Análisis de coyuntura julio - agosto 2018

Observatorio de la Política Nacional (OPNA)

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Desde hace al menos cuatro períodos constitucionales, en Costa Rica se espera con gran expectativa el balance de los primeros tres meses de cada Administración. Diversos sectores, agentes de poder -institucionales y fácticos-, medios de comunicación y formadores de opinión evalúan el estado actual de la situación del país y sus perspectivas a futuro al iniciar cada gobierno o reaccionan al balance que hace la persona al mando en Casa Presidencial. No se trata de una disposición jurídica. Es una práctica relativamente reciente en la política nacional, conocida popularmente como la evaluación de los “primeros 100 días del gobierno entrante”[2].

El anterior presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, en el año 2014 confirmó la creciente expectativa sobre los primeros 100 días, con un acto mediático en el Teatro Popular Melico Salazar que generó gran polémica durante varios meses, al afirmar que se había encontrado una situación del país llena de problemas, tema irresueltos acumulados y corrupción; afirmó que se había encontrado “la finca encharralada”[3].

El actual presidente, Carlos Alvarado Quesada, quiso bajar las expectativas al cumplirse sus primeros cien días. Se limitó a conceder entrevistas en programas en medios de comunicación, a una conferencia de prensa y a la publicación de un escrito de su autoría sobre ese tema. Parece que en Casa Presidencial anticiparon que el resultado de sus primeros 100 días sería negativo y que prevalecería el pesimismo sobre la gestión de su gobierno, debido a -entre otros factores-:

- los evidentes problemas al interno de su propio partido político -acumulados desde el anterior gobierno o acrecentados en los últimos meses-,

- la cesión de protagonismo o liderazgo a su ministro socialcristiano de la Presidencia, señor Rodolfo Piza (¿”poder detrás del trono”?),

la agenda país que presenta casi como único tema al mal estado de las finanzas públicas y las propuestas de reforma fiscal,

así como las enormes dificultades para el diálogo y lograr acuerdos con una gran cantidad de grupos de presión o poderes fácticos y partidos políticos; partidos que en su mayoría, demuestran que son más importantes sus disputas personalistas que las programáticas y confirman con sus acciones que son una expresión de intereses particulares y corporativos.

En este documento, el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) hace un repaso por la Costa Rica política del último bimestre y revela algunas de las tendencias que se advirtieron en nuestro anterior Análisis de Coyuntura[4], por ejemplo:

- la posición hegemónica de los poderes de facto (no institucionales, no elegidos mediante sufragio popular, de hecho mas no de iure) sobre los actores y agencias de poder formal e institucional (del Estado de derecho);

el Cogobierno PAC - PUSC con participación del PLN;

- los problemas de coordinación interna, impericia, imprudencia o contradicciones en ese equipo de gobierno llamado de “unidad nacional”;

- y la agudización de serias amenazas a la democracia, como el crecimiento de la intolerancia política y social así como la crisis de funcionamiento y legitimidad que desde hace al menos un año adolece el Poder Judicial.

   

1.      Los primeros 100 días de la Administración Alvarado Quesada: Saldo negativo y pesimismo ante el Gobierno de “unidad tri-partidaria”

En los últimos 20 años -al menos-, después de finalizadas las campañas electorales presidenciales y durante varios meses al inicio de los nuevos gobiernos, los estudios de opinión pública y las evaluaciones de medios de comunicación u otros actores políticos, mostraban que las mayorías ciudadanas valoraban como positiva la labor de la Administración entrante y con optimismo el futuro cercano de su gestión. Ese período de evaluación complaciente se conoce -de modo coloquial- en Costa Rica como la “luna de miel” entre el nuevo Gobierno y la ciudadanía.

Según el último informe de opinión pública del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica[5], la Administración Alvarado Quesada no disfrutó de esa tradicional “luna de miel”.

En ese estudio se releva que la mayoría de las opiniones desfavorables sobre el Gobierno Alvarado Quesada superan las opiniones favorables (gráfico 1), valoración que contrasta con los inicios de los gobiernos de Laura Chinchilla y Luis Guillermo Solís. El nivel de desaprobación del gobierno entrante se parece al resultado de los últimos meses de la administración Solís Rivera, lo que indica que el llamado capital político del nuevo gobierno se erosionó rápidamente apenas concluida la segunda ronda electoral.

 

Gráfico 1. Evaluación de la gestión del gobierno


 A pesar que el presidente Alvarado -valorado individualmente- tiene más opiniones positivas que su gobierno -valorado como equipo o colectivo-, las perspectivas de apoyo a su gestión en el futuro se tornan pesimistas o poco halagüeñas, pues los niveles de desaprobación con apenas 100 días se parecen al panorama de cierre de los gobiernos anteriores -que han sufrido más de 3 años de desgaste-.

En el gráfico 2 se muestra como, al negativismo del presente se suma el pesimismo con respecto al rumbo del país y, para agravar la situación, este informe del CIEP indica que en los últimos 5 años, nunca se habían obtenido valores tan elevados en la sensación de que la situación económica es mala o muy mala.

           

Gráfico 2. Percepciones sobre el rumbo del país. 

 

En general, el informe del CIEP no tiene buenas ni esperanzadoras noticias para la Administración llamada de “unidad nacional”. Quizás lo único positivo que allí puede leerse para el nuevo gobierno es que dado el nivel tan bajo de desaprobación y el alto pesimismo, todo a partir de ahora puede ser ganancia o mejora pero, claro está, esto dependerá de un esfuerzo enorme de las autoridades para tomar decisiones y corregir el rumbo del país para revertir las valoraciones ciudadanas actuales. Otros pesimistas dirán que, sin embargo, “lo malo puede ponerse peor”.

Entre las acciones correctivas podrían considerarse, en primera instancia, la atención urgente y resolutiva a los problemas que se consideran como los principales para el país en este momento (Cuadro 1):

     

Cuadro 1. Principales problemas del país (2013-2018) 

 

El “desempleo” aparece entre los tres principales problemas desde julio 2014, pero en la medición reciente no forma parte de ese trío el “costo de vida”. Aparece por primera vez en las mediciones de agosto la “situación fiscal”, lo cual indica que este tema ya logró posicionarse en la opinión pública como urgente después de varios años que ha copado la agenda política nacional, los titulares de los medios de comunicación y el discurso de los principales grupos de poder del país.

