Costa Rica requiere tomar decisiones sobre reformas políticas que tienen 30 años en espera

San José. Martes 4 de julio, 2017

 

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Si bien Costa Rica es un país reconocido internacionalmente por su sólida democracia y grandes avances sociales, ambientales e institucionales, el país enfrenta entrabamientos en la gestión pública (técnica, administrativa y política) que limitan el logro de resultados importantes para el desarrollo.

Algunos de estos cuellos de botella tienen sus raíces en reformas políticas que se han pospuesto a lo largo de estos 30 años y que es necesario analizar y discutir.

Esta es una de las principales conclusiones del informe Reformas Políticas para fortalecer la capacidad del Estado costarricense para cumplir la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica.

El documento sostiene que durante las últimas décadas el país no ha logrado el consenso político necesario para ejecutar las reformas más significativas y necesarias, como ha sido el caso de la reforma fiscal que viene discutiéndose con distintos matices en las últimas cuatro administraciones.

El informe hace una sistematización de diversas propuestas de reformas políticas que han salido a la luz pública durante los últimos 30 años y cuya discusión y toma de decisiones todavía están pendientes.

Alice Shackelford, Representante Residente del PNUD, indicó que es tiempo de tomar decisiones sobre planteamientos que tienen muchas décadas en espera y que son fundamentales para asegurar el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

“Esta es una oportunidad que tiene Costa Rica para no dejar a nadie atrás. El país requiere llegar a consensos y tomas de decisiones a nivel político e institucional que permitan que todas las mujeres, las niñas, los hombres y los niños gocen de un desarrollo sostenible inclusivo y que garantice el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas. Las reformas políticas deben tener ese enfoque: mejorar la calidad de vida de las personas y fortalecer la confianza en el Estado democrático y sus instituciones”, señaló Shackelford.

Felipe Alpízar, Director del CIEP indicó que entre muchas otras “estas reformas exigen de Costa Rica el reconocimiento de que se encuentra en una encrucijada, ante la que debe mostrar si está dispuesta a jugarse la apuesta por una ampliación y profundización de su régimen democrático, así como un compromiso para mejorar toda la gestión pública, que no solamente genera parálisis y aplazamientos intolerables para muchas personas, sino que genera falta de transparencia y desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones”.

Entre las principales propuestas sobre las que deben tomarse decisiones destacan:

Poder Ejecutivo:

· Mejorar la coordinación interinstitucional e intersectorial, dándole mayor poder a las Vicepresidencias y reforzando las rectorías políticas de los Ministros en sus sectores.

· Fortalecer los procesos programación y presupuestación basada en resultados con instrumentos integrales de planificación de mediano y largo plazo más allá del Plan Nacional de Desarrollo.

· Fortalecer el control de las finanzas y dar sostenibilidad fiscal a los logros sociales, económicos y ambientales a través de una reforma fiscal progresiva que se complemente con medidas para ampliar la base tributaria, reducir la evasión y flexibilizar el gasto público.

Contraloría General de la República

· Que la fiscalización dejase de ser a priori y pase a ser a posteriori.

· Asistencia técnica especializada para apoyar al legislativo en la valoración de proyectos de ley mediante dictámenes no vinculantes sobre impacto presupuestario, impacto regulatorio, derechos adquiridos, etc.).

Poder Legislativo

· Implementación de la carrera parlamentaria, la posibilidad de reelección consecutiva de diputadas y diputados a la Asamblea Legislativa.

· Fortalecimiento del control de la ciudadanía sobre quienes resultan electos. Viabilidad de que cada cantón tenga representante en la Asamblea Legislativa y se sumen al menos nueve diputados o diputadas “nacionales”.

· Valoración de los tiempos de intervención en las discusiones parlamentarias; así como los tiempos para la presentación de mociones y su cantidad.

· garantizar la adecuada implementación de los principios de paridad y alternancia introducidos en la reforma al código electoral del 2009, incluyendo asegurar la alternancia horizontal que garantice igualdad de número de mujeres y hombres en escaños parlamentarios.

“Muchas de las reformas que se proponen requieren de reforma constitucional. No se han inventado, están en el tapete, porque han sido y siguen siendo planteadas por los más diversos actores. Este aporte propone un emplazamiento: es el tiempo de tomar decisiones que significan trascender tiendas partidarias y posiciones oportunistas y dilatadoras, para sumar en favor de principios y aspiraciones más generales y con mirada de más largo plazo”, destacó el Director del CIEP.

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