Claves para entender la inseguridad ciudadana en la agenda política


Escrito por: Daniel Schuster Rodríguez

Politólogo


Según la última encuesta de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, la inseguridad ciudadana o civil representa de nuevo la principal preocupación de la población. El tema vuelve a desplazar en el orden de prioridades a otros como el desempleo, el costo de vida o la corrupción, que se habían colocado allí en años anteriores. Este interés por mejorar la seguridad tendrá consecuencias directas en la campaña electoral, por esa razón es necesario analizar cuáles son nuestros desafíos reales para fomentar el debate por la dirección correcta.

Esta sensación de inseguridad se compone tanto de causas subjetivas como objetivas. Las causas subjetivas están directamente relacionadas con la percepción, tanto con formas de violencia que son visibles, como por el fenómeno de criminalización social de determinadas conductas que pueden considerar ‘indeseables’ aunque no sean necesariamente violentas.

No obstante, sería equivocado afirmar que la preocupación sobre la criminalidad sólo responde a percepción. La mejor forma de identificar el componente objetivo de la inseguridad es mediante el dato anual de la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Este indicador permite realizar comparaciones a la largo del tiempo y entre territorios, al mismo tiempo que no presenta subregistro. Los móviles de los homicidios también permiten una aproximación al tipo de violencia que se genera en un momento determinado.

Como se observa en el gráfico subsiguiente, en Costa Rica este indicador ha mostrado un aumento importante posterior al año 2007 y se ubicó por encima de los 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Debe tomarse que cuenta que en esta serie en los años 2010 y 2014 se llevaron a cabo procesos electorales nacionales. Precisamente fueron las condiciones momentáneas de mayor paz social experimentadas en los años 2012 y 2013 la razón por la cual la inseguridad no fue un tema estratégico en las elecciones del 2014 como sí lo había sido la vez anterior.

Las demandas de la población por mayor seguridad obligan a los partidos políticos a discutir y generar soluciones que permitan una reducción oportuna de la violencia. Sin embargo, también es preocupante que estas demandas sirvan para aumentar de forma desproporcionada el tamaño de los aparatos represivos del Estado y con ello se generen resultados contraproducentes.

Una política de seguridad que rompa el círculo vicioso 

No es exagerado afirmar que nuestro principal desafío en materia de seguridad es teórico y conceptual, en el tanto no hemos tenido una discusión suficientemente profunda sobre cómo queremos combatir la violencia y la criminalidad. La respuesta tradicional de quienes ocupan el Ministerio de Seguridad se resume en orientar acciones para aumentar las cifras de tres indicadores visibles comunicativamente: número de policías, cantidad de decomisos de drogas y cantidad de personas procesadas penalmente.

La atención a las causas estructurales de la inseguridad han quedado relegadas de la implementación de la política pública, a pesar de que están presentes algunos instrumentos de planificación. Por ejemplo, a nivel macro la Política Integral y Sostenible de Seguridad Ciudadana y Promoción de la Paz Social (POLSEPAZ) reconoce dentro de su diagnóstico a la desigualdad social como el principal factor que ha deteriorado la seguridad. No obstante, el enfoque conceptual del Plan Nacional de Desarrollo y de los planes operativos de la cartera de seguridad para el periodo 2015-2018 son muy distintos.

Dentro de estos instrumentos más específicos, la desigualdad social aparece mencionada como una causa secundaria y no se identifican metas concretas para reducir la violencia promoviendo mayor integración (sin recurrir al error de criminalizar la política social). La única excepción son los programas preventivos tradicionales que actualmente cuentan con la misma limitación teórica y conceptual.

Por ese motivo, el desafío consiste en superar visiones anticuadas que se traducen en la criminalización de determinadas actividades o condiciones según los intereses de sectores influyentes. Lo anterior porque la forma en que hemos intentado resolver la inseguridad afecta nuestra cultura política sobre la materia, por ejemplo en la reproducción de patrones adultocéntricos dentro del ejercicio de la autoridad, lo cual genera una desconfianza mutua entre autoridades y personas jóvenes, las cuales son asociadas comúnmente a la delincuencia. Ello en lugar de contribuir a disminuir la violencia, la aumenta.

En ese sentido, la prevención debe enfocarse en reducir la violencia mediante una ruptura del círculo vicioso de la inseguridad que se alimenta de una estructura social sumamente desigual. A su vez esa las manifestaciones subjetivas y objetivas de desintegración social generan respuestas que tienden a reprimir esas contradicciones generando todavía más violencia.

