El Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres expresa su firme rechazo ante hechos recientes, ocurridos en distintos espacios de la vida política nacional, que confirman que las expresiones descalificadoras y degradantes hacia mujeres que ejercen cargos públicos siguen presentándose con una frecuencia inaceptable. Lo que debería ser la excepción se está convirtiendo en un patrón recurrente del debate político costarricense.
Apenas la semana pasada, el país fue testigo de un nuevo episodio de esta problemática: durante una intervención de control político en el plenario legislativo, un diputado se refirió a la presidenta de la República en términos condescendientes que cuestionaban su capacidad e inteligencia, lo que provocó la suspensión de la sesión y una ola de reacciones. Aunque el legislador ofreció disculpas posteriormente, el hecho generó un ambiente de confrontación en el que, lejos de resolverse con respeto, distintas figuras políticas respondieron también con insultos y descalificaciones, evidenciando cómo en el debate político se está naturalizado recurrir a la ofensa personal en lugar del debate de fondo.
Y la situación no se detuvo ahí. Esta semana, otra legisladora se refirió públicamente a las diputadas Claudia Dobles y Abril Gordienko con una expresión de connotación sexual —que el propio Diccionario del Poder Judicial define como una forma de comercio sexual—, al calificarlas despectivamente por su postura política. Pese al reclamo público de las diputadas afectadas y de un compañero de su propia fracción, la legisladora responsable se negó a disculparse, obligando a que fuera el jefe de su bancada quien ofreciera disculpas en nombre del partido. Diputadas de otras fracciones señalaron con razón que, incluso en la Asamblea con más mujeres legisladoras de la historia del país, este tipo de agresiones —incluso entre mujeres— se sigue repitiendo con impunidad.
Dos episodios con pocos día de diferencia dirigidos a mujeres que ocupan cargos de elección popular, no son una coincidencia: son la evidencia de que la violencia política por razón de género se ha vuelto una herramienta habitual del enfrentamiento partidario y de que negarse a pedir disculpas o minimizar lo dicho se está normalizando tanto como la agresión misma.
La Ley N.° 10.235 es clara, constituyen violencia política las conductas que, por razones de género, menoscaban la credibilidad o capacidad política de las mujeres mediante ofensas, insultos, calificativos humillantes o burlas. La normativa, también, contempla las expresiones con connotación sexual y aquellas que reproducen estereotipos y roles de género para descalificarlas. No se trata de una zona gris ni de una cuestión de sensibilidad: es una conducta tipificada y sancionable.
La crítica, el disenso y la confrontación de ideas son pilares de la democracia y están protegidos por la libertad de expresión. Pero cuestionar una idea, una decisión o una gestión no es lo mismo que descalificar a una mujer por su condición de mujer. Confundir ambas cosas —deliberada o involuntariamente— es lo que ha permitido que estas prácticas se repitan sin consecuencias reales.
El Observatorio hace un llamado a quienes ejercen cargos de representación, autoridad y liderazgo, que asuman con seriedad la responsabilidad que les corresponde por su función pública. El silencio, la minimización o la respuesta con más violencia ante estos hechos sólo perpetúan un clima hostil que aleja a las mujeres de la vida pública.
Costa Rica no puede aspirar a una democracia plena mientras las mujeres que ejercen o buscan ejercer cargos políticos deban hacerlo bajo el riesgo constante de ser descalificadas, humilladas o silenciadas por razón de su género. Erradicar la violencia política contra las mujeres no es una aspiración, es una obligación democrática impostergable.
Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres
San José, 14 de agosto de 2026.