La situación de la seguridad o más bien “inseguridad” ciudadana también ha ocupado los titulares noticiosos y, coincidente con el trabajo de campo del CIEP, ocurrieron hechos violentos o delitos que, probablemente aumentaron la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Por ejemplo, durante el mes de agosto de 2018 fueron asesinadas jóvenes extranjeras que hacían turismo en distintas zonas del país.

Ese mismo mes, el Presidente Carlos Alvarado y el Ministro de Seguridad, Michael Soto firmaron un decreto para declarar – y oficializar – como de interés público la “Estrategia Integral de Prevención para la Seguridad Pública: Sembremos Seguridad”, por ejecutarse en todos los cantones del país a partir del 1 de septiembre año en curso.

Esta estrategia apoyada por la Policía Nacional de Colombia y auspiciada por la Embajada de Estados Unidos, establece compromisos y vínculos entre instituciones locales y nacionales, alinea las municipalidades con políticas de seguridad del gobierno nacional, promueve una comunicación más asertiva y define un plan financiero y operativo frente a delitos y otras problemáticas de violencia o riesgo sociales[6].

Además de los problemas del gobierno entrante para atender los asuntos sensibles de carácter interno o “nacional”, en estos 100 días también han sido focos problemáticos la política exterior y en particular el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

La designación de la Vicepresidenta de la República, Sra. Epsy Campbell Barr, como Ministra de de Relaciones Exteriores, fue inicialmente interpretado como una muestra de la mayúscula importancia que esta Administración quería darle a la política exterior y a las relaciones internacionales. Sin embargo, a pocos meses de iniciada la Administración Alvarado Quesada, la Cancillería es objeto recurrente de cuestionamientos que han puesto a la institución en el ojo mediático durante los meses de julio y agosto de 2018.

A finales del mes de julio, trascendió en los medios de comunicación un mensaje difundido por la Jefa del Departamento Consular[7], donde se realizan varios comentarios descalificativos para el actual Ministro de Educación, Edgar Mora Altamirano, producto de las declaraciones del Ministro sobre la Anexión del Partido de Nicoya. [8] Además, varias personas diputadas han considerado algunos nombramientos en embajadas como “pago de favores” por la anterior campaña electoral[9].

Desde el mes de mayo y hasta la fecha de corte de este Análisis del OPNA, todas las semanas se publican informaciones que ponen en entredicho el nombramiento de funcionarios en instancias como las direcciones de “Política Exterior” y de “Servicio Exterior” del Ministerio[10], por un supuesto incumplimiento del Art.  9 del Estatuto del Servicio Exterior.[11] En ese estatuto, se establece la obligatoriedad de nombrar como “directores” y como “subdirectores alternos” a personas diplomáticas de carrera con rango de “Embajadores”. No obstante, diversas administraciones (incluyendo a la actual) han interpretado a esta norma como un “parámetro”[12] y no como una obligatoriedad pues, a su juicio, esa disposición es contraria a lo que establece el artículo 140 de nuestra Constitución Política[13].

Aunado a lo anterior, se cuestiona la no revocatoria de los directores de la administración anterior, lo que supuso que la Canciller fuera llamada a rendir explicaciones en la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales.[14]

La situación migratoria en Costa Rica por la crisis política que vive Nicaragua, quizás ha servido como paliativo a los problemas en la Cancillería. Ante esta problemática, es notorio el papel de liderazgo positivo que ha tenido doña Epsy Campbell en la articulación de una estrategia[15] que, esperamos, pronto pueda llegar a mejorar las condiciones en el país de las personas refugiadas.

Parece que los problemas al interno de la Cancillería[16] no se esclarecerán sino hasta que la Procuraduría General de la República responda a una consulta que impulsan diversas personas diputadas[17], pero más allá de las interpretaciones jurídicas, es plausible la hipótesis política que indica que esos problemas son solo una muestra de las dificultades de coordinación y articulación al interno de un Gobierno que parece ser un escenario de disputa entre fracciones del PAC, del PUSC y del PLN.

Si con lo expuesto hasta acá por este análisis del OPNA no es suficiente para entender las razones de la “luna de hiel” (no de miel) que vive el gobierno de unidad tri-partidaria en sus primeros 4 meses, agregamos los siguientes hechos que ahondan los problemas que deberá atender el Poder Ejecutivo -principalmente- en lo venidero inmediato:

-          En el marco de las celebraciones del día de la Virgen de los Ángeles, la iglesia católica censuró la promoción del aborto y la violencia contra las mujeres que, a su juicio, impulsan los diversos poderes de la República.

-          Durante esa misma semana, la principales calles de la capital se vieron ocupadas por sendas manifestaciones del sector LGTBIQ+ a favor del matrimonio igualitario y la “Marcha por las 2 Vidas” promovidas por grupos opositores al aborto terapéutico.

-          Pese a los reclamos de varias personas diputadas, el Ejecutivo no destituyó de su cargo al viceministro de Planificación y Política Económica por haberse burlado en redes sociales de una fotografía de la expresidenta Laura Chinchilla y del líder del PAC Ottón Solís. Tampoco se destituyó por el mismo acto a la asesora legislativa y presidenta de la juventud del PAC, Marisa Batalla.

-          La encuesta “La Confianza de los Consumidores” elaborada por la Escuela de Estadística de la Universidad de Costa Rica, relevó el 29 de agosto que la confianza del consumidor cayó 10% en los últimos tres meses.

-          En información circulada por el Ministerio de Hacienda el 20 de agosto, se advierte que el déficit fiscal llegó a la cifra de 1,1 billones de colones, que es la más alta de los últimos 6 años.

-          El presidente Alvarado se reunió con 250 representantes de compañías multinacionales para calmar sus dudas con respecto al rumbo económico del país el 26 de julio de 2018, sin embargo, en una reunión para analizar los 100 del gobierno, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) el 6 de agosto, criticó a Alvarado Quesada porque supuestamente no los ha considerado como su interlocutor principal del sector privado.

-          Por otra parte, ante reiteradas quejas de que el Gobierno los ha ignorado en la discusión del “combo fiscal”, los sectores sindicales convocaron a una huelga nacional indefinida a partir del próximo lunes 10 de setiembre.

 

2.      La (mala) salud de las fianzas públicas y el ajuste fiscal que polariza y moviliza. Los partidos políticos y los poderes fácticos se disputan “el bien ¿común? y el interés ¿nacional?”

