Por María de la Paz Flores Chaves y Diego Vega Rojas

Observatorio de los Estados Unidos

Migración

El Departamento de Seguridad Nacional ha emitido un memorando donde ofrece una serie de lineamientos encaminados a realizar las detenciones y el procesamiento de migrantes desde un enfoque humanitario. El principio rector de los lineamientos es que no se debe ejecutar una acción de cumplimiento en materia de seguridad en o cerca de un área protegida. Es decir, en una ubicación donde se restrinja el acceso de las personas a los servicios esenciales o su participación en actividades esenciales.

Esto se da en posible respuesta a reportes como el publicado por la organización Human Rights Watch donde detallan más de ciento sesenta casos de abusos y de mala conducta a mano de oficiales fronterizos, a partir de testimonios que fueron recibidos por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security). Esto evidencia el largo camino que tiene la administración Biden-Harris por recorrer en términos de una migración humanitaria.

El mismo ente gubernamental hizo público un memorando eliminando una vez más los Protocolos de Protección Migratoria instaurados por el gobierno de Donald Trump (2017-2020), ofreciendo como justificación principal que los beneficios obtenidos en términos de reducción de la migración irregular, son sobrepasados por los costos en lesiones a los derechos humanos de migrantes y refugiados. Cabe recordar que un juez distrital del estado de Texas dejó sin efecto el memorando anterior que perseguía el mismo fin, el cual luego la Corte Suprema de Justicia desestimó ante una apelación del presidente Biden, aduciendo que no lograba demostrar que tal medida fue emitida de forma arbitraria y caprichosa. Aún está por verse si varios estados sureños en contra de la medida o también miembros del Partido Republicano intentarán revertirla de nuevo. Lo que sí es evidente es que estas acciones presentan un quiebre dentro del gobierno entre aquellos que quieren una frontera más humana y aquellos que consideran que, debido a la coyuntura del COVID-19 y la situación política actual, se deberían pensar las consecuencias políticas a largo plazo.

Por otra parte, la oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. publicó datos actualizados al año fiscal de 2021, en el cual se superaría el récord establecido en 2000 de encuentros de inmigrantes cruzando la frontera sur estadounidense sin autorización. Sin embargo,  Jessica Bolter del Migration Policy Institute, señala que a inicios de la década de 2000 no se llevaba un registro de los individuos específicos que eran interceptados. Esto hace difícil determinar si en verdad, recientemente, ha habido aumento de migrantes intentando cruzar la frontera de forma irregular. A pesar de lo anterior, Bolter estima que el número de individuos específicos sería similar entre ambos años.

Finalmente, Andrew Selee, presidente del Migration Policy Institute, publicó un artículo en la revista Foreign Policy donde informa de un recorrido realizado por distintas comunidades de Guatemala y Honduras. En este buscó identificar diferencias entre comunidades que expliquen si un mejor estilo de vida en comparación a otras se relaciona con menores tasas de emigración. Selee concluye que es importante fijarse en y expandir las ideas que ya han dado resultados, la creación de vías legales para facilitar la migración circular de trabajadores estacionales en EE.UU. Asimismo, propone expandir los mecanismos de protección para personas en peligro e impulsar iniciativas que les permitan a las personas mejorar el bienestar de sus comunidades. Este ha sido el caso de inversiones en Centroamérica realizadas por miembros de la diáspora que se encuentra en territorio estadounidense.

Sanciones a Nicaragua

El presidente estadounidense Biden emitió una declaración condenando las elecciones fraudulentas del 7 de noviembre en Nicaragua. Al mismo tiempo, llama a la Administración Ortega-Murillo a restaurar la democracia en el país centroamericano y declara que EE.UU., en coordinación con otros actores de la comunidad internacional, continuará presionando por medios económicos y diplomáticos para apoyar a las y los nicaragüenses y pedir cuentas al gobierno autoritario por sus acciones. También indica que la Carta Democrática Interamericana obligaría al hemisferio occidental a defender los derechos democráticos de la población de ese país.

Días después el presidente estadounidense difundió un memorando donde indica que, en vista de que el Gobierno nicaragüense continúa suprimiendo los derechos humanos y la democracia del país centroamericano, está en el interés de Estados Unidos restringir y suspender la entrada al territorio de la potencia anglosajona a miembros del Gobierno de Nicaragua y personas relacionadas. Entre las personas incluidas en la lista se cuentan miembros del Gobierno y sus asesores, alcaldes y otras autoridades locales, oficiales de las fuerzas de seguridad nicaragüenses, oficiales de la administración penitenciaria, miembros del sistema judicial, sus familias y personas no gubernamentales que sirven como sus agentes.