El derecho a la participación y su ejercicio en las personas jóvenes


 Alejandro González Jiménez

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En el aporte al proceso electoral que se avecina no puede obviarse la participación de las personas jóvenes, quienes representan el 42% de la población nacional, lo que las convierte si se quiere en un sector vital que podría estar eligiendo o facilitando la elección de los próximos gobernantes de este país. Este aspecto es el motivo del presente texto, que tiene como premisa el derecho a participar y, particularmente, su forma de ejercitarlo. Bajo esa proposición no está de más recordar que un asunto es la norma, en tal caso el derecho que tiene un ser humano a participar y, otro, visto desde lo pragmático, el ejercicio de ese derecho que, de igual manera, se debe aceptar en sus dos facetas: un empleo activo de ese derecho por parte de la persona ciudadana, o bien, un desinterés o indiferencia en su aplicación.


Al hacer un repaso a la legislación dirigida a las personas jóvenes se observan dos aspectos significativos en las leyes subsiguientes: la Ley General de la Persona Joven en su Artículo 1 hace referencia a la participación como uno de sus objetivos; es así que el inciso c) señala que se debe “Propiciar la participación política, social, cultural y económica de las personas jóvenes, en condiciones de solidaridad, equidad y bienestar”; la Ley refuerza este objetivo en el artículo 4, inciso b): “El derecho a la participación, formulación y aplicación de políticas que le permitan integrarse a los procesos de toma de decisión en los distintos niveles y sectores de la vida nacional, en las áreas vitales para su desarrollo humano”. Por su parte, la Convención Iberoamericana de Derechos de las Personas Jóvenes en su Artículo 21 define la participación de las personas jóvenes como parte de los derechos civiles y políticos, al establecer lo siguiente:

“1.- Las personas jóvenes tienen derecho a la participación política.

2.- Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.

3.- Los Estados Parte promoverán medidas que, de conformidad con la legislación interna de cada país, promuevan e incentiven el ejercicio de las personas jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos.

4.- Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de las personas jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de las personas jóvenes, a través de sus organizaciones y asociaciones”.


La anterior referencia al derecho de participación de las personas jóvenes encuentra su fundamento jurídico en una reforma constitucional de 1971 al pasar la edad mínima de obtención de la ciudadanía de 21 a 18 años, lo que representó en las elecciones de 1974 un grupo importante de nuevos de electores; sin embargo, tal reforma no significó un cambio sustancial para estimular aún más la participación, puesto que hubo otros aspectos de la Constitución Política que eventualmente debieron reformarse; en consecuencia, para este gran sector de la ciudadanía el conjunto de derechos y deberes políticos se relativizan, lo que quiere decir que no es aún un grupo con una ciudadanía plena, precisamente porque su participación la limita la propia constitución; ejemplos de ello se puede ver en los siguientes aspectos:


“ARTÍCULO 98.- Los ciudadanos tendrán el derecho de agruparse en partidos para intervenir en la política nacional, siempre que los partidos se comprometan en sus programas a respetar el orden constitucional de la República”. Este artículo se correlaciona con el inciso 3 del artículo 21 de la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes; ¿pero qué sucede con ello?, una persona joven puede formar parte de un partido político o, en su defecto, juntos a otros formar un nuevo partido; no obstante, y por razones de edad, se les limita la participación en algunos cargos de elección popular, uno de ellos, y que es un requisito para ser electo diputado o diputada, es precisamente la edad: el inciso 3 del Artículo 108 de la Constitución Política expresa que se debe “Haber cumplido veintiún años de edad”, norma que debió reformarse en 1971, puesto que la población joven de 18 a 21 años tienen derecho a elegir pero a no ser electos. En consecuencia, cuál sería su función en el partido político de una persona joven en esas edades, probablemente de la de un rol secundario, a lo sumo de guía electoral o de apoyo logístico, no así en la toma de decisiones como sugiere la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Paradójicamente, en el ámbito de los gobiernos locales no existe esa limitación, ya que una persona de 18 años puede aspirar a ser regidor, regidora o alcalde municipal sin ningún problema.