 

La situación crítica de las finanzas públicas y las propuestas de ajuste fiscal frente a esa problemática son los temas hegemónicos de la agenda política nacional y el principal desafío que enfrenta la Administración Alvarado Quesada. Los argumentos, posiciones e intereses de los distintos actores institucionales y de facto fueron explicados en nuestro anterior Análisis de Coyuntura, en esta sección damos seguimiento a esas correlaciones de poder.

Ante las disconformidades u oposiciones de los grupos de presión y las bancadas legislativas con el texto sustitutivo del proyecto original presentado por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, continúan las demostraciones de poder y la búsqueda de alianzas (algunas más estables, otras volátiles) entre los partidos políticos y de éstos con los grupos de presión e interés. Todos dicen representar el “interés nacional” y “el bien común”, ocultando en esos discursos los evidentes intereses corporativos y hasta personales que finalmente representan.

Los grupos de presión empresarial y algunos medios de comunicación de los que son socios o patrocinadores, ponen énfasis en la reducción del gasto público, en la disminución de supuestos privilegios de un reducido número de empleados públicos y pensionados “de lujo”, rechazan nuevos impuestos de carácter progresivo (v. g. renta), critican incluso los regresivos (v. g. consumo, IVA) y minimizan la discusión sobre evasión y elusión. Para estos actores y agencias de poder, los favorecimientos a lo privado los llaman “estímulos a la inversión” y el favorecimiento a lo público lo llaman “populismo”.

Los grupos de presión sindical y algunos movimientos sociales populares, piden exactamente lo contrario: que se priorice el ataque a la evasión y elusión de las grandes empresas, que no se reduzcan los “derechos laborales adquiridos”, que se modifique la base y estructura tributaria para que sea progresiva y que después de esto se discuta la eventual reducción del gasto público. Para estos actores y agencias de poder, ellos representan al “pueblo” y los verdaderos “enemigos” son los ricos empresarios evasores.

Ambos bandos solo coinciden en que el Estado es un botín que “los otros” han capturado para su beneficio personal o sectorial. Mientras tanto, las finanzas públicas empeoran y las llamadas políticas públicas del país son mayoritariamente el resultado de un picadillo de favorecimientos corporativos que tienen poco o nada de “común”, de “nacional”, ni de “general”.

Esos poderes fácticos culpabilizan a “los políticos” y partidos políticos de turno, sin que reconozcan, que la inmensa mayoría de éstos solo son mamparas colocadas allí y dominadas por aquellos.

Pero el poco poder que tienen los “poderes” institucionales en nuestra democracia, es todavía muy importante. Eso que algunos autores llaman desde el siglo XIX la “relativa autonomía” de la política con respecto a los intereses corporativos y del mercado, es todavía un botín muy apetecido y disputado, por la sencilla razón de que son esos poderes formales o del Estado de derecho los únicos que pueden tomar decisiones de carácter obligatorio para TODA la sociedad. Por eso también, es importante su seguimiento y análisis. 

 

2.1.Una no tan agradable sorpresa: el hueco presupuestario para el año 2018

Iniciando el mes de agosto, el gobierno de la República planteó la solicitud de un presupuesto extraordinario a la Asamblea Legislativa, específicamente ¢600 mil millones de colones adicionales para atender la amortización del pago de deuda interna del gobierno. Esta solicitud se justificó argumentando que sin su aprobación no se podrían pagar salarios ni programas estatales urgentes[18]. ¿Se trató de una omisión alevosa del gobierno anterior, de un error de comunicación, de un hecho oportunamente advertido? Todavía no se ha llegado a una conclusión contundente.

Encargados directos del tema como Helio Fallas, exvicepresidente y exministro de Hacienda y Mauricio Herrera, extitular de Comunicación, hicieron pública la defensa de las acciones del gobierno del expresidente Luis Guillermo Solís, apuntando a que cumplieron con advertir la gravedad de la situación fiscal del país y que además, tomaron decisiones responsables como aceptar endeudarse para lograr asumir sus responsabilidades financieras en los últimos meses de gestión.

El señor Fallas, explicó que el presupuesto del 2018 se elaboró desde junio-agosto del año anterior, y en ese momento partían de datos estimados diferentes a los actuales. Además, afirma que dicho faltante de dinero es una consecuencia explícita de la caída en los ingresos del Gobierno[19].

Según informes de Hacienda este sería el primer presupuesto extraordinario que presenta la administración Alvarado Quesada y que se plantea por la urgencia de responder a las deudas de corto plazo[20]. Sin embargo, diversos actores denuncian este hecho como una irresponsabilidad de la pasada administración PAC y advierten del impacto negativo que tendrá este presupuesto extraordinario sobre las -ya de por sí- críticas finanzas públicas. Lo anterior ha generado muchas críticas a la Administración Solís Rivera.

En sentido contrario, diversas fuentes cercanas a Solís continuaron respaldándole, tal es el caso de la señora Marta Cubillo, Tesorera Nacional, quien comparte la justificación de que el “agujero” en finanzas no es un error de cálculo, sino consecuencia de negociaciones fallidas con inversionistas extranjeros para la compra de bonos[21].

Mientras continúa la discusión de este tema en sede legislativa, se evidencia la utilización por parte del Ministerio de Hacienda, de fondos sin contenido presupuestario, para el pago de compromisos ligados a bonos emitidos por el gobierno de la República. Ante las consultas realizas por la prensa y diversos actores políticos, la ministra Rocío Alfaro dijo que ya de ese dinero solicitado se ha utilizado 48 mil millones de colones, monto refutado por la Contraloría General de la República (CGR), que reveló el monto real: 182 mil millones de colones usados de forma ilegal[22].

Autoridades y vocerías del gobierno actual y del anterior, direccionan su justificación a que es un problema de larga data, que inicia desde la Administración Arias, lo cual se ha advertido desde hace mucho tiempo en distintos órganos técnicos y de deliberación política.

En nuestro anterior Análisis de Coyuntura advertimos que la Administración Alvarado Quesada parecía haber dejado en manos del PUSC principalmente y del PLN subsidiariamente el manejo de la economía nacional. En estos cuatro meses es notorio al menos que la ministra Aguilar, el cuasi primer ministro Piza y la coordinadora del equipo económico Edna Camacho le están haciendo el “trabajo duro” al gobierno de unidad tri-partidaria. ¿Recordará la historia del país que este no ha sido, hasta el momento, un gobierno de “unidad nacional”?

