Autor/a: Juan Manuel Muñoz Portillo

Después de varios días de negociación en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, legisladores demócratas y republicanos alcanzaron un acuerdo para aprobar un paquete de estímulo fiscal denominado Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus; CARES, por sus siglas en inglés). Esta ley firmada por Donald Trump el pasado 28 de marzo, es por un total de 2,2 billones de dólares. Este paquete fiscal de ayudas es el más grande en la historia de Estados Unidos, superando, inclusive las políticas de rescate económico a raíz de la Gran Depresión y la Gran Recesión, que siguieron a las crisis financieras de 1929 y 2007-2008, respectivamente. 

El proyecto de ley fue introducido en el Senado por la fracción del Partido Republicano a mediados de marzo de 2020. No obstante, esto sucedió después de varios días en que distintos sectores, no solamente demócratas, demandaron al gobierno asumir un papel más proactivo en la mitigación de los efectos económicos de la crisis sanitaria inducida por el Covid-19. En poco más de una semana ambos partidos acordaron el plan fiscal de rescate más ambicioso de la historia de su país. Sin embargo, es probable que se quede muy corto. 

Cuando terminen las medidas de aislamiento social Estados Unidos seguramente iniciará un plan de reactivación económica que implicará otro cuantioso gasto fiscal. Entre más duren las medidas sanitarias para mitigar la epidemia del Covid-19, es muy probable que la recesión económica se profundice y la recuperación económica tarde más, con lo que, esperan algunos, las medidas contracíclicas para reactivar la economía no tendrán parangón en la historia. 

¿En qué consiste la Ley CARES? ¿Cómo alcanzaron los partidos demócrata y republicano el acuerdo para aprobarla? ¿Cómo se financia y cuáles son sus riesgos en términos fiscales y monetarios? En esta contribución se presentan respuestas a esas preguntas. 

La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus 

Por una parte, la Ley CARES propone un cambio temporal al seguro de desempleo que paga cada estado de los Estados Unidos, buscando mejorar un poco las condiciones actuales. En primer lugar, compensará el salario de los trabajadores despedidos durante cuatro meses, en lugar de tres como es habitual. En segundo lugar, los trabajadores recibirán, además de lo que su Estado les está pagando por desempleo un monto adicional de US$600 pagado por el gobierno federal.

Por ejemplo, el estado de Missisipi paga normalmente US$235 mensuales, hasta por un período de tres meses. Con las medidas de emergencia por el corona virus, una persona desempleada que se acoja al seguro recibirá ese mismo monto, además de US$600. O sea, un total de US$875 por un periodo de cuatro meses. Este seguro también cubrirá a los llamados trabajadores de la “economía Geek”, como los conductores de Uber, quienes anteriormente, estaban excluidos del seguro de desempleo.

Otra medida que también llama mucho la atención es un subsidio por US$1.200 que recibirán las personas adultas estadounidenses con un número de seguridad social, que se encuentre o encontrara trabajando al momento de inicio de la epidemia y que tenga ingresos inferiores a US$75.000 al año (esto es más o menos 3.6 millones al mes). 

Las parejas casadas recibirán el doble, y cada familia elegible podrá recibir US$500 adicionales por hijo o hija. Este pago de una única vez no cubre a las personas dependientes, definido como personas menores a 17 años y tampoco a personas sin número de seguridad social. En este sentido, los dreamers, la población de personas que migraron siendo niños y que tienen un período de tiempo diferido para permanecer en el país, sin ser deportados, no están cubiertos por el programa.

El subsidio está dirigido a todas las personas adultas en condición de trabajo o que lo estaban buscando, se hayan visto afectadas o no por pérdida de ingresos a raíz de las medidas sanitarias impuestas para prevenir el esparcimiento del virus que causa la enfermedad Covid-19. 
Además del aumento en tiempo y dinero, por concepto de seguro de desempleo, la Ley CARES creará un programa de préstamos flexibles de $500 mil millones para grandes empresas, gobiernos locales y estados y un fondo de $ 367 mil millones para pequeñas empresas. El plan también proporciona $130 mil millones a hospitales.
Las compañías también contarán con ayudas fiscales; por ejemplo, el aplazamiento del 6,2% de la cotización a la Seguridad Social de sus nóminas. 

La negociación en el Congreso de los Estados Unidos

Las discusiones sobre el presupuesto en ese país son, como en otras naciones, un tema de conflicto entre los principales partidos del país. El debate sobre los papeles del mercado y del Estado, en la generación y redistribución de riqueza en la sociedad se suele reflejar en el sistema bipartidista de los Estados Unidos. 