Otro aspecto que relativiza el derecho ha sido consecuencia de contar quizás con una constitución política cuya vigencia es de 68 años y que atesoró en su gran mayoría a la de 1871; es decir, que hace 146 años no era relevante la participación, fundamentalmente política, de las personas jóvenes. En aquella época la mayoría de la población era analfabeta, hoy, por el contrario, las personas jóvenes son, en su generalidad, más preparadas, tanto es así que Costa Rica cuenta con la generación más instruida de su historia. Pese a ello en el tema en cuestión la Constitución Política no está a tono con esta realidad. En el primer párrafo del Artículo 105 señala que “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho Internacional”; es decir, debiera delegarse en 57 personas con el cargo de diputados y diputadas sin restricciones, pero de inmediato ese cuerpo constitucional limita este mismo artículo, ya que el Artículo 115 plantea en su primera parte que “La Asamblea elegirá su Directorio al iniciar cada legislatura. El Presidente y el Vicepresidente han de reunir las mismas condiciones exigidas para ser Presidente de la República”, condiciones que las define el Artículo 131 al establecer los requisitos para ocupar la Presidencia, inciso 3): “Ser mayor de treinta años”. El pasado primero de mayo se profundizó esa relativización de la ciudadanía plena en detrimento de las personas jóvenes, ya que estas no pueden ser diputadas o diputados hasta cumplir los 21 años, menos optar por la presidencia de la República, porque quienes llegan con esa limitación jurídica a la Asamblea Legislativa no pueden ejercer la Presidencia o Vicepresidencia del Primer Poder de la República, por lo que podría concluirse que un grupo de legisladores o legisladoras menores de 30 años no van a estar en las mismas condiciones de participación política que el resto. La paradoja es que no hay igualdad en un órgano que debe ser especialmente democrático.


Otros dos aspectos que se pueden enumerar sobre limitación a la participación en el ámbito político definidos por la Constitución Política son el Artículo 142 que establece los requisitos para ser Ministro: “4) Haber cumplido veinticinco años de edad”, y el 159 que indica que para ser Magistrado se debe “4) Ser mayor de treinta y cinco años”. De alguna u otra forma la legislación abre la participación a las personas jóvenes, pero con severas limitaciones, tal como se mostró con las normas constitucionales de marras.


Junto a la norma existe un ámbito que es propio de la cotidianidad y el quehacer de las personas jóvenes y que representa, si se quiere, la otra cara de la moneda de la participación. En cuanto a los derechos se refiere se construyen en colectividad, interviniendo, por una lado, el Estado como un todo al establecer las normas y difundir y propiciar su quehacer, y por otro lado, desde la sociedad civil en general, creando los espacios para demandar y lograr esos derechos, de manera que el conjunto de los habitantes los conozcan y desarrollen y, por último, la persona en particular haciéndolos valer mediante los mecanismos establecidos, sean Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Elecciones y otros.


El derecho a participar se ejerce con los mismos fundamentos y condiciones. La participación puede concebirse espacial o temáticamente al darse, por ejemplo, en la esfera local y en actividades como la limpieza de un parque, sin obviar, también, que se realice individual o colectivamente. La participación, al ser un derecho, se concibe en la cotidianidad del quehacer de la sociedad civil, así como en los procesos electorales. Con esa óptica se percibe aquí ese derecho, desde la perspectiva política como un todo, y no con exclusividad sobre lo puramente electoral, pero sí abordándolo integralmente, ya que lo político no obvia lo electoral. Lo electoral, por definición, es un ámbito de lo político; a la postre un proceso electoral busca alcanzar posiciones de poder, sean en una organización comunal, estudiantil, incluso hasta en la presidencia de la República.


La manera de participar de las personas jóvenes en este tiempo ha cambiado en su forma, ya que no prioriza la organización o agrupación de los individuos como un modo de manifestación o interacción social, situación que sí ocurría en tiempos pasados, sino que la hacen más bien recurriendo al uso de las redes sociales virtuales, o bien, con acciones específicas y más puntuales. En aquellos años, en no pocas comunidades funcionaban los llamados grupos juveniles, que se dedicaban a una diversidad de tareas orientadas al deporte, la cultura, el servicio comunal, etc., a lo que puede agregarse la circunstancia que en zonas rurales la oferta de actividades a esta población era nula o escasa, salvo las usuales como el fútbol o, más bien, la concebida “mejenga” y las celebraciones religiosas; hoy, el acceso a la oferta tecnológica en el campo de la comunicación es casi ilimitado, en donde la principal usuaria es la generación joven; sin embargo, a pesar de que la comunicación es más amplia e ilimitada en las redes sociales virtuales, no se da igual situación con la comunicación cara a cara, dado que su condición de ser virtual y de cierta forma a distancia ha dejado que la relación personal pase a segundo plano, aspecto que era, por cierto, esencial en la organización de los grupos juveniles de años atrás.


