimiento del programa de política interna.

Costa Rica desde su formación como Estado, bajo el Gobierno del Dr. José María Castro Madriz, ha desarrollado una política internacional clara, fuerte y consistente además con los principios y valores de la comunidad internacional.

La política exterior costarricense se ha caracterizado por sustentarse en el respeto a los Derechos Humanos, la paz, el desarme y el medio ambiente; como grandes ejes articuladores y de trabajo.

Sin embargo en los últimos años, se han seguido acciones en esta área que desconciertan y causan preocupación en cuanto a los criterios bajo los cuales se diseña y ejecuta nuestra política exterior.

A continuación se consideran, de forma general, algunas de esas preocupaciones con el propósito de analizar y dialogar respecto a las características que presentan esos fenómenos, su posible origen y quizás iniciar el edificio de nuevos y mejores escenarios alternativos.

Sobre el arbitraje internacional

Según Artavia Barrantes, el arbitraje “es un proceso de carácter jurisdiccional (no judicial), mediante el cual las partes eligen, en forma privada a sujetos que fungirán como árbitros para solucionar una controversia, cuya decisión la ley impone como obligatoria y le confiere los efectos de cosa juzgada”.

Aunque pueda no ser la más exhaustiva de las conceptualizaciones que se han planteado sobre el arbitraje, si nos introduce en el diálogo. Una de las características del arbitraje es que las personas que se desempeñan como árbitros, a diferencia de los jueces, toman decisiones basadas no en jurisprudencia sino en el análisis exclusivo de la diferencia planteada por las partes. En este sentido, en los casos de arbitraje internacional la pieza legal de mayor relevancia es el Tratado Internacional que regula la actividad comercial de las partes.

De ahí la enorme importancia, de la formulación y negociación de la letra de los convenios internacionales y desde luego la formación y preparación de las delegaciones nacionales en materia de comercio y arbitraje internacional.

Otra de las características del arbitraje es que se trata de procesos cuya resolución es final y vinculante. Es decir, no admite recusación administrativa posterior. Esta quizás sea la razón por la que en la última década, el arbitraje se ha convertido en el principal mecanismo de resolución de controversias comerciales internacionales. Algunos especialistas señalan la celeridad de estos procesos como uno de sus fuertes; sin embargo la duración que han mostrado muchos de estos procesos podría poner en tela de duda esa afirmación.

Lo que sí puede sostenerse es que el hecho de que la resolución tenga, según el marco normativo que regula el arbitraje internacional (INCITRAL y CIADI), carácter vinculante y definitivo; reduce el periodo del proceso respecto a los casos llevados en sistemas judiciales nacionales/internacionales por las posibilidades de presentación de apelaciones que suelen brindar esos procesos.

Ello en definitiva acorta comparativamente, el periodo de resolución pero reduce las posibilidades de las que disponen las partes para encontrar caminos legales diferentes que les permita ver satisfechas en diferente medida o grados sus expectativas.

Los procesos de arbitraje internacional también se destacan por seguir una estricta pauta de confidencialidad. Circunstancia que puede ser debatida en virtud de que si bien se trata de negocios internacionales una de las partes es el Estado que para la gestión de asuntos públicos, negocia y delega funciones en agentes privados. Desde que se trata de la gestión de asuntos públicos algunas personas consideran que estos procesos deberían distinguirse por la transparencia en el manejo de la información.

Costa Rica ha participado en ocho (8) casos de arbitraje internacional, en tres (3) de ellos debió pagar indemnización:

- República de Italia vs República de Costa Rica. Controversia por un crédito para la construcción de un dique seco en Puerto Caldera.

- Joseph Hamilton vs República de Costa Rica. Disputa por expropiación de Hacienda Santa Elena.

- Marion y Reinhard Unglaube vs República de Costa Rica. Disputa por expropiación de terreno en Playa Grande.

Uno de ellos fue recientemente desestimada en su etapa de admisibilidad a favor de la República de Costa Rica:

- Empresa de supervisión y control S.A. (RITEVE) vs República de Costa Rica.

Mientras que por otro lado, se encuentra pendientes los siguientes casos:

- Cervin Investissements S.A. and Rhone Investissements S.A. (Gas Z) vs República de Costa Rica.

- Spence International Investments et al. vs República de Costa Rica. Expropiación de terrenos cerca de Parque Marino Las Baulas.

- David Aven et al. vs República de Costa Rica. Expropiación de propiedad aledaña a Playa Esterrillos.