 

3. El Poder Legislativo es una expresión del corporativismo de varios partidos políticos y de su fragmentación interna.

En el mes de julio un texto sustitutivo al plan fiscal original fue presentado por el Gobierno ante la Asamblea Legislativa. Ante este documento modificado se presentaron 1008 mociones de las diferentes corrientes partidarias, entre ellas, 500 presentadas por el Partido Republicano Socialcristiano. El día 23 de julio se concluyó la votación de todas las mociones presentadas y tras las negociaciones, solo se aprobaron 9 mociones de 1008 en total, 7 del Partido Frente Amplio y 2 del Partido Liberación Nacional. A finales del mes de agosto el plenario legislativo hizo un recorte de 13% en lo propuesto por el documento sustitutivo del Gobierno Central. Contempla las siguientes reducciones: primero, la canasta básica, que sería agravada con una tarifa reducida del 2% por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA); segundo, cortaron los ingresos que se pretendían con un impuesto a la educación privada, que también iba a pagar el 2%[23].  Carlos Alvarado Quesada reprochó estas decisiones de la Asamblea y les instó a analizar más a fondo las implicaciones negativas que estas acciones pueden tener en el resultado final del plan fiscal[24].

Debido a lo anterior, el gobierno -en una señal poco clara sobre cómo iba a reaccionar a esta situación- desconvocó el proyecto de la corriente legislativa, para luego insertarlo un día después en la agenda del día[25]. La retórica del gobierno ha sido que durante este periodo se iniciarán las conversaciones con las distintas bancadas legislativas para lograr obtener la mayor cantidad de recursos posibles.

Mientras el tema fiscal acapara la agenda legislativa, también ha sido evidente que la mayoría de los partidos políticos sufren disputas, contradicciones y hasta disidencias internas, producto presumiblemente, no solo de aspiraciones político electorales, sino también de compromisos individuales con grupos de presión e interés nacionales e internacionales.

En el mes de julio, el partido Restauración Nacional (PRN) volvió a estar en el ojo mediático nacional debido a la confrontación interna entre las personas diputadas Floria Segreda Sagot y Melvin Núñez Piña, este último como responsable de una serie de audios de WhatsApp enviados directamente a la diputada, en los cuales -a raíz de su no nombramiento en la Comisión de Nombramientos del Congreso- amenaza con “cobrarle” el hecho que obedeciera a la bancada del partido y no le brindara su apoyo para tal nombramiento.[26] Tal hecho condujo a la presentación de una denuncia penal por parte de Segreda por el supuesto delito de amenazas a funcionario público ante la Fiscalía General, asimismo, solicitó medidas de seguridad para ella. El jefe de bancada, Carlos Avendaño señaló que no conocía con detalle el caso, pero aseguró que la diferencia entre los involucrados había sido superada a lo interno mediante una “espontánea” disculpa de Núñez a la legisladora.

No obstante, días después de ese video, a través de la filtración de un mensaje de Facebook, la diputada señala que no retiraría tal acusación a causa de la falta de “arrepentimiento verdadero” de su compañero de bancada y como una muestra de rechazo absoluto a la violencia contra las mujeres.[27]

Otra de las víctimas de los audios fue la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, del PAC. La Sra. Hidalgo, al ser amenazada por el mismo diputado Núñez, interpuso ante al Ministerio Público otra denuncia por el presunto delito de amenazas a funcionario público, como lo hizo su homóloga Segreda.[28] Con respecto a los casos anteriores, el grupo de mujeres parlamentarias se agrupó para redactar un manifiesto donde solicitan al Directorio tomar acciones con fines de protección a las personas que denuncien actos de violencia en la Asamblea Legislativa, donde se incluya protección de la persona denunciante y confidencialidad.

El PRN ha sido quizás el partido político que más problemas internos continúa experimentando, tal y como ha sido documentado principalmente por el periódico La Nación mediante los siguientes reportajes de portada:

-          “Sociedad anónima pagó alquiler de sede del PRN” (18 de julio de 2018)

-          “Avendaño denuncia penalmente la fórmula presidencial del PRN” (31 de julio de 2018)

-          “Alvarado afirma que Avendaño conocía los gastos de campaña” (1 de agosto de 2018)

-          “Restauración pagó 85 millones de colones a Carlos Avendaño y su familia” (9 de agosto de 2018)

-          “PRN ocultó donante de viajes del candidato en helicóptero” (20 de agosto de 2018)

-          “Cantante acusa al PRN de robar su propiedad intelectual” (27 de agosto de 2018)

El PLN tampoco se ha eximido de problemas internos. Tres situaciones evidencian esas dificultades:

-          Durante el mes de julio trascendieron en prensa los desacuerdos entre la dirigencia partidaria y sus diputados debido a la negativa de algunos de éstos de apoyar la candidatura de la abogada Angie Cruickshank a la Defensoría de los Habitantes.

-          El diputado Gustavo Viales se salió de la llamada “línea de fracción” al votar contra el impuesto del 2% a la canasta básica propuesta en el plan fiscal.

-          La diputada Franggie Nicolás presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra la ministra de Hacienda Rocío Aguilar por el pago de bonos de deuda pública que la Administración anterior no incluyó en el presupuesto ordinario del 2018. Nicolás no fue apoyada por su fracción.

Por otra parte, en la Asamblea Nacional del PUSC del domingo 19 de agosto, se aprobó una moción para reiterar que ese partido “…no está cogobernando con el Partido Acción Ciudadana (PAC) y quienes sí lo hacen son Rodolfo Piza y sus amigos… el partido no tiene un acuerdo con el PAC para decidir sobre el país y que son parte de una oposición responsable.”[29]

 

4.  “Mal y de malas”: Si hasta el Poder Judicial está en crisis, cualquier democracia está en serios problemas…

Según el último informe de opinión pública del CIEP, prácticamente todas las instituciones más importantes del país han perdido legitimidad y han bajado en su percepción positiva ante la ciudadanía. Pero quizás la erosión más preocupante afecta la legitimidad social del Poder Judicial y de otras instancias vinculadas a ese poder de la República. El informe destaca que:

 “…el Poder Judicial (5.9) y la Sala Constitucional (5.6) son calificadas de forma negativa y obtienen su peor nota desde el abril de 2013… En general, los resultados indican que la crisis política del Poder Judicial ha tenido un efecto en la percepción que la ciudadanía costarricense tiene sobre este. Al respecto, según un 63% de las personas encuestadas, la administración de la justicia está peor que hace dos años, frente a un 37% que afirma que ha mejorado… solamente un 29% de las personas entrevistadas consideran que los jueces actúan con total independencia al resolver un caso y dictar una sentencia (ver Cuadro 9). Por su parte, un 60% opina que la justicia en el país es pronta (ver Cuadro 10). Sin embargo, un 61% de las personas creen que el costo de un proceso judicial es un obstáculo para el acceso a la justicia (ver Cuadro 11). Menos de la mitad de las personas (45%) consideran que los jueces y juezas son preparados, competentes e íntegros (ver Cuadro 12). Finalmente, casi la mitad de las personas encuestadas (48%) confía que los tribunales van a sancionar efectivamente a las personas culpables de cometer un crimen.[30].

