Seguridad ciudadana y género


Elaborado por Marcela Piedra Durán

Investigadora del CIEP

29 de agosto, 2017 


 

 

En Costa Rica la inseguridad y la delincuencia son una problemática que ha venido ocupando un papel cada vez más protagónico en la agenda pública, no sólo por el aumento en las tasas de victimización sino también por el incremento del sentimiento del temor en la población.


Un claro indicador de esto es el aumento en la tasa de homicidios, que según las proyecciones de la Policía Judicial va a llegar a 12 por cada 100.000 habitantes para el 2017, la más alta en nuestra historia y que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) representa una epidemia.


Si bien el aumento de la violencia tiene implicaciones en la calidad de vida de la población en general, en el caso de las mujeres esto es todavía más sensible ya que no solo la afecta en el ámbito público, como es típicamente en el caso de los hombres, sino es todos los espacios de su vida. Diferentes estudios e investigaciones consultadas y datos estadísticos recabados, permiten afirmar que las mujeres se ven en mayor medida que los hombres, afectadas por la violencia y la inseguridad, por lo cual una desmejora en los indicadores de seguridad del país tiene un fuerte impacto en la vida de las mujeres.


La violencia de género transversaliza todos los espacios en los que las mujeres se desenvuelven (hogar, trabajo, centros de estudio, calle, entre otros) y se manifiesta de diferentes formas (violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, política, etc), por lo que el establecimiento de una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género es una prioridad que debe ser concretada por una próxima administración de gobierno.


Es determinante elaborar y ejecutar una política de seguridad ciudadana con perspectiva de género y con vocación hacia la prevención, que considere como primordial la forma en que la violencia impacta de manera diferenciada a mujeres y hombres, lo que necesariamente implica visibilizar los intereses, necesidades y demandas específicas de las mujeres, actuar sobre las relaciones desiguales de género y la discriminación estructural que obstaculiza el acceso efectivo de las mujeres a la seguridad.


La invisibilización de la violencia contra la mujer en todas sus formas se evidencia en la ausencia de estadísticas desagregadas por sexo, la falta de más estudios sobre violencia intrafamiliar o doméstica, sobre acoso callejero, hostigamiento sexual, violencia política u otros tipos de violencias que les afectan, así como la poca información que existe sobre la prevalencia de delitos sexuales a pesar de que desde el 2011 y hasta el 2015, según datos del Poder Judicial, se denuncian en promedio 4 violaciones diarias.


La violencia de género se expresa de diversas formas entre las cuales destacan la violencia doméstica e intrafamiliar. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo la ha definido como “(...) un tipo de agresión en contra de una persona (...) por razón de su género, y se manifiesta de manera más intensa y predominante en contra de las niñas y mujeres.”


En Costa Rica, según datos oficiales del Poder Judicial, la cantidad de casos entrados a los Juzgados de violencia doméstica ascienden a más de 40 mil por año (periodo de 2007 al 2015), en 2009 se registra la cifra más alta con 52104 casos. Para el año 2016, se da una disminución en el número de casos, sin embargo, las cifras continúan siendo alarmantes.


Destaca el hecho de que a pesar de que la violencia de género representa una amenaza para la sociedad, ésta no es percibida como un peligro que requiera atención inmediata y no es considerada como un problema que pueda afectar la seguridad del país.

 

Lo alarmante de la situación, también se puede observar al analizar la cantidad de mujeres, niñas y niños en situación de riesgo de muerte atendidas por los Centros Especializados de Atención y de Albergue Temporal para Mujeres Afectadas por Violencia (CEAAM) del INAMU. Dicha institución indica que han atendido en total en el periodo 2011 a 2014 a 3.472 personas, de las cuales el 38.6% corresponde a mujeres, el 41.8% a niñas (la mayor cantidad atendida) y de niños un 19.6%. Es importante recalcar que los CEAAM son un recurso de emergencia para mujeres cuya vida e integridad física se encuentra amenazada y no cuentan con otro tipo de espacio seguro, de ahí lo importante de las cifras, ya que solo en situaciones de peligro de muerte se están atendiendo en promedio más de 700 personas al año.


Cabe señalar que los datos oficiales demuestran claramente que son las mujeres las principales víctimas de este tipo de violencia y no como se ha querido colocar en la agenda pública que es un problema compartido por igual por ambos sexos. Del año 2010 al 2013, más del 77% de las víctimas atendidas por el Poder Judicial por violencia doméstica son mujeres y el porcentaje de hombres es de alrededor del 20%, que si se analiza por rango de edad y relación víctima-victimario, queda claramente evidenciado que los hombres adultos en muy baja proporción son atendidos por este tipo de delito.


