En los últimos años, América Latina ha incorporado de manera progresiva la violencia contra las mujeres en la política dentro de sus marcos normativos. Este proceso ha permitido reconocer esta problemática en el ámbito jurídico e institucional, así como avanzar en su definición y formas de abordaje.
Al menos catorce países de América Latina han adoptado legislación orientada a abordar la violencia contra las mujeres en la política, en un contexto de mayor participación política de las mujeres y de consolidación de compromisos en materia de derechos humanos.
En este marco, el informe “Violencia contra las mujeres en política. Marcos regulatorios e implementación. Una aproximación al escenario de América Latina y el Caribe“, elaborado por ONU Mujeres y FLACSO Argentina , permite identificar un conjunto de tendencias en la forma en que los países han incorporado esta problemática en sus marcos normativos.
Contar con marcos normativos en esta materia permite reconocer la violencia contra las mujeres en la política como una expresión específica de la violencia de género. Asimismo, contribuye a establecer definiciones, delimitar competencias institucionales y orientar la actuación de las autoridades públicas en su atención.
En la región no existe un único modelo de regulación. Por el contrario, se observa una diversidad de enfoques. Algunos países han optado por leyes específicas, mientras que otros han incorporado esta problemática en leyes integrales de violencia de género o en legislación electoral. En varios casos, estas formas coexisten dentro de un mismo sistema jurídico.
Entre las principales tendencias identificadas se encuentra, en primer lugar, la existencia de distintas formas de regulación. Bolivia aprobó en 2012 la primera ley específica sobre acoso y violencia política hacia las mujeres, seguida por países como Brasil en 2021 y Costa Rica en 2022. En paralelo, países como Argentina y Uruguay han incorporado esta problemática dentro de sus leyes integrales de violencia de género. Por su parte, Ecuador y República Dominicana la han abordado desde la legislación electoral.
Una segunda tendencia es la expansión reciente de estos marcos normativos. La mayor parte de las regulaciones se ha adoptado en los últimos años. Ejemplos de este proceso incluyen la reforma de México en 2020, la ley de Panamá en 2020, la ley de Perú en 2021, la ley de Costa Rica en 2022 y la incorporación de esta problemática en la legislación de Chile en 2024.
Asimismo, se observa un desarrollo progresivo de la regulación en algunos países. Ecuador incorporó inicialmente la violencia política en una ley integral y posteriormente la integró en su normativa electoral. Panamá presenta una trayectoria similar, al pasar de una regulación general a una ley específica en la materia.
Finalmente, en varios países se identifica la coexistencia de distintos marcos normativos. México constituye un ejemplo de este enfoque, al haber incorporado la violencia política contra las mujeres mediante una reforma que modificó diversas leyes, lo que permite su abordaje desde diferentes ámbitos institucionales.
Marcos normativos en América Latina
A continuación se presenta un recorrido por algunas de las principales regulaciones adoptadas en la región, ordenadas según el año en que fueron aprobadas.
2024
Chile
Incorporó la violencia política contra las mujeres dentro de su legislación sobre violencia de género mediante la Ley N° 21.675, Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, vigente desde junio de 2024. Esta norma establece un marco legal para abordar la violencia de género en distintos ámbitos, incluido el político, y define diversas formas de violencia, así como medidas de protección y reparación para las víctimas.
2023
República Dominicana
Incorporó la violencia política contra las mujeres en su legislación electoral mediante la Ley N° 20-23, Ley Orgánica del Régimen Electoral. Esta normativa regula el funcionamiento del sistema electoral e incluye disposiciones relacionadas con la prevención y atención de la violencia política en el contexto de los procesos electorales.
2023
República de Costa Rica
Aprobó la Ley N.° 10235, Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política, la cual define esta forma de violencia, establece sus manifestaciones y delimita las competencias de las instituciones públicas para su atención.
2021
Brasil
Reguló la violencia política contra las mujeres mediante la Ley N.º 14.192 de 2021, que establece normas para prevenir, reprimir y combatir esta forma de violencia. La ley introduce modificaciones al Código Electoral, a la Ley de Partidos Políticos y a la Ley Electoral, con el fin de incorporar disposiciones específicas en esta materia.
Perú
Aprobó la Ley N° 31155, Ley que Previene y Sanciona el Acoso contra las Mujeres en la Vida Política, la cual establece definiciones, medidas de prevención y mecanismos para la atención de estos casos.
Venezuela
Incorporó la violencia política dentro de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, reformada en 2021, la cual reconoce distintas formas de violencia de género, incluyendo aquellas que se producen en el ámbito político.
2020
México
Integró la violencia política contra las mujeres mediante una reforma integral publicada en 2020 que modificó diversas normas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, integrando esta problemática en distintos ámbitos del sistema jurídico.
Panamá
Aprobó la Ley N° 184 de 2020, que reforma la Ley 82 de 2013 sobre violencia contra la mujer, incorporando disposiciones específicas sobre violencia política contra las mujeres y fortaleciendo su regulación en esta materia.
Ecuador
Incorporó la violencia política contra las mujeres mediante reformas al Código de la Democracia en 2020, integrando esta problemática en la normativa electoral y estableciendo mecanismos para su tratamiento en ese ámbito.
2019
Argentina
Incorporó la violencia política contra las mujeres mediante la Ley N° 27.533 de 2019, que modifica la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, incluyendo esta forma de violencia dentro de su marco legal.
2018
Uruguay
Reconoce la violencia política dentro de la Ley N° 19.580 de 2017, sobre violencia hacia las mujeres basada en género, la cual incluye diversas formas de violencia en el ámbito público y político.
2016
Paraguay
Incorpora la violencia política dentro de la Ley N° 5777 de 2016, de Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia, que establece un marco general para abordar la violencia de género.
2012
Bolivia
Aprobó la Ley N° 243 de 2012 contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, siendo la primera normativa específica en el mundo en esta materia. La ley define estas conductas y establece mecanismos para su prevención y sanción.