- Infinito Gold Ltd. vs República de Costa Rica. Inviabilidad de proyecto minero Las Crucitas.

Según artículo de reciente publicación en el Semanario Universidad, el Gobierno de Costa Rica ha presupuestado ¢1.466 millones de colones para la defensa en tribunales arbitrales durante el año 2017. Este es uno de los más fuertes cuestionamientos de los detractores de la figura del arbitraje internacional, a saber el alto precio de las tarifas establecidas por los centros o tribunales de arbitraje, en su mayoría considerados costos de naturaleza administrativa y técnica, sumado a los costos que deben pagar los Estados en la articulación de su equipo legal.

Los altos costos, la confidencialidad, decisiones que no se basan en jurisprudencia, el carácter unilateral del sistema en que solamente los/las inversoras pueden demandar mas no los Estados, las vinculaciones comerciales de muchos de los grandes consorcios de arbitraje comercial internacional, su conducta promotora del sistema de arbitraje internacional que requiere de ingresos estables para sostenerse y poder asumir casos cada vez más relevantes en términos de la indemnización solicitada y el porcentaje que les corresponderá; son el conjunto de aspectos que para muchos han vuelto este sistema en un sistema corrupto.

Como señalan Olivet y Eberhardt, la suma ganada por cada caso dependerá de su duración y complejidad; así, por una controversia de USD 100 millones, un/una arbitro podría ganar, como promedio, USD 350 000 (Cámara de Comercio Internacional, 2012). El árbitro que presidió el caso de Chevron y Texaco contra Ecuador cobró USD 939 000 (Chevron and Texaco v. Ecuador, 2011).

Quizás lo más relevante es la pérdida de soberanía y capacidad para gobernar que asumen los Estados sumidos en este sistema, en el que para evitar controversias de arbitraje se han visto obligados a no regular la importación de productos peligrosos para la salud o no poder seguir políticas energéticas preferenciales entre otros.

Este conjunto de elementos, hacen que muchas personas recomienden con vehemencia el retiro paulatino de los Estados del sistema de arbitraje comercial internacional. Costa Rica se ha integrado a este sistema por medio de cláusulas en los Tratados de Libre Comercio que ha firmado. Es importante, que como país se reflexione en los beneficios o perjuicios derivados de la participación en estos sistemas y en su coherencia con los pilares de la política exterior que nuestro país ha articulado.

Sobre la transparencia en la política exterior

Cuando se investiga sobre cualquier tema las fuentes, particularmente escritas, se vuelven trascendentales. Durante los últimos años se ha visto una reducción importante en el volumen y calidad, en términos de detalle o profundidad, de las informaciones que los ministerios de gobierno publican.

En materia de política exterior, las memorias institucionales constituyen el punto de partida de cualquier investigación relacionada y en ese documento la cantidad y calidad de la información ha venido menguando crecientemente en los últimos años.

Ante la máxima de la transparencia en la gestión pública y su correspondiente rendición de cuentas, funcionarios particularmente de ciertas dependencias públicas como seguridad y relaciones exteriores sostienen el principio de secreto de Estado como argumento para limitar la información que se publica.

Sin embargo ambos principios, se entiende que convivan en una sistema político democrático no como figuras o derechos absolutos, lo cual simplemente resulta imposible, sino como derechos relativos cuyas fronteras de ejecución se encuentran, en alguna medida, clarificadas en el conglomerado normativo y administrativo.

En nuestro país se encuentra algún articulado que regula en alguna medida el ejercicio del principio de secreto de Estado. En este punto son importantes la Constitución Política, la Ley General de Administración Pública y el Código Penal.

Así el artículo 30 constitucional establece

“Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de Estado.”

Mientras que en la Ley General de Administración Pública desde el artículo 15 y hasta el 17 se comentan algunos elementos del acto discrecional. Sin embargo éstos son ampliamente vagos refiriendo que el acto discrecional estará limitado por los derechos de los particulares y los límites que impone el propio ordenamiento expresa o implícitamente. Es decir, en este punto se trata de consideraciones excesivamente vagas y poco aplicables en consecuencia.

En esta misma norma, se escribe respecto al acceso a expedientes:

ARTÍCULO 273: 1. No habrá acceso a las piezas del expediente cuyo conocimiento pueda comprometer secretos de Estado o información confidencial de la contraparte o, en general, cuando el examen de dichas piezas confiera a la parte un privilegio indebido o una oportunidad para dañar ilegítimamente a la Administración, a la contraparte o a terceros, dentro o fuera del expediente.