La principal dificultad de plantear este debate es que supone enfrentarse a un imaginario sobre seguridad y a una fuerte cultura punitiva en la población. Según los datos del Barómetro de las Américas (LAPOP) para el año 2016, en Costa Rica un 70% de la población cree que es necesario aumentar las penas para quienes cometen delitos, mientras que más de la mitad confía poco o nada en el que sistema judicial castigue a las personas culpables.

Es notorio que las demandas de la población se dirigen hacia acciones represivas por parte de las autoridades, y de forma complementaria frecuencia y visibilidad de estas acciones. Sin embargo, estas políticas no dan resultado. Desde el año 2009 con la creación de los tribunales de la tasa de personas penadas por cada 100 mil habitantes se ha casi triplicado -es decir hay más gente en las cárceles-, aunque los indicadores de violencia también se encuentran al alza.

Los datos evidencian que el populismo punitivo no está logrando que vivamos en una sociedad más segura. Lo lamentable es que éste sigue siendo un discurso tentador al momento de plantear el debate como sucedió en la campaña electoral del año 2010. Si la planificación y gestión de las políticas de seguridad no se concentran en la reducción de la violencia y en reconocer los efectos de la desigualdad social en ésta los indicadores pueden continuar deteriorándose, generando mayor demanda de acciones punitivas por parte de la población.

Narcotráfico: el elemento distintivo de este contexto de violencia

Como se puede corroborar en el siguiente gráfico, destaca que el aumento en la violencia que el país experimentó después del año 2013 corresponde en mayor parte a problemas relacionados con drogas, mientras que otros móviles comunes de homicidios como robos o problemas personales se mantienen relativamente estables. Esto por sí solo debe llamar la atención de los actores políticos al momento de plantear respuestas en el tanto las políticas actuales no parecen estar dando resultados.

Las consecuencias del tráfico internacional de drogas son evidentes; sin embargo, las soluciones que proponen los enfoques tradicionales sobre seguridad podrían estar solo empeorando el problema. Un estudio reciente reveló que en Costa Rica el cerca del 20% de las personas privadas de libertad se encuentran en esa condición por infracciones a ley de psicotrópicos, en su mayoría por venta al menudeo de cantidades inferiores a los 20 gramos al momento del decomiso.

De acuerdo con el mismo estudio, las personas castigadas también cuentan con una escolaridad promedio baja -sin secundaria completa en la mayoría de la casos-. Según la legislación actual, la pena mínima por este tipo de delitos es de 8 años, lo cual se traduce en una imposibilidad de satisfacer las necesidades socioeconómicas propias o de su núcleo familiar, así como una estigmatización y reproducción de paradigmas violentos como parte de la introducción a los elementos culturales de los centros penitenciarios.

Al considerar que Costa Rica cuenta una estructura socioeconómica bastante desigual y una tasa de desempleo abierto que se ha situado por debajo del 9% en un cinco años, el microtráfico de drogas se convierte en una salida para un grupo poblacional cuyo acceso al mercado laboral formal está restringido. En ese sentido, el encarcelamiento no es la mejor salida para romper el círculo viciosa de la violencia y la inseguridad.

Propuestas consistentes con los derechos humanos

Siempre resulta más sencillo brindar soluciones populares aunque estas sean inefectivas. Como se explicó anteriormente, la cultura política costarricense en materia de seguridad todavía está muy influenciada por el populismo punitivo y otros paradigmas hegemónicos.

En esta coyuntura, las políticas de justicia restaurativa que ha impulsado el Ministerio de Justicia y Paz se están convirtiendo en un blanco fácil para reforzar una una noción de seguridad subjetiva. Ésto a pesar de que la reincidencia delictiva en el régimen semi-institucional es apenas del 2% del total de personas beneficiadas y de que es el único ejemplo de un cambio de enfoque hacia los derechos humanos en esta materia.

Reformular la capacitación de las fuerzas policiales, sancionar los abusos de autoridad, así como diseñar programas preventivos y de reinserción que no reproduzcan las estructuras sociales desiguales son pasos en la dirección correcta para mejorar paulatinamente los indicadores objetivos sobre violencia e inseguridad. Sin embargo, también hay una responsabilidad de los medios de comunicación y partidos políticos en promover un debate más sensato y menos sensacionalista. Lo único sobre lo que hay certeza es que la inseguridad volverá a ocupar un lugar prioritario en la agenda política.

 

 

 

 
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