El 1 de agosto fue electo como nuevo presidente de ese Poder el Magistrado Fernando Cruz, quien expresó su voluntad de mejorar el funcionamiento de la Corte. No obstante, las valoraciones negativas evidenciadas por el estudio del CIEP, parecen tener fundamento reciente en hechos como:

-          los analizados por el OPNA con respecto al caso del “Cementazo”[31],

-          la indignación y movilización ciudadana que se dio a mediados de abril de este año debido a la leve sanción que la Corte había impuesto a Magistrados de la Sala III por el mismo caso del cemento chino y que después se vieron forzados a rectificar y endurecer dichas sanciones,

-          y la pensión del Presidente de la Corte Carlos Chinchilla en medio de esos cuestionamientos.

Los problemas de erosión en la legitimidad social del Poder Judicial no parecen terminar. Por el contrario, el voto de la Sala IV con respecto al matrimonio entre parejas del mismo sexo, deja una sensación de indefinición por parte de la Corte; situación que se dio a principios del mes de agosto y que repasamos con más detalles a continuación.

 

4.1. Sala Constitucional ¿resuelve? el asunto del matrimonio igualitario

Minutos antes de la medianoche del 8 de agosto de 2018, la Sala Constitucional confirmó lo que la Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) resolvió en enero: el Estado costarricense debe velar por el respeto de los derechos de la población LGTBIQ+ y debe garantizar el marco jurídico e institucional necesario para permitir el matrimonio igualitario. Es decir, la Sala declaró inconstitucional el inciso del Código de Familia que prohíbe reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo mediante la sentencia número 2018-12782 del expediente 15-13971-0007-CO. No obstante, este fallo logró lo que muchos actores políticos no esperaban: generar confusión y no favorecer de inmediato a ninguna de las partes que se declaran a favor o en contra.[32]

El voto de la Sala IV fue considerado como prudente en exceso y hasta temerosa, debido a que estableció mediante su resolución, un plazo de 18 meses para que la Asamblea Legislativa logre crear un marco normativo que legisle al respecto, caso contrario, después de los 18 meses, el artículo será derogado de manera inmediata. Luego de lo que fue llamada como “la sesión más larga de los últimos 29 años”, la Sala Constitucional anunció que por mayoría de seis a uno se declaró con lugar la acción de inconstitucionalidad planteada contra el Código de Familia, específicamente el inciso 6 del artículo 14, que prohíbe explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Las personas magistradas Nancy Hernández y Fernando Cruz votaron a favor de la prohibición inmediata, mientras que los magistrados Luis Fernando Salazar, José Paulino Hernández, Paul Rueda y la magistrada Martha Esquivel votaron por el período de 18 meses para la definición en la Asamblea Legislativa. El presidente a. i. de la Sala, Fernando Castillo, fue el único en votar en contra de la acción de inconstitucionalidad.

Esto quiere decir que la Sala, efectivamente, declaró inconstitucional la prohibición del matrimonio igualitario y ordenó eliminar los artículos del Código de la Familia que así lo especifiquen; no obstante, decidió mantener un “suspenso” y continuar con la marginación hacia la población LGTBIQ+ durante año y medio más, y le trasladó su responsabilidad hacia la Asamblea Legislativa. Esta situación preocupa a las personas LGTBIQ+, pues la conformación actual del Congreso tiene una mayoría de orientación conservadora y contraria al reconocimiento de los derechos humanos de esos grupos poblacionales.

Las razones de la Sala Constitucional, según el magistrado Castillo, se deben a que la sentencia tiene efecto a mediano plazo para evitar, lo que él considera, “graves dislocaciones” y alteraciones de “la paz social”[33]. A su juicio, con este período de 18 meses ofrecen la posibilidad de que los efectos del fallo sean dimensionados en el tiempo y espacio futuro. En otras palabras, la Sala resolvió a favor del matrimonio igualitario pero habilitó un tiempo de espera por conveniencia política.

Como era de esperarse, fueron muchas las reacciones en medios de comunicación y en redes sociales a favor y en contra de la resolución de la Sala. Distintos colectivos y movimientos de la población LGTBIQ+, como el Movimiento Diversidad[34], lamentaron la decisión por no poderse ejecutar de inmediato la aprobación del matrimonio igualitario. El diputado oficialista y primer diputado auto-declarado homosexual, Enrique Sánchez, manifestó su disgusto con la decisión de la Sala al catalogar que les “faltó valentía” y que no estuvieron “a la altura” del respeto de los derechos humanos y el derecho internacional[35].

El diputado del Frente Amplio José María Villalta y la Defensoría de los Habitantes criticaron el fallo de la Sala. Villalta acusa de riesgosa la decisión de postergar la aplicación de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ ya que esto abre el “portillo” para que aumente el discurso homofóbico, mientras que el Defensor de los Habitantes, Juan Manuel Cordero, consideró que la Sala perdió una oportunidad importante para dar una resolución “contundente y definitiva”[36].

En la Asamblea Legislativa, el Partido Liberación Nacional -minoría más numerosa- declaró que no era necesario involucrar a la Asamblea en la resolución del matrimonio igualitario, sino que debió haber sido resuelto de inmediato. El PUSC presentó un proyecto para reconocer las uniones civiles, pero rechazan la figura del matrimonio igualitario; mientras que el partido oficialista (PAC) y Frente Amplio procuran aprobar de manera rápida el matrimonio igualitario[37].

Como era de esperar, el partido evangélico Restauración Nacional -segunda bancada más numerosa- anunció su oposición a cualquier proyecto que apoye el matrimonio igualitario y denunció una violación hacia la soberanía del país al acogerse la opinión consultiva de la Corte IDH. Su diputada Xiomara Rodríguez les “recordó” en tono amenazante a los magistrados que ellos “son reelegidos gracias a la Asamblea”[38]; agregó que su partido político defenderá la figura del matrimonio heterosexual.

