El Observatorio de la Violencia Política contra las Mujeres del Centro de Investigación y Estudios Políticos se suma al Acuerdo Nacional contra la Desinformación y los Discursos de Odio, una iniciativa que busca fortalecer un debate electoral transparente, responsable y respetuoso de cara a las elecciones de 2026.
La propuesta fue presentada el 31 de octubre y reúne a organizaciones académicas, sociales y comunicativas comprometidas con la defensa de la democracia y la calidad del debate público. Entre las entidades impulsoras se encuentran el Centro de Investigación en Comunicación, la Escuela de Ciencias Políticas, el Centro de Investigación y Estudios Políticos, el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información y el Observatorio de la Violencia Política contra las Mujeres.
A esta iniciativa se suman organizaciones de la sociedad civil y del sector comunicativo como ACCESA, IDDECO, IPLEX, Jóvenes por Costa Rica, La Red por Costa Rica, Mujeres por Costa Rica, Punto y Aparte, Onda UNED y Voces Nuestras. Además, cuenta con el respaldo de la Defensoría de los Habitantes, FLACSO Costa Rica, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, el Programa Estado de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo como testigos de honor.
El acuerdo plantea como objetivo promover un ambiente informativo transparente y respetuoso de la dignidad humana durante el proceso electoral, reafirmando la importancia de la información verificada para el funcionamiento democrático.
Su impulso responde a un contexto de creciente preocupación por la desinformación y el deterioro del debate público. Datos recientes evidencian una disminución en la confianza en los medios de comunicación, así como una alta percepción de las noticias falsas como una amenaza para la democracia. A esto se suma el aumento sostenido de discursos de odio en entornos digitales, que impactan directamente en la convivencia democrática y en la participación política.
El documento establece principios orientados al rigor informativo, la responsabilidad, el pluralismo, la transparencia y la corrección oportuna. Asimismo, promueve la verificación de la información antes de su difusión, el rechazo a los discursos de odio y la generación de condiciones para una participación política informada y respetuosa.
Como parte del acuerdo, se conformará un equipo ciudadano de seguimiento encargado de dar monitoreo a su implementación, promover buenas prácticas informativas y fortalecer la educación cívica en torno al uso responsable de la información.
El acuerdo se mantiene abierto a la adhesión de candidaturas, partidos políticos, medios de comunicación, plataformas digitales, organizaciones y ciudadanía en general, como una apuesta colectiva por la defensa de la democracia y la construcción de un debate público más responsable.
Si usted desea ser parte puede firmar siguiendo este enlace.