Por María de la Paz Flores Chaves y Diego Vega Rojas

Observatorio de los Estados Unidos

Migración

A mediados de setiembre, el Juez de la Corte Federal del Distrito de Columbia, Emmet G. Sullivan, emitió un mandato judicial preliminar para bloquear la aplicación del Título 42 del Código de los Estados Unidos. Esta es una regulación que forma parte de la normativa sobre salud pública de ese país. Dispone que las autoridades competentes, según lo apruebe el presidente, podrán prohibir la entrada al país de personas de terceros países, por razones de salud pública. Fue bajo el gobierno de Donald Trump que se comenzó a aplicar esta interpretación para negar la solicitud de asilo de muchas de las personas inmigrantes.

Con la decisión del juez también se suspendió temporalmente la expulsión de familias migrantes por parte de las fuerzas migratorias estadounidenses. Esta resolución preliminar se da en el marco del caso Huisha-Huisha v. Mayorkas, el cual tuvo origen en una demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil contra el Gobierno estadounidense, con la intención de poner fin definitivo a la prohibición impuesta a personas inmigrantes bajo el Título 42. Sin embargo, una corte federal de apelaciones acogió la apelación que hizo el Gobierno estadounidense antes que entrara en efecto la suspensión temporal, de modo que se ha permitido continuar con la política de expulsión de migrantes mientras avanza el caso Huisha-Huisha v. Mayorkas. Las organizaciones de la sociedad civil centradas en atender migrantes no hicieron esperar sus críticas al presidente Biden, argumentando que se aleja de sus promesas de campaña.

Como balance a la acción anterior, el Buró de Población, Refugiados y Migración del Departamento de Estado proveerá $20 millones adicionales para asistir a solicitantes de asilo, refugiados y migrantes en México y Centroamérica. Se enfocarán en financiar el acceso a protección internacional, a salud mental y apoyo psicológico, a asesoría legal, asilo y acceso a servicios de salud. Además, una porción del presupuesto se dirige a

apoyar la construcción de capacidades de protección para los gobiernos de la región, pero no se especifica a qué se refieren con esta medida.

La Administración Biden se encuentra, así, en una encrucijada entre su discurso migratorio pro DD. HH. enfocado en generar resultados a largo plazo, y la continuación de las políticas migratorias duras de Trump para lograr contener la crisis migratoria a corto plazo.

Ahora bien, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, entre otras el Washington Office on Latin America y Refugees International, emitió un informe donde sistematiza experiencias de violaciones a los derechos de migrantes y refugiados ocurridas en México, que han sido documentadas desde agosto a septiembre de 2021. Encuentran que la aplicación de las políticas migratorias actuales, tanto de EE. UU. como de México, violan los derechos de migrantes y refugiados, lo cual entra en contradicción con sus compromisos encaminados a darle un trato humanitario a estas personas. Al mismo tiempo, contravendría las responsabilidades que esos gobiernos tienen para proteger tales derechos según el derecho nacional e internacional. Asimismo, en el informe recomiendan al Gobierno estadounidense hacer a un lado las presiones a los Gobiernos de México y Centroamérica para disuadir la migración, y en su lugar, llaman a trabajar con tales actores para implementar, entre otras acciones, el procesamiento humanitario de refugiados.

Durante el gobierno de Donald Trump unas 1000 familias quedaron separadas, como consecuencias de sus políticas duras de inmigración. En 2018 un juez federal ordenó que se tomarán las acciones pertinentes para que en 30 días se consolidara su reunificación. El problema quedó sin resolver el resto de su administración y, entonces, el gobierno de Biden creó el programa Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar (GTRF). Un reportaje reciente de la periodista Sharyn Alfonsi para 60 Minutes (CBS News), sobre el GTRF, reveló que en los siete meses de implementación del programa solamente 52 familias se han reencontrado y se estima que quedan pendientes alrededor de 1.000 más. Un factor que explicaría la lentitud para dar resultados sería que la Administración Trump no desarrolló algún sistema para documentar las separaciones familiares en 2018. De modo que el equipo cuenta con información incompleta y debe recurrir a investigaciones caso por caso.

Audiencia del Congreso de los Estados Unidos sobre autoritarismo en Nicaragua

El subcomité encargado del Hemisferio Occidental dentro del Comité sobre Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., abrió una audiencia para recolectar evidencia de la persecución política que Daniel Ortega está dirigiendo contra sus opositores en Nicaragua, entre otras violaciones a los derechos civiles y políticos. Una de las panelistas llamadas a testificar es la Expresidenta costarricense Laura Chinchilla, quien afirma que la crisis en Nicaragua traerá consecuencias para la región en las siguientes áreas: 1) Un incremento en la migración forzada; 2) una ruptura en el comercio regional; 3) un incremento de gobiernos no democráticos y 4) una amenaza a la seguridad regional, debido a la cooperación que ofrece Rusia a Nicaragua.

La expresidenta ha propuesto solicitar a organizaciones nacionales e internacionales elaborar reportes que den cuenta de las violaciones a derechos humanos, pide invocar el Artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Nicaragua de su participación en la OEA, y congelar activos de la familia Ortega Murillo en el extranjero. Además, llama a bloquear el comercio con Nicaragua y el financiamiento que le dan otros países y organismos internacionales. Solicita que las fuerzas militares de EE. UU. dejen de apoyar a su contraparte nicaragüense. Pide un aumento de la ayuda humanitaria para los nicaragüenses exiliados, y llama a la comunidad internacional a intentar evitar el fraude o, si es inevitable, a no reconocer la legitimidad de las elecciones nicaragüenses.

Diálogo de seguridad de alto nivel entre Estados Unidos y México

A inicios del mes de Octubre, una delegación estadounidense liderada por el secretario de Estado Anthony Blinken llegó a México para formar parte de un diálogo de seguridad de alto nivel. Durante la jornada, se discutieron temas como la estrategia para detener el tráfico de armas y drogas ilícitas, tráfico de personas y contrabando entre las fronteras.

El Marco bicentenario para la seguridad, salud pública y comunidades seguras de México-Estados Unidos, establece un plan de acciones bilaterales para buscar la salud y seguridad de la sociedad. Es alimentado por las políticas antidrogas de la Administración Biden-Harris, cuyo objetivo es reducir la demanda de droga y las sobredosis, además de salvar vidas, mediante los enfoques de equidad racial, la prevención comunitaria del crimen y la promoción de esfuerzos que mitiguen el daño.

Este marco bicentenario vendría a reemplazar la Iniciativa Mérida, que fue firmada en el año 2007, entrando en vigencia el año siguiente. Esta iniciativa estaba basada en un concepto de “responsabilidad compartida” en la lucha contra el narcotráfico; México se comprometía a lidiar con la corrupción, Estados Unidos prometía tratar la demanda interna de drogas y tráfico ilícito de armas. La apertura al diálogo entre México y Estados Unidos (un foco importante en la administración Biden-Harris), ha sido descrita de esperanzadora, especialmente para todos aquellos detractores de la Iniciativa Mérida.