Otros grupos conservadores manifestaron su malestar, tal es el caso de la Conferencia Episcopal que, al ser consultada, expresó que la intención de no querer discriminar a la población LGTBIQ+ por parte del Estado, no daba paso a “alterar el orden natural de las cosas y del matrimonio monogámico y heterosexual”[39]. De igual manera, el pastor evangélico y excandidato presidencial, Fabricio Alvarado denunció que la Sala Constitucional “violentó” la soberanía del país al acoger la opinión consultiva de la Corte IDH y al imponer “de facto” la aprobación del matrimonio igualitario; así mismo, manifestó que el fallo es una “cortina de humo” para olvidar la crisis de la Corte y la situación fiscal del país[40].

Por último, el presidente de la República, Carlos Alvarado, mencionó que mantendrá el compromiso por la igualdad y el disfrute pleno de los derechos humanos, así como procurar que el Estado logre proteger a todas las personas sin discriminación por orientación sexual o de identidad de género, tal como lo demanda un Estado de Derecho moderno. No obstante, en una decisión confusa para muchos, anunció que convocará en sesiones extraordinarias el proyecto de ley del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

 

5. Otro peligro para cualquier democracia: la intolerancia social y política

Luego del proceso electoral vivido a principio de año, pareciera que la discusión en torno a los derechos humanos, se ha mantenido “viva”, principalmente por la discusión entre el matrimonio de personas del mismo sexo, o sobre los derechos reproductivos de la población femenina. No obstante, luego de los acontecimientos políticos vividos en el pasado mes de abril (y que continúan) en Nicaragua, la migración de ciudadanos de dicho país a nuestro país y sus posibles efectos ha ocupado las primeras planas de los medios de comunicación masiva.

La historia nos muestra que para que una identidad se construya, es necesario que exista una otredad, algo externo a nosotros con lo que podamos compararnos y decir “yo soy esto porque no soy aquello”. En el caso de Costa Rica, esa otredad ha sido Centroamérica y especialmente Nicaragua[41].

Basta con abrir cualquier periódico de circulación nacional, o bien mirar cualquier telenoticiero de mediodía, para notar como los sucesos violentos (muertes, asaltos, violaciones, etc.) son implícita o explícitamente atribuidos a personas nicaragüenses. La exposición mediática es muy diferente a la que se hace con una persona costarricense que haya cometido los mismos delitos[42].

Esta situación de exponer a las personas nicaragüenses como perpetradores de crímenes en Costa Rica, o como indocumentados que vienen a robar y a saturar los servicios sociales que presta el Estado es, reiteramos, una cuestión histórica y responde al proceso la construcción de nuestra identidad costarricense. Lo anterior se agrava en situaciones de crisis como la que experimenta nuestro país vecino desde el pasado mes de abril, cuando comenzaron las movilizaciones ciudadanas pidiendo la salida del Presidente y al anticipo de elecciones nacionales[43]. Estas crisis provoca que miles de nicaragüenses migren a Costa Rica en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Este proceso es considerado por algunos analistas como una “crisis migratoria”[44].

Lamentablemente, en ciertos sectores de la población costarricense esta situación provoca actos discriminatorios, agresivos, xenofóbicos, como el que se materializó el pasado sábado 18 de agosto en San José. Una marcha en la que participaron cientos de personas y que comenzó en el Parque La Merced (sitio que históricamente ha sido un punto de reunión para la población nicaragüense en el país), para luego pasar al Parque Central de San José y terminar en la Plaza de la Cultura (Alfaro, 2018a)[45].

Durante la marcha los participantes, muchos vestidos con camisetas de la selección nacional de fútbol y con banderas de Costa Rica, lanzaron consignas en contra de los nicaragüenses. Según Alfaro (2018a) 44 personas fueron detenidas, se decomisaron 13 armas blancas y 8 bombas molotov; se registraron daños a unidades policiales y agresiones a personas. En redes sociales circuló un vídeo donde se puede ver cómo parte de los manifestantes arremeten contra un hombre nicaragüense solo por estar sentado en una banca de la Plaza de la Cultura hasta que logran hacer que se vaya.

Presuntamente esta marcha fue convocada mediante plataformas como Facebook (Alfaro, 2018a). Curioso es que uno de estos grupos de Facebook llamado “Costa Rica Unida” desde donde se convocó esta marcha, es administrado por el señor David Segura, quien es asesor de la diputada Carmen Chan, del partido Restauración Nacional.

Las noticias sobre los actos xenofóbicos en Costa Rica rápidamente se difundieron en todo el mundo. Como reacción a esos actos, otra marcha, esta vez en contra la xenofobia, fue convocada para el fin de semana siguiente (25 de agosto). El objetivo de esa convocatoria fue emitir un mensaje contundente de solidaridad con la población nicaragüense y dejar claro que “ticos y nicas somos hermanos”[46]. Cientos de personas acudieron a esta marcha. A diferencia de la xenofóbica no hubo detenidos y la policía no tuvo que realizar intervenciones; tampoco se decomisaron armas, ni hubo actos violentos.

Como se ha advertido en múltiples estudios sobre cultura política en Costa Rica (v. g. Barómetros de las Américas -LAPOP-, 2012, 2014 y 2016) la intolerancia política ha crecido en nuestro país y, hechos como los de agosto, muestran que también crece la intolerancia y la violencia social.

En este contexto de inconformidad, antagonismo, agitación y movilización en las calles, el tema hegemónico de las finanzas públicas y las propuestas para mejorarlas, la postergación a soluciones a temas como el matrimonio entre parejas del mismo sexo, la interrupción terapéutica del embarazo, la secularización del Estado costarricense, la reversión de la desigualdad creciente, entre otros, parecen prever una agudización de la polarización que vive el país y un futuro inmediato complicado para la gobernanza democrática y la paz social. Después de muchos años paralizados por los vetos mutuos entre actores de poder institucional y de facto -que se dicen todos defensores de un supuesto “bien común e interés nacional”- ¿podremos finalmente como sociedad convertir en OPORTUNIDAD para el diálogo social re-constitutivo[47] la actual situación de AMENAZA o DESAFIO para nuestra democracia y desarrollo humano? En el OPNA continuaremos con el análisis politológico de estos acontecimientos ofreciendo a toda la ciudadanía elementos de juicio para sus propias interpretaciones y decisiones.