Adicionalmente, son las mujeres jóvenes en edad reproductiva y las niñas las principales víctimas atendidas, lo que coincide con lo planteado por ONU Mujeres que identifican como causas y factores de riesgo de discapacidad y muerte para mujeres entre las edades de 15 y 44 años la violación y violencia doméstica.


La mayor cantidad de victimarios en este tipo de infracción siguen siendo los hombres de nacionalidad costarricense. Así lo constatan los datos arrojados por el Sistema de Información sobre Violencia y Delito (SISVI) del Ministerio de Justicia y Paz. Estos datos se tornan relevantes cuando se desagregan de acuerdo al sexo de la víctima y del victimario; lo que se puede correlacionar también con la premisa que hay una cantidad considerable de victimarios que son hombres nacionales.


Si se hace un balance general de todos los delitos que trata la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, las demandas son muchas, pero las condenas de prisión muy pocas, lo cual se refleja en la población carcelaria que cumple penas por infracciones a esta ley. Según el Ministerio de Justicia y Paz para junio de 2011, se han contabilizado 191 personas encarceladas bajo estos delitos; de las cuales 188 se encuentran en el programa institucional y 3 en el juvenil. La relación entre el alto número de denuncias por los delitos cometidos y el bajo número de personas que se encuentran en algún centro penitenciario por autoría de algún delito contemplado en la Ley Nº 8589, puede explicarse debido a que las sentencias establecen multas, ejecución condicional de la pena, alguna medida de seguridad o una sentencia absolutoria, pero tales cifras son un claro ejemplo de que el problema de la violencia contra las mujeres no está cerca de erradicarse.


Una de las expresiones máximas de la violencia contra las mujeres es el femicidio, que refiere al asesinato de mujeres por razones asociadas a su género. El pico en los homicidios contra las mujeres se da en 2011 cuando se registraron 42 casos. En relación a este tipo de delito el Poder Judicial registra una cantidad de 16 casos al 28 de julio del 2017, lo que significa un promedio de 2,3 mujeres muertas al mes por este hecho.


Por otra parte, ha aumentado el uso de arma de fuego como método empleado para cometer los femicidios; desde el año 2008 hasta el año 2010 el principal método para perpetrar este crimen era mediante el uso de arma blanca, pero a partir del 2011 se registra como principal método el uso de arma de fuego. Este comportamiento puede indicar que el mayor acceso a armas de fuego, se refleja en un mayor uso para ejercer violencia en contra de las mujeres, que va desde la violencia emocional (por medio de amenazas) hasta la muerte, ya que el femicidio es la máxima expresión, pero es resultado de un continuo de la violencia.


El verdadero estado de la seguridad tiene relación directa con las circunstancias del ambiente o del espacio que recorren hombres y mujeres, el uso que le dan a las ciudades y los espacios públicos donde se convive y está estrechamente ligado con un asunto de derechos humanos, el vivir con tranquilidad, contar con aceras en buen estado, poder disfrutar sanamente de espacios de recreación, el contar con lugares debidamente iluminados, el poder estar sin miedo en nuestras casas, lugares de trabajo, escuelas, entre otros, de ahí que cualquier abordaje que no sea integral no va a lograr un impacto real en la condiciones de vida de la población. Para poder avanzar es fundamental el compromiso político de las autoridades encargadas de la política de seguridad ciudadana a nivel nacional y local, que se busque garantizar el ejercicio pleno de la ciudadanía de las mujeres.


En síntesis, una verdadera política de seguridad ciudadana con enfoque de género tiene que orientarse hacia la búsqueda del ejercicio de la ciudadanía en general, de hombres y mujeres en igualdad de condiciones y, en particular, visibilizar las necesidades específicas de las mujeres en el tema. Con esto lo que se pretende es una convivencia pacífica donde las mujeres se sientan seguras en cualquier lugar, empoderadas, en una sociedad más tranquila y sensible.


Una ciudadanía efectiva de las mujeres se traduce en una nueva forma de vivir los derechos (sin limitaciones, sin prejuicios, sin coacción, etc), la construcción de una sociedad donde la justicia sea pronta y cumplida y en la que no se vea a las mujeres como víctimas-vulnerables solamente por su condición de género.


La aspiración es generar un cambio que transforme esta sociedad patriarcal en una en la que exista una nueva relación entre hombres y mujeres, en la que se respete su derecho a sentirse seguras en todos los niveles (casa, colegios, escuelas, trabajo, calle), que se entienda y se viva la seguridad como un bien público, lo que va a tener un impacto positivo en la calidad de vida de las mujeres y los hombres.

 

 

 

 
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