Un amplio número de miembros del Partido Republicano, no cree o no apoya criterios progresivos en los impuestos. En este sentido, creen injusto una tasación más alta para las personas ricas. No es sorpresa que en durante la administración de Donald Trump se haya recortado un impuesto para los llamados “super ricos”. 

Este grupo de republicanos tampoco cree en el gasto público más allá de funciones básicas, como policía. Su rechazo al gasto público es mayor si este va a ser financiado con deuda pública. También se ha opuesto a un sistema de seguridad social financiado por el Estado. Algunas críticas se relacionan con su apoyo a los servicios privados —por ejemplo, de salud— pero también alegan que cosas como el seguro de desempleo —más alto en varios países europeos— incentiva a las personas a no buscar trabajo.

Por su parte, miembros y simpatizantes del Partido Demócrata —aunque en distintos grados— tienden a favorecer la redistribución a través de política social, que atienda desigualdades en la distribución del ingreso y brinde seguridad social, como salud, seguro de desempleo y educación. 

Estos problemas también se han visto en periodos de crisis. Las negociaciones del presupuesto federal de 2011 y 2013 paralizaron servicios en instituciones públicas, durante el gobierno de Barak Obama (2009-2015), ante insistentes demandas de senadores republicanos para que se impusieran límites a la deuda de ese país. Esta venía creciendo debido a las medidas anticíclicas para aplacar los efectos económicos de la Gran Recesión. 

Sin embargo, esta vez es diferente. La discusión de este proyecto comenzó a mediados de marzo y se aprobó dos semanas después. En los días previos a la introducción del proyecto en el Senado, ya se venía hablando en círculos políticos y académicos de la necesidad de que el gobierno federal de Estados Unidos tomará un papel más proactivo en la crisis, mediante política fiscal y política de salud pública. 

El proyecto de ley fue introducido en el Senado por el partido republicano, con medidas fiscales que sumaban alrededor de US$1 billón.  Sin embargo, con un subsidio de una única vez de US$1.200 dólares para personas con ingresos inferiores a US$75.000 anuales, los demócratas reclamaban que el plan se quedaba corto en la protección de la clase trabajadora, mientras que estaría beneficiando a grandes compañías. En este sentido, el proyecto incluyó US$50 mil millones en préstamos blandos a aerolíneas y US$150 mil millones a compañías en sectores no especificados. 

Grandes empresas, como las principales aerolíneas de Estados Unidos, han sido criticadas. Las aerolíneas en los últimos cinco años han obtenido ganancias muy altas y, en lugar de pagar sus deudas existentes, han, aparentemente, obtenido otras nuevas, al tiempo que sus ganancias han sido invertidas en recompra de acciones de las mismas aerolíneas. Con esto, se beneficiaría a los tenedores de acciones quienes, en su mayoría, serían personas muy adineradas. Los ejecutivos de las aerolíneas estarían al tanto del riesgo que significa tener un alto nivel de deuda que pudo ser pagado con los réditos de sus empresas. 

Debido al tamaño de estas compañías y sus potenciales efectos en la economía nacional, los costos ante un evento como la crisis financiera de 2007-2008 o el Covid-19, serían asumidos por el Estado. Es decir, las potenciales pérdidas serían colectivizadas a través salvamentos financiados con impuestos. En economía a esto se le conoce como riesgo moral.

El subsidio de US$1.200 llama la atención porque tiene la apariencia de ser un estímulo económico, como la propuesta de salario básico universal (SBU), a ser recibido mensualmente hasta que las medidas de aislamiento social terminasen. Sin embargo, es diferente. La propuesta de SBU fue introducida en la primera quincena de marzo por los representantes demócratas ante la Cámara Baja, Alexandria Ocasio Cortés, Andrew Yang y Tulsie Gabbard. Desde antes de la crisis por la epidemia del coronavirus, el SBU fue un tema de campaña del exprecandidato presidencial, Andrew Yang, en el presente proceso electoral primario del Partido Demócrata.

Sin embargo, varios legisladores republicanos consideran que una propuesta como el SBU puede generar incentivos para que las personas no busquen trabajo. En general, debe tomarse en cuenta que el SBU es una idea más alineada en las propuestas de política del Partido Demócrata. No sólo genera rechazo entre algunos republicanos —aunque otros parecían apoyarla al principio—, también, se podría interpretar, como una oportunidad para el Partido Demócrata de introducir reformas sustanciales a la propuesta de los republicanos. Los republicanos habrían buscado bloquear cualquier “tinte” demócrata en la ley.