 

 

[1] Coordinador Dr. Rotsay Rosales-Valladares. Asistentes de investigación: Pablo Quirós, Silvana Díaz, Ayleen Navarro, José Pablo Badilla, Sebastián Peña, Francisco Javier Corrales.
[2] En la actualidad tienen esta práctica o costumbre muchos países con forma de gobierno presidencial (v. g. los latinoamericanos). Se considera que su origen más cercano son los informes que en Estados Unidos de Norteamérica presenta el presidente de la Nación desde Franklin Delano Roosevelt. Otras fuentes indican que hay un antecedente más antiguo: la evocación del período conocido como los “Cien Días de Napoleón”, que es el intervalo de tiempo desde que ese emperador escapa de Elba hasta que es derrotado en la batalla de Waterloo. 
[3] Este informe puede descargarse en la siguiente dirección electrónica del medio digital costarricense “elPeriodicocr”:  https://elperiodicocr.com/informe-completo-del-presidente-luis-guillermo-solis-sobre-los-primeros-100-dias-de-gobierno/ 
[6] Méndez, D. (2018). Gobierno lanza Estrategia Integral de Prevención para Seguridad Pública. Elmundo.cr. Recuperado de https://www.elmundo.cr/gobierno-lanza-estrategia-integral-de-prevencion-para-seguridad-publica/
[7] González, M. (27 de julio de 2018). Diplomática se burla de ministro del MEP. Diario Extra. Recuperado de: http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/365807/diplomatica-se-burla-de-ministro-del-mep
[8] Pérez, K. (24 de julio de 2018). Ministro del MEP: Guanacaste entero se fusionó al resto del país. Elmundo.cr. Recuperado de: https://www.elmundo.cr/ministro-del-mep-guanacaste-entero-se-fusiono-al-resto-del-pais/
[9] Mora, C. (19 de julio de 2018) Crece disgusto por nombramientos políticos en Cancillería. Crhoy. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/crece-disgusto-por-nombramientos-politicos-en-cancilleria/
[10] Mora, C. (1 de agosto de 2018) Directora alterna de Cooperación en Cancillería tampoco cumple con requisitos. Crhoy. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/directora-alterna-de-cooperacion-en-cancilleria-tampoco-cumple-con-requisitos/
[11] Mora, C. (26 de julio de 2018). Canciller mantiene en su cargo a directores nombrados ilegalmente. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/canciller-mantiene-en-su-cargo-a-directores-nombrados-ilegalmente/
[12] Mora, C. (24 de julio de 2018). Ascensos ilegales en Cancillería vienen con aumentos salariales para beneficiarias. Crhoy. Recuperado de:  https://www.crhoy.com/nacionales/ascensos-ilegales-en-cancilleria-vienen-con-aumentos-salariales-para-beneficiarias/
[13] Ministerio de Relaciones Exteriores (30 de julio de 2018). Direcciones de todos los Ministerios de Gobierno son puestos de confianza. Recuperado de: https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4140
[14] Mora, C. (30 de julio de 2018). Epsy Campbell deberá comparecer por nombramientos cuestionados. Crhoy Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/epsy-campbell-debera-comparecer-por-nombramientos-cuestionados/
[15] Ministerio de Relaciones Exterioes y Culto. (21 de agosto de 2018). Gobierno ultima detalles de plan integral para el abordaje de flujos migratorios. Recuperado de: https://www.rree.go.cr/?sec=servicios&cat=prensa&cont=593&id=4164
[16] Para el seguimiento y análisis en detalle de la política exterior de Costa Rica se recomiendan los documentos que elabora periódicamente el Observatorio de la Política Exterior de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional.
[17] Mora, C. (27 de julio de 2018). Nombramientos cuestionados hechos por la Canciller llegarán a la Procuraduría. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/nombramientos-cuestionados-hechos-por-la-canciller-llegaran-a-procuraduria/
[18] Mora, C. (3 de agosto de 2018). Exministros de Solís sobre faltante de ¢600 mil millones: “No hubo negligencia, lo advertimos”. CRhoy. Recuperado de https://www.crhoy.com/nacionales/exministros-de-solis-sobre-faltante-de-600-mil-millones-no-hubo-negligencia-lo-advertimos/
[19] Ibidem  
[20] Alfaro, J. (31 de Julio de 2018). Gobierno envía al Congreso un abultado presupuesto extraordinario de ¢600.045 millones para amortizar su deuda interna. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/gobierno-envia-al-congreso-un-presupuesto-extraordinario-de-¢600-045-millones-para-amortizar-su-deuda-interna/
[21]  Valverde, R & Florez, M. (3 de agosto de 2018). Tesorera Nacional y Viceministro de egresos rechazan que faltante de ¢600.000 millones se deba a un error de cálculo. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/tesorera-nacional-y-viceministro-de-egresos-rechazan-que-faltante-de-¢600-000-millones-se-deba-a-un-error-de-calculo/
[22] Ruiz, P. (13 de agosto de 2018). Diputados buscarán que Luis Guillermo Solís explique “hueco” en el presupuesto. CRhoy. Recuperado de https://www.crhoy.com/nacionales/diputados-buscaran-que-luis-guillermo-solis-explique-hueco-en-el-presupuesto/
[23] Alfaro, J. (23 de agosto de 2018). Diputados cercenaron un 13% de los ingresos pretendidos con el plan fiscal en un solo día. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/diputados-cercenaron-un-13-de-ingresos-pretendidos-con-plan-fiscal-en-solo-un-dia/
[24] Valverde, R. (23 de agosto de 2018). Presidente reprocha a diputados por eliminar impuesto hacia la canasta básica en plan fiscal. Semanario universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/presidente-reprocha-a-diputados-por-eliminar-impuesto-a-canasta-basica-de-plan-fiscal/
[25] Sequeira, A. (28 de agosto de 2018). Gobierno anuncia negociación y mantiene convocada la reforma fiscal en busca de recuperar ingresos perdidos. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/urgente-gobierno-desconvoca-la-reforma-fiscal/PLUVMYZ6TVDETLLU4GIM7FHCK4/story/