ARTÍCULO 274: La decisión que negare el conocimiento y acceso a una pieza deberá ser suficientemente motivada. Cabrán contra la misma los recursos ordinarios de esta ley.

Por su parte el Código Penal aporta medidas un tanto más específicas en cuanto al secreto de Estado:

Revelación de secretos.

ARTÍCULO 286: Será reprimido con prisión de uno a seis años al que revelare secretos políticos o de seguridad, concernientes a los medios de defensa o las relaciones exteriores de la Nación.

Revelación por culpa.

ARTÍCULO 287: Será reprimido con prisión de un mes a un año al que, por culpa, revelare hechos o datos o diere a conocer los secretos mencionados en el artículo precedente, de los que se hallare en posesión en virtud de su empleo, oficio o de un contrato oficial.

Espionaje.

ARTÍCULO 288: Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que procurare u obtuviere indebidamente informaciones secretas políticas o de seguridad concernientes a los medios de defensa o a las relaciones exteriores de la Nación.

Como se observa, el sistema normativo referente al tema es excesivamente laxo. Se trata de algunas puntualizaciones aisladas cuyo mérito gira en torno al establecimiento o creación del principio propiamente dicho, es decir que materializan discursivamente el principio “secreto de Estado” pero que hacen imposible su ejecución en virtud de una serie de circunstancias anteriores y nuevas y novedosas que han emergido unidas al desarrollo de las tecnologías y las redes sociales y que escapan al alcance del articulado referido.

Ello revela la inexistencia y especialmente la necesidad de decantar en nuestra legislación una ley de secretos de Estado y materias clasificadas. Son muchas las circunstancias delicadas que no se han regulado y que en virtud de su naturaleza deberían recibir una alta prioridad de parte de las autoridades del Gobierno.

En primera instancia, se encuentra la garantía individual establecida en la Constitución Política del Derecho a la información sobre asuntos de interés público. Garantía que debe ser prioridad en un sistema político democrático o poliárquico; para cuya pervivencia como tal es fundamental la presencia y desempeño libre de los medios de comunicación.

En este sentido debe señalarse que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país, ha venido siguiendo desde hace varios años la política de proporcionar la información mínima sobre su quehacer y ante solicitudes escritas de mayor información se suele esgrimir como argumento para negar el acceso a la información, el carácter confidencial de la misma.

Al respecto es importante recordar lo que indica el artículo 274 de la Ley General de Administración Pública supracitado, en cuanto a lo bien y suficientemente justificada que debe presentarse la negativa a proporcionar información solicitada.

Pero otro elemento importante es precisamente, la adecuada custodia de datos sensibles en manos del Estado. En nuestro país se recuerda por ejemplo, cuando en el 2013 Edward Snowden, entre la información que proporcionó sobre programas de espionaje desarrollados por Estados Unidos, develó que Costa Rica se encontraba entre los países monitoreados. Ello desató una crisis diplomática que generó intercambio de correspondencia entre la cancillería y la embajada y la extraordinaria atención de la prensa.

Es decir a pesar de tratarse de un país en vías de desarrollo, Costa Rica no se ve ajena a nuevos procesos de espionaje que incursionan a partir de la emergencia de nuevas tecnologías altamente complejas.

En fin, existen una y muchas razones para que el debate y el consenso político en torno a un proyecto de ley que regule el acceso transparente a información pública y su regulación en caso de informaciones clasificadas se dé en nuestra institucionalidad.

Quedan en el tintero, muchos temas relevantes e interesantes sobre los cuales dialogar en materia de política exterior. Por ejemplo sería tan interesante considerar el enfoque desde el cual Costa Rica ha planteado una política migratoria en el marco de las Naciones Unidas o valorar la estrategia para el abordaje del tema fronterizo con Nicaragua, de una forma integral y que en consecuencia resulta en un macrotema de estudio de la política exterior.

Sin embargo se ha preferido en esta ocasión tratar estos temas que han sido una constante del quehacer del Ministerio de Relaciones Exteriores desde hace muchos años atrás y que pueden desvincularse del ejercicio de administraciones concretas. No se trata de los temas de mayor alcance mediático del momento pero sí se trata de constantes en la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores que aunque pasan un tanto desapercibidas por vincularse con el derecho privado una, y por tratarse de un asunto “administrativo” la segunda; tienen gran impacto en las finanzas nacionales y en general en la formación de una cultura ciudadana rica y crítica.

 

 

 
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