Esta realidad obliga a las organizaciones juveniles formales a modificar sus estrategias de atracción de jóvenes, lo que les sucede igualmente a los partidos políticos, que cuentan con estructuras juveniles diezmadas. En la Segunda Encuesta de Juventudes efectuada entre el 2012 y 2013 se señala que el 12% de la muestra participa en marchas públicas y el 8.5% en mejoras comunales, dato relativamente bajo en términos de participación; en un partido político este aspecto anda en un 3.4%, 2.2% en actividad sindical, 4% en actividades cooperativas y un 4,8% en organizaciones juveniles de servicio (Clubes Leo, Scout, Cruz Roja, 4S, Rotarios). Ahora bien, si se revisa la participación joven en las redes sociales virtuales esta tiende más bien a ser mayoritaria, lo que muestra una forma de participar de alguna manera individual y anónima, de suerte que se disipe en la cantidad de opiniones que se generan. El caso es que, salvo que exista alguna oferta tecnológica que lo permita, siempre se requiere la acción humana para muchas cosas, una de ellas la organización de personas, aunque sea mínima, para afrontar un problema determinado. En un partido de fútbol se necesita de 22 jugadores o jugadoras, no puede ser virtual; en la cancha interactúan los mismos, en busca del máximo objetivo como diría un locutor deportivo, igualmente se necesitan personas cuando se desea hacer, por ejemplo, la limpieza de una cuenca hidrográfica mediante la recolección de basura; no existe otro mecanismo realizado por la agrupación e interacción de personas que permita la planificación, organización y ejecución de tareas. La organización “Un Techo” cuando hace una colecta requiere, de hecho, cantidad de jóvenes que la lleven a cabo, probablemente algunos participarán únicamente en la colecta, no así en la estructura organizativa o en la organización de esta jornada, lo cual no deja de ser una participación activa y de interacción física entre jóvenes


Este panorama permite concluir con dos aspectos en el tema del derecho: por un lado, la existencia del derecho en sí, en este caso el de la participación, visto desde lo formal con las limitaciones que la propia Constitución Política señala, tema que, por lo demás, merece debatirse en una eventual Asamblea Nacional Constituyente o bien, por la vía de las reformas parciales a la Carta Magna, de modo que no persista desde el ámbito de la norma limitaciones al derecho; el otro aspecto es el derecho ejercido apropiadamente por quienes corresponde, en este caso las personas jóvenes cultivando el derecho o construyendo en la propia sociedad el derecho a la participación, puesto que no basta que esté en la norma, o que se conozca; es decir, pasar de las palabras a la acción.


En el ámbito electoral propiamente, con miras al proceso que vive el país, es de esperar una participación mayor de las personas jóvenes, que  requiere de un esfuerzo importante de los propios partidos políticos, no sólo asignando puestos relevantes a esta población en la nómina de las papeletas diputadiles sino también en la oferta política y programática dirigida a esta población, de tal manera que sea viable y acorde a lo que este grupo vive, con propuestas e ideas frescas y realizables en temas como el empleo, en el cual es  el sector joven el más golpeado con su carencia o exclusión, al igual que en las violencias en donde víctimas y victimarios de esta población son afectados. De no ocurrir una propuesta sólida en los próximos meses, es posible que este sector de la población sea el gran ausente en las mesas de votación del próximo primer domingo de febrero, ausentismo que de forma general ya se ha venido dando en los últimos procesos electorales, por lo que quizás el motivo del incremento del abstencionismo se deba en mayor medida a la ausencia de esta población en las votaciones, pues tal parece que no les interesa quien quede electo, por lo que le dejan esa responsabilidad a otros. Sin embargo, deben de tener cuidado con esa actitud; con el brexit en Inglaterra quienes más han sido afectados son las personas jóvenes, y fue precisamente ese sector que en gran cantidad se abstuvo de votar o, lo que es lo mismo, permitió que otros decidieran por ellos, situación que en definitiva no les favorece.


En consecuencia, los partidos políticos, como una forma de contribuir a retomar su rol de mediador o interlocutor, deberían de asumir el reto de empoderar a las personas jóvenes en su derecho a la participación y su ejercicio efectivo, para lo cual deben abrir tanto espacios reales para que participen como llegar a acuerdos con esta población, de manera que esta encuentre respuestas a sus aspiraciones y necesidades, retomando su rol de vanguardia o de conciencia crítica de los partidos políticos a los que pertenecen, en particular si son de gobierno, pues en los últimos años se extraña la ausencia crítica de las juventudes, la que tal parece se encuentran en un estado de conformismo, aunque en las redes sociales virtuales se perciba una población joven inquieta, sedienta de respuestas.


Finalmente, se abre con esta norma, consignada en la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes, un abanico de opciones de trabajo que beneficia a la población joven y consecuentemente a los partidos políticos, lo que en definitiva da vida y vigencia a este derecho.   

 

 

 
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