[26] Sequeira, A. (09 de julio 2018). Escuche el audio que provocó demanda de diputada de Restauración a compañero: 'Se lo voy a cobrar hasta que usted pague'. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/escuche-el-audio-
que-provoco-demanda-de-diputada/ULQG7O7RM5FPXIN6YAE3BDPVQA/story/
[27] Artavia, S. Diputada de Restauración no retirará demanda contra compañero hasta ver 'arrepentimiento verdadero'. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/diputada-de-restauracion-no-retirara-demanda/AJDABLQGLZAUHMMVWYUG
V5B5HY/story/
[28] Sequeira, A. (09 de Julio 2018). Presidenta legislativa denuncia penalmente a diputado de Restauración Nacional. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/presidenta-legislativa-denuncia-penalmente-a/AD3ANJEAARD
5HOXFRSTCAF456U/story/
[29] Diario Extra, 20 de agosto de 2018, página 8: “Amigos de Piza son los que cogobiernan”.
[30] Proyecto “Estudios de Opinión Pública” Informe de resultados del estudio de opinión sociopolítica Publicado el 22 de agosto de 2018, páginas 15 - 21.
[32] Chinchilla, S. & Oviedo, E. (8 de agosto de 2018). Sala IV da 18 meses para que entre en vigencia el matrimonio homosexual. La Nación. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-da-18-meses-para-que-entre-en-vigencia-el/CZK6BUA5GRFSRJMN7H6H25BLNY/story/
[33] Artavia, S. (9 de agosto). Sala IV alegó “paz social” para fijar plazo de 18 meses antes de que rija el matrimonio homosexual. La Nación. Recuperado de: https://www.nacion.com/el-pais/politica/sala-iv-alego-paz-social-para-fijar-plazo-de-1/FRUNQSJ3KJDDDONFEYO2KAHS5Y/story/
[34]Castro, K. (11 de agosto de 2018). Movimiento Diversidad lamenta decisión de Sala IV sobre matrimonio igualitario. CRHoy. Recuperado de: https://www.crhoy.com/nacionales/movimiento-diversidad-lamenta-decision-de-sala-iv-sobre-matrimonio-igualitario/
[35] Chaverri, Y. (9 de agosto de 2018). Diputado Sánchez: le faltó valentía a la Sala IV para declarar con lugar el matrimonio igualitario. elmundo.cr. Recuperado de: https://www.elmundo.cr/diputado-sanchez-le-falto-valentia-a-la-sala-iv-para-declarar-con-lugar-el-matrimonio-igualitario/
[36] Cordero, M. (9 de agosto de 2018). Defensoría de los Habitantes “sorprendida” por fallo de la Sala IV sobre matrimonio igualitario. Semanario UNIVERSIDAD. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/ultima-hora/defensoria-de-los-habitantes-sorprendida-por-fallo-de-la-sala-iv-sobre-matrimonio-igualitario/
[37] Alfaro, J. (9 de agosto de 2018). Tras el fallo de la Sala IV sobre el matrimonio igualitario, la insatisfacción domina el Congreso. Semanario UNIVERSIDAD. Recuperado de: https://semanariouniversidad.com/pais/tras-el-fallo-de-la-sala-iv-sobre-matrimonio-igualitario-la-insatisfaccion-domina-el-congreso/
[38] Pérez, K. (13 de agosto de 2018). Xiomara Rodríguez a magistrados que votaron matrimonio igualitario: aquí son reelegidos ustedes. Elmundo.cr. Recuperado de: https://www.elmundo.cr/xiomara-rodriguez-a-magistrados-que-votaron-matrimonio-igualitario-aqui-son-reelegidos-ustedes/
[39] Pérez, K. (9 de agosto de 2018). Iglesia Católica: Familia está fundada sobre matrimonio monogámico y heterosexual. Elmundo.cr. Recuperado de https://www.elmundo.cr/iglesia-catolica-familia-esta-fundada-sobre-matrimonio-monogamico-y-heterosexual/
[40] Pérez, K. (9 de agosto de 2018). Fabricio Alvarado: Sala IV está violentando la soberanía nacional. Elmundo.cr. Recuperado de: https://www.elmundo.cr/fabricio-alvarado-sala-iv-esta-violentando-la-soberania-nacional/
[41] Para ahondar en esa construcción de identidad costarricense: Sandoval, C. (2004). El “otro” nicaragüense en el imaginario colectivo costarricense. Algunos retos analíticos y políticos. Nómadas. (20), 152-159.
[42] Véase por ejemplo: Rojas, A. (1 de agosto de 2018). Nicaragüense prófugo intentó asaltar anciano en la Basílica. Diario Extra. Recuperado de http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/366258/nicaraguense-profugo-intento-asaltar-anciano-en-la-basilica. Rojas, A. (8 de julio de 2018). Misteriosa y sangrienta muerte de una nicaragüense indocumentada. Diario Extra. Recuperado de http://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/364145/misteriosa-y-sangrienta-muerte-de-una-nicaraguense-indocumentada.
[43] Alfaro, X. (19 de abril de 2018). Gobierno de Nicaragua reprime protestas por reforma de pensiones y arremete contra medios. La Nación. Recuperado de https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/gobierno-de-nicaragua-reprime-protestas-por/Z63I6EWJNNCQ5PDGNX5DUBQJAM/story/
[44] Arrieta, E. (26 de julio de 2018). Costa Rica al borde de crisis migratoria por violencia en Nicaragua. La República. Recuperado de https://www.larepublica.net/noticia/costa-rica-al-borde-de-crisis-migratoria-por-violencia-en-nicaragua
[45] Alfaro, J. (18 de agosto de 2018a). Grupos radicales y delincuentes estuvieron involucrados con marcha xenofóbica en San José. Semanario Universidad. Recuperado de https://semanariouniversidad.com/pais/grupos-radicales-y-delincuentes-estuvieron-involucrados-con-marcha-xenofobica-en-san-jose/
[46] Redacción. (26 de agosto de 2018). Costa Rica marcha contra la xenofobia hacia los migrantes de Nicaragua que llegan al país huyendo de la crisis. BBC News Mundo. Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-45312167[47] Véase la conclusión del artículo de Rosales-Valladares (2015) “Problemas de la representación política y de los partidos políticos en Costa Rica: oportunidad para un diálogo social re-constitutivo”. EN: Revista de Derecho Electoral. Publicación Semestral del TSE, Número 20, Julio - Diciembre 2015, págs. 239-275. San José, Costa. Rica: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Disponible en la página WEB del TSE: www.tse.go.cr/revista/artículos.htm.Versión en formato PDF.

 

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