Jueves 04 de julio del 2024

II Boletín Bimensual – Observatorio de los Estados Unidos

Trump: ¿Culpable o inmune?

El expresidente Donald Trump, mientras compite por la presidencia, se enfrenta a cuatro procesos judiciales, entre estos cargos federales de subversión electoral. Producto de esta situación, el expresidente reclamaba que la inmunidad presidencial, de la cual gozó durante el cargo, podía ser extendida al sistema penal de justicia. La inmunidad presidencial, dicta que un presidente no puede ser demandado ni procesado penalmente por ciertos actos. Sin embargo, esto únicamente aplica para demandas civiles, no para cargos criminales, por lo cual, el tribunal federal de apelaciones declaró que Donald Trump no es inmune al proceso de investigación por presuntos delitos que cometió durante su presidencia. Según declaró el tribunal: “No podemos aceptar que la oficina de la Presidencia coloque a sus antiguos ocupantes por encima de la ley para siempre”.

Este conflicto por la definición de los alcances de la inmunidad presidencial ocasionó que esté en cuestión el enjuiciamiento por el intento de anular las elecciones de 2020. En caso de que la Corte falle a favor de concederle a Trump la inmunidad, este fallo podría traer implicaciones para otras causas penales que tiene abiertas el exmandatario, y serviría para obtener pistas sobre la rapidez con que el asunto irá a juicio. La decisión de la Corte Suprema se espera para finales del mes de junio, por lo cual, a continuación, exponemos algunos posibles resultados:

Tabla 1. Posibles escenarios tras el fallo de la Corte Suprema

Elaboración propia, a partir de Fritze (2024).

Con esta apelación, no obstante, se demuestra como una parte clave de la estrategia legal de Trump ha sido retrasar sus casos penales hasta después de las elecciones de 2024. Sin embargo, en el marco de un juicio por el pago a la actriz de cine para adultos, su estrategia se ha visto manchada por un impasse, ya que recientemente un jurado popular declaró culpable de 34 delitos a Donald Trump, convirtiéndolo en el primer expresidente de Estados Unidos en ser condenado en un juicio penal. El juez Juan Merchan fijó la fecha de sentencia de Trump para el 11 de julio de 2024, a las 10 a.m., pocos días antes del inicio de la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. La sentencia podrá implicar una multa, libertad condicional o supervisada, o una pena de prisión. En caso de apelación, el proceso podría tardar meses, o incluso años.

Ahora bien, hay que recordar que este caso surge porque el fiscal de distrito de