• La Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica inauguró su II ciclo lectivo 2025 con la conferencia de Isabel Torres García, reconocida especialista en democracia, derechos políticos e igualdad de género, dedicada a examinar los avances jurídicos, normativos e institucionales de América Latina frente a la violencia contra las mujeres en política.

La conferencia titulada “Violencia contra las mujeres en política: desarrollos jurídicos, normativos e institucionales en América Latina”, impartida el miércoles 27 de agosto de 2025 por Isabel Torres García, abrió oficialmente el semestre académico en la Escuela de Ciencias Políticas de la UCR.

La actividad se organizó en conjunto con el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres y la Comisión de Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad, con el propósito de visibilizar y analizar los marcos legales, las políticas públicas y los mecanismos institucionales que buscan garantizar la participación plena y equitativa de las mujeres en la vida democrática de la región.

La actividad inició con las palabras de bienvenida de Tania Rodríguez, directora de la Escuela de Ciencias Políticas. Posteriormente, Marcela Piedra, coordinadora del Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, destacó el compromiso institucional de transversalizar la perspectiva de género en la docencia, la vida estudiantil y la gestión universitaria. En sus palabras, la Escuela busca consolidarse como “una escuela cada día más equitativa… no sólo desde lo discursivo, sino también desde la forma en que se evalúa a sí misma”.

Piedra también subrayó la labor de la Comisión de Género, Derechos Humanos e Interseccionalidad, orientada a generar un espacio libre de violencias, visibilizar y cuestionar el currículum oculto de género, así como promover la presencia de referentes académicas que fortalezcan la formación de las estudiantes.

En relación con el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres, creado en 2024 y adscrito al CIEP, Marcela Piedra señaló que su propósito central es generar conocimiento académico, visibilizar y monitorear el fenómeno, incidir en la agenda pública, sensibilizar a la sociedad y registrar sus diferentes manifestaciones. Subrayó, además, que el Observatorio trabaja en articulación con el Foro de Mujeres Políticas, el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) y diversas agencias del Sistema de Naciones Unidas y el Instituto Nacional de las Mujeres. De cara al 2025, indicó que la labor se concentra en el ámbito de los gobiernos locales y las elecciones nacionales.

Punto de partida: un problema de Derechos Humanos

La experta Isabel Torres García planteó el marco central de su exposición al afirmar que “la violencia contra las mujeres en la política es un problema de derechos humanos”, pues limita “el goce y ejercicio pleno… de los derechos políticos”, entre ellos elegir, ser electas, representar y participar en la toma de decisiones en condiciones de igualdad y sin discriminación. Recordó, además, que los Estados tienen obligaciones específicas en esta materia, derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y la propia Constitución Política.

Torres subrayó que la violencia que enfrentan las mujeres en la esfera política es un continuum de la manifestación de los distintos tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres en la sociedad, pero al ser su ámbito de expresión la vida política-pública, repercute en el goce y ejercicio pleno de los derechos políticos en sus distintas manifestaciones. Esas problemáticas han sido naturalizadas como parte del costo de la política para las mujeres, con consecuencias directas en su permanencia y participación. Señaló también que dichas manifestaciones se intensifican en contextos electorales y se agravan por la interseccionalidad de desigualdades vinculadas con la ruralidad, la pertenencia a pueblos indígenas, la edad o el acceso a redes de apoyo.

Entre desarrollos internacionales, destacó la Norma Marco para consolidar la democracia paritaria (2015) y, en la OEA, la Ley Modelo sobre violencia contra las mujeres en la vida política (2017) y la Ley Modelo sobre paridad (2025). También mencionó herramientas de la OEA para regulación partidaria y guías de litigio estratégico y defensa de derechos políticos.

Torres distinguió tres vías normativas en América Latina, para un total de 15 países con regulaciones en la materia:

• Leyes específicas sobre violencia contra las mujeres en política: Bolivia (2012), Brasil, Perú, Panamá, Costa Rica, México (vía reforma integral de ocho leyes electorales y conexas) y Colombia (la más reciente, a fines de 2024).
  
• Tipificación en legislación electoral: Bolivia, México, Ecuador, República Dominicana.
  
• Reconocimiento en leyes integrales por una vida libre de violencia: Bolivia, Panamá, Paraguay, Ecuador, Argentina, Uruguay, México, El Salvador, Venezuela y Chile.
  

Aún sin ley específica, el Estado puede actuar por obligaciones constitucionales e internacionales. Ejemplo: México estableció protocolos y construyó jurisprudencia antes de reformar su marco legal; hoy suma más de 100 resoluciones sobre violencia política y numerosa jurisprudencia sobre paridad. Ecuador también presenta desarrollos jurisprudenciales relevantes. En contraste, la debilidad de organismos electorales puede volver papel los protocolos (caso Honduras).

Torres citó el Informe de Normas Sociales de Género del PNUD el cual evidenció que aproximadamente 9 de cada 10 hombres y mujeres tienen sesgos de género; la mitad  cree que los hombres son mejores líderes políticos y más del 40% que son mejores ejecutivos; 25% cree que es justificado que un marido le pegue a su pareja. Concluye que la desigualdad de género es sistémica y enraizada en relaciones desiguales de poder. 

En el caso de Costa Rica, precisó que la Ley no solo define la violencia, sino que asigna obligaciones a partidos políticos, instituciones y municipalidades (medios de protección, sistemas de denuncia y sanción). De allí la relevancia del Observatorio para evaluar y producir datos e incidir en la política pública y en la agenda pública.