El presidente estadounidense Joe Biden ha comenzado a implementar una serie de medidas hacia Centroamérica ya desde estos primeros meses de gestión. Su estrategia hacia la región está centrada exclusivamente en Guatemala, Honduras y El Salvador, conocidos como el Triángulo Norte. Como se verá a continuación, su tema prioritario para Centroamérica tiene que ver con la inmigración desde la región a los EE. UU., aunque también se le ha dado un grado importante de atención a los líderes que han estado atentando contra la democracia y los DD. HH. en Honduras y El Salvador. Un último aspecto que se puede encontrar en menor medida tiene que ver con las primeras señales de cooperación bilateral, específicamente con Guatemala.
Migración
Las primeras acciones significativas de la Administración Biden hacia Centroamérica giran en torno a la atención de la alta inmigración que reciben los estadounidenses desde el Triángulo Norte. En primer lugar fue publicada una orden ejecutiva donde se propone una estrategia para abordar las causas de la inmigración a EE. UU. a través de México y Centroamérica en la cual se insta a la participación de otros actores regionales, estatales y no estatales, al tiempo que busca fortalecer el sistema de asilo y expandir las oportunidades legales para migrar a territorio estadounidense. El mismo día emitió una hoja de hechos explicando con más detalle algunas de las medidas.
Pero la acción más significativa en la materia es una reforma migratoria impulsada por Biden a través del Congreso de los EE. UU. por medio de la congresista Linda T. Sánchez y el Senador Bob Menendez. Esta busca crear un nuevo mecanismo para que individuos indocumentados se ganen la ciudadanía con la posibilidad de aplicar temporalmente al estatus legal mientras transcurre el proceso, además de mantener unidas a las familias indocumentadas, prohibir la discriminación por motivos religiosos como justificante para vetar la entrada a personas y limitar la autoridad presidencial a la hora de establecer futuros vetos. Tales medidas pretenden desarticular el enfoque de la Administración Trump, al atender dicha problemática sin actuar en detrimento de los DD. HH.
Democracia y derechos humanos
También sobresalen las medidas de presión a aquellos presidentes que han generado un déficit reciente en materia de democracia y DD. HH, exceptuando el silencio hacia la gestión de Daniel Ortega en Nicaragua. En el caso de Nayib Bukele de El Salvador, resalta el hecho de que el líder viajó a EE. UU. con la intención de dialogar, pero ninguna persona de la Administración Biden estuvo dispuesta a recibirlo. Además hay varios congresistas, demócratas y republicanos, que continúan presionándolo por medio de cartas públicas.
El caso hondureño parece más complicado, porque el Secretario de Estado Antony J. Blinken manifestó al régimen la intención de mantener la alianza estratégica, sin dejar de mencionarle las amenazas que sufre el Estado de Derecho. Al mismo tiempo una serie de senadores demócratas (Jeff Merkley, Patrick Leahy, Richard Durbin y Elizabeth Warren) impulsaron un proyecto de ley para sancionar al Gobierno hondureño. Esto podría dar muestras del esfuerzo de la Administración Biden por balancear sus intereses geopolíticos con la defensa del orden liberal. No obstante, las acusaciones efectuadas por un fiscal estadounidense de que el presidente Juan Orlando Hernández estaría involucrado en una red de narcotráfico podrían complicar la situación.
Cooperación bilateral Una última acción sobresaliente fue la llamada que sostuvieron Joe Biden y el presidente de Guatemala Alejandro Giammattei, primera y única llevada a cabo por el actual presidente estadounidense hacia la región centroamericana al momento de escribir este informe, a mediados de marzo. Abordaron temas como la cooperación estratégica con miras a mitigar la migración irregular, además de asuntos seguridad, comercio, combate al narcotráfico y lucha contra la corrupción