Ciudadanía descontenta pide salida negociada de la(s) crisis

 

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San José. 21 de setiembre del 2018.  

El Centro de Investigación y Estudios Políticos y la Escuela de Ciencias Políticas (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR) con apoyo de la Vicerrectoría de Investigación realizaron, los días 18 y 19 de setiembre, una encuesta telefónica para conocer la opinión de las y los costarricenses sobre la coyuntura nacional con respecto al plan fiscal.

La consulta se realizó vía teléfono celular, los días 18 y 19 de setiembre, a 723 personas de todo el  país y tiene un margen de error de ± 3.6 puntos porcentuales.

Percepciones sobre la crisis

En medio de los acontecimientos asociados a la discusión sobre la reforma fiscal, la mayoría de las personas considera que el problema fiscal es muy grave (85%) y afirman que se encuentran molestas con la situación que atraviesa el país (54%), mientras que solo la mitad de la ciudadanía (51%) cree que la crisis fiscal se origina en la incapacidad del gobierno para hacerle frente a sus compromisos presupuestarios.

Actitudes ante la huelga y posibles soluciones

Los resultados de la medición evidencian que el movimiento de protesta contra el plan fiscal posee apoyo popular, pues el 52% de la población encuestada apoya la huelga, mientras que un 26% la desaprueba y un 21% no tiene una posición definida.

El apoyo por la huelga es mayor entre las personas con nivel educativo de primaria o menos, entre las más jóvenes (18-34 años) y quienes viven en Guanacaste, Puntarenas y Limón.

Sin embargo, al consultar sobre los métodos utilizados en la protesta, ese apoyo se diluye. Un 72% de la ciudadanía está en contra de los bloqueos, un 93% desaprueba suspender servicios médicos, un 78% no está de acuerdo con suspender clases en escuelas y colegios y un 82% se opone a obstaculizar la distribución de combustibles, mientras que las marchas cuentan con un 76% de apoyo.  

En cuanto a las acciones gubernamentales para reaccionar al movimiento de protesta,  el 68% de ciudadanía consultada está en contra de que se use la fuerza para dispersar los bloqueos y el 73% no está de acuerdo con que se solicite la ilegalidad de la huelga.

Ante este panorama el 65% de las personas prefiere que se pause el trámite legislativo del proyecto para renegociarlo, el 21% lo rechazaría y el 14% lo aprobaría. La mayoría de las y los entrevistados considera que cualquier solución debe contemplar medidas de contención del gasto público, así como la aprobación de nuevos impuestos a las personas de más ingresos.

Evaluación de actores

La falta de respaldo a los métodos y objetivos de la lucha del movimiento social no se traduce en una buena imagen del gobierno ni de los líderes de la protesta, quienes por el contrario obtienen una calificación negativa.  En una escala de 1 a 10, en la que 10 es la mejor nota, el Presidente Carlos Alvarado recibió una calificación de 4,3, que corresponde a la misma nota que obtiene el líder sindical Albino Vargas.

Por su parte, el el Ministro de la Presidencia Rodolfo Piza obtuvo en esta misma medición una nota de 3,9; la Ministra de Hacienda Rocío Aguilar un 4,6 y el Ministro de Seguridad Michael Soto un 5,6; mientras que los sindicados en general obtuvieron una calificación de 5,5.

Información ciudadana

La medición evidencia que la ciudadanía se informa a través de la televisión y las redes sociales. En la actual coyuntura,  62% de las y los consultados se informa sobre la discusión de la reforma fiscal a través de los noticieros televisivos y el 16% recurre a las noticias periodísticas en redes sociales.

Población apoya negociación

Según el director del CIEP, Felipe Alpízar R., los resultados de la medición evidencian que existe apoyo popular respecto a la protesta social, pero no así respecto a los métodos empleados ni para los objetivos de la huelga. “Aunque se reivindica el derecho de los manifestantes a protestar, se condenan los métodos que restringen las libertades civiles y, al mismo tiempo, se rechaza abiertamente el uso de la fuerza por parte del gobierno para dispersar las protestas” señaló.

Alpízar destaca que la ciudadanía percibe la crisis fiscal como muy grave y está consciente de que no es posible postergar las decisiones en esta materia, por lo que se inclina por una salida negociada a la crisis que combine recortes de gasto público y nuevos impuestos.

 

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