Los retos de la política social selectiva para erradicar la pobreza extrema


Escrito por: Carlos León Ureña

Politólogo

20 de junio del 2017

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Alrededor de la política social suele existir un clamoroso disenso en cuanto a su objeto y contenido. Desde enfoques que la encumbran como una “meta-política” para lograr la movilidad social de los excluidos (E. Grassi, M. Espina), hasta los que la conciben como simple apéndice de la política económica, destinada a mitigar los efectos del intercambio económico en el cuerpo social (T. Marshall, T. Montagut).

La definición y el contenido de la política social responde a los intereses de sus ideólogos y promotores, y se adapta en cada contexto histórico al relato hegemónico de turno. Pero más allá de los intereses domésticos en juego, existen compromisos asumidos por los Estados ante el derecho internacional y la comunidad de naciones, que sitúan en un mayor nivel de exigibilidad la adopción de acciones para avanzar hacia la consecución de fines superiores en el ámbito de lo social, como el de erradicar la pobreza extrema al año 2030, un compromiso recién asumido por Costa Rica que enfrenta varios retos urgentes.

Rectoría de la política social selectiva y arquitectura institucional. Al país le urge institucionalizar una verdadera rectoría de lo que las últimas administraciones ya han reconocido como sector, antes llamado “de Bienestar Social y Familia” y ahora “de Desarrollo Humano e Inclusión Social”, pero que en definitiva represente la Autoridad Social capaz de articular y alinear a las instituciones que atienden a las personas en condición de pobreza. No es posible seguir asignando esta tarea por Decreto al IMAS, una institución autónoma creada para conceder ayudas sociales puntuales y sin potestades legales ni músculo político para tal fin. Tampoco es razonable asignar esa labor como recargo a ministerios concentrados en otras tareas (Vivienda, Salud o Trabajo, recientemente) y mucho menos asignársela a una o un Vicepresidente, cuyas atribución constitucional apenas da para suplir la ausencia temporal del Presidente. ¿Un nuevo Ministerio creado por ley, acaso, como Uruguay, Chile o Panamá lo han ensayado en los últimos lustros?.

Política social selectiva y mercado laboral. A pesar de los esfuerzos del programa Puente al Desarrollo, no se ha logrado aún vincular exitosamente a los beneficiarios de ayuda social con el mercado laboral. Al país le urge un ambicioso plan de estímulos para que los empleadores contraten personas de colectivos excluidos que son población objetivo de la política social selectiva, en especial los “egresados” de programas selectivos de ayuda social, sin descuidar la prioridad que debe darse a estas poblaciones en cuanto a formación para el trabajo y apoyo financiero en una inexistente política nacional de generación de empleo. Hace ya varios años que la CEPAL y la OIT identifican el acceso al empleo en el corazón de la política social, y es hora de que la clase política escuche y actúe al respecto.

Política social selectiva y participación ciudadana. Privilegiar la participación de beneficiarios de programas selectivos en la revisión del diseño institucional, en la formulación de políticas y en la evaluación de programas, constituye un deber del Estado y de quienes aspiran al poder. La participación de las personas beneficiarias y de la población objetivo en la gestión de la política social selectiva, es una deuda histórica que ni siquiera una administración que reivindicó la acción ciudadana como eje de su discurso, electoral ayer y de Gobierno hoy, ha logrado saldar. Es hora de incorporar a la ciudadanía en este ámbito de actividad estatal mediante consejos consultivos en las entidades del sector, mediante evaluaciones participativas y auditorías ciudadanas para medir impactos, mediante su involucramiento en la construcción de sistemas de registro de la población objetivo y otros instrumentos técnicos, entre otras fórmulas que los aspirantes al poder deberán examinar y proponer.

Erradicar la pobreza extrema en el país exige mucho más que la promesa de mejorar la coordinación del sector social, de improvisar al IMAS como rector social en el papel, de asignar una difusa e indeterminada responsabilidad política a algún Vicepresidente, de sumar o restar instituciones en Consejos Sociales Presidenciales o como cada nuevo Gobierno quiera llamarles, o de crear nuevos programas sociales que succionan los recursos de otros con los que deben convivir y competir. Erradicar la pobreza extrema es hoy el primer Objetivo de Desarrollo Sostenible que tiene el país, ¿qué tienen que aportar los aspirantes al poder?.

 

 

 

 
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