El balance de las negociaciones en época de campaña electoral podría sugerir que es una victoria para el gobierno de Donald Trump. El alivio económico de la Ley CARES probablemente será utilizado por el presidente Trump como un logro de su administración. Por otra parte, los demócratas no alcanzaron el objetivo de aprobación del SBU ni tampoco reducir la propuesta del subsidio a las grandes empresas. Sin embargo, sí lograron incluir mejoras en el presupuesto para la atención de la salud y los hospitales, como otras partidas más pequeñas para la seguridad social. 

A pesar de estos obstáculos para los demócratas, debe tomarse en cuenta la gravedad de la situación y la urgencia de aprobar esta ley lo más pronto posible, lo que fue un factor influyente en el apoyo de los demócratas en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos.

¿Cómo se financia la Ley CARES y cuáles son los riesgos fiscales y monetarios?

La Ley CARES se financia principalmente con bonos de deuda del gobierno de los Estados Unidos. En principio, el gobierno coloca los bonos en los mercados de deuda como lo hace normalmente. La crisis por el Covid-19 ha golpeado a los mercados financieros a nivel mundial y muchos inversionistas han buscado cambiar sus inversiones —por ejemplo, de acciones de compañías privadas— a inversiones que se cree son más seguras. Este último es el caso de los bonos del Tesoro estadounidense. En este sentido, el gobierno de ese país no ha tenido problemas para adquirir ese financiamiento extra. 

La Reserva Federal de Estados Unidos —el banco central de este país, o Fed, como se le conoce—está asumiendo un rol muy proactivo para mitigar los efectos económicos de la crisis. Esto tiene ramificaciones no sólo en la política monetaria, sino también la política fiscal y la economía del país. Por una parte, al buscar inversiones seguras como bonos del gobierno estadounidense, hay mayor riesgo de recesión porque el dinero no circula. Por otra, habría una afectación en las tasas de interés y mayores costos de servicio de la deuda para Estados Unidos si la percepción de riesgo sobre su capacidad de pago aumenta. Para prevenir estos problemas es que la Fed interviene.

La Fed “imprime” dólares para comprar principalmente bonos del gobierno de los Estados Unidos en los mercados financieros. Esto ayuda a mantener las tasas de interés bajas, reduciendo los costos de servicio de la deuda. En otras palabras, la Fed se convierte en prestamista para el gobierno federal. Al momento de escribir, existe una alta demanda de dólares debido a que las transacciones comerciales internacionales —también afectadas por la pandemia—se tranzan en su mayoría en esa moneda. Por otra parte, personas y organizaciones están buscando ahorrar o invertir en esa divisa considerada como más segura que otras.

En perspectiva comparada, la estrategia de imprimir moneda para comprar deuda de gobierno —y otros bienes de capital—, denominada expansión cuantitativa, había sido aplicada por varios bancos centrales de las economías más grandes del mundo a partir de 2008, para paliar los efectos de la Gran Recesión. También ha sido aplicada nuevamente con la crisis de la pandemia del Covid-19. Similar a como sucede con el dólar estadounidense, sus monedas son apetecidas —aunque tal vez en menor medida— en los mercados internacionales. Son los casos del Banco Central Europeo —que controla la oferta monetaria de euros en los países de la zona euro— y del Banco de Japón. 

El Banco de Inglaterra ha sido más agresivo en su abordaje, ya que ha anunciado que financiará temporal y directamente al gobierno británico, porque este último está encontrando difícil colocar sus bonos en los mercados de deuda.

Las medidas de expansión cuantitativa para financiar la deuda de los gobiernos despiertan temores de una posible inflación. No obstante, analistas como Olivier Blanchard —ex Economista en Jefe del Fondo Monetario Internacional—, concuerdan en que son medidas necesarias y que, dadas las perspectivas actuales, pensar en un riesgo inflacionario es prematuro. Durante gran parte de la década de 2010, las tasas de interés en las economías grandes se han mantenido bajas buscando estimular la producción y el consumo; sin embargo, con poco éxito. Han sido las medidas de expansión cuantitativa, a pesar de sus críticas, las que, aparentemente, más impacto han tenido y las que tal vez gustan más en los mercados financieros.

Por otra parte, como se mencionó, algunos sectores manifiestan rechazo al aumento de la deuda del gobierno de los Estados Unidos y a mantener altos déficits fiscales. No obstante, las tasas de interés sobre la deuda de Estados Unidos se han mantenido muy bajas desde hace varios años, por lo que los costos no son altos y tampoco se espera que lo sean en los años por venir. Especialmente, debido al papel proactivo que están teniendo los bancos centrales de estas economías. Empero, los costos de repago de la deuda probablemente serán asumidos por las generaciones futuras. La urgencia de la crisis lo ha ameritado.

Desde el Observatorio de los Estados Unidos se seguirá analizando la evolución de esta situación y cuáles son las implicaciones para países de economías más pequeñas, como Costa Rica.