Incremento de casos de femicidio: distinción entre la exigencia de rendición de cuentas y la violencia política
Publicado: 13 de marzo de 2025
En lo que va del año, Costa Rica enfrenta una alarmante ola de femicidios. El incremento de la violencia machista, reflejado en el aumento de asesinatos de mujeres por razones de género, ha impulsado protestas de movimientos feministas y actores políticos. En este contexto, el 26 de febrero, 31 diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron una moción exigiendo rendición de cuentas, solicitando la renuncia de la Ministra de la Condición de la Mujer y respaldando una serie de demandas de los colectivos ante el agravamiento de la violencia de género.
En respuesta, la Ministra Cindy Quesada argumentó que la moción y los colectivos estaban ejerciendo violencia política en su contra, al responsabilizarla de la violencia patriarcal y cuestionar sus competencias. Además, denunció haber sido víctima de agresiones por parte de algunas diputadas, quienes negaron tales afirmaciones. Ante esta situación, el Presidente Rodrigo Chaves declaró que no destituiría a Quesada y descalificó a las diputadas impulsoras de la moción, refiriéndose a ellas con términos peyorativos.
La diputada Kattia Cambronero, una de las firmantes de la moción, declaró en la Asamblea Legislativa: “Nadie ha sido más patriarcal que ella, al permitir que el Presidente de la República cometa actos denigrantes contra las mujeres en la política. Ha sido cómplice complaciente de la escalada de violencia generada por el mandatario” (25 de febrero de 2025).
Desde el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, consideramos relevante este acontecimiento, ya que abre el debate sobre los límites entre la crítica a la gestión de una mujer política y la violencia política de género. Nos preguntamos: ¿Cómo diferenciar entre un cuestionamiento legítimo y una acción que, basada en razones de género, obstaculiza el ejercicio de sus derechos políticos?
En Costa Rica, la Ley 102351 define la violencia política contra las mujeres como “toda conducta, sea por acción, omisión o tolerancia, dirigida contra una o varias mujeres que aspiren o ejerzan un cargo público, basada en razones de género o identidad de género, que cause daño o sufrimiento y tenga como resultado menoscabar o anular el ejercicio de sus derechos políticos” (Art. 4).
En enero de este año, 18 diputadas y diputados presentaron un proyecto de ley para reformar la Ley 10235, ampliando las sanciones a quienes ejerzan violencia política contra las mujeres. La propuesta contempla la inhabilitación por ocho años de quienes ocupen la Presidencia, Vicepresidencia o altos cargos ministeriales y sean responsables de estas conductas. Este proyecto cuenta con el respaldo de diputadas que han denunciado ataques2 por parte del Presidente Chaves.
Una de las firmantes del proyecto es la diputada Johana Obando, quien, según el Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, fue la congresista que más violencia política digital recibió entre octubre de 2024 y enero de 2025. La diputada concentró un 54,1% de los comentarios negativos, de los cuales un 31,4% fueron clasificados como violencia política. Los ataques digitales se intensificaron tras reportajes que la vincularon con reuniones con Huawei, lo que derivó en amenazas contra su integridad. Ante la denuncia de la diputada por amenazas de muerte, el Presidente Chaves respondió con una descalificación irónica, minimizando su preocupación.
Estos hechos recientes forman parte de un contexto más amplio de violencia política contra las mujeres. En abril de 2024, 22 legisladoras de diversas fracciones firmaron un manifiesto público exigiendo a Chaves el cese de estas agresiones. En respuesta, la diputada Pilar Cisneros, jefa de fracción del partido oficialista, desestimó la denuncia y acusó a las congresistas de “victimizarse” y tener “la piel muy sensible“.
Desde hace meses se observa un aumento de casos identificados como violencia política contra las mujeres, denunciada por organizaciones feministas y diversas diputadas. La reacción del oficialismo ha sido, en su mayoría, minimizar e incluso ridiculizar estas denuncias. Este contexto debe considerarse al analizar la respuesta del Gobierno ante la moción presentada en la Asamblea Legislativa.
En esta coyuntura, surge otra interrogante: ¿Es pertinente calificar como violencia política de género, el ejercicio de control político realizado por las diputadas opositoras, que buscan denunciar la violencia contra las mujeres de las últimas semanas y el debilitamiento de las políticas gubernamentales contra esta situación? En caso de que la Ministra Cindy Quesada decida presentar una denuncia basada en la Ley 10235, corresponderá al Tribunal Supremo de Elecciones determinar si efectivamente se trata de violencia política de género o si, por el contrario, se está haciendo un uso oportunista del concepto.
Notas finales
- Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Política. ↩︎
- Entre algunos ejemplos, en noviembre de 2024, Chaves llamó a la diputada Sofía Guillén “diputadilla, comunista y resentida social”. En diciembre de 2024, Chaves llamó “mentirosa, vagabunda y tonta” a la diputada Dinorah Barquero Barquero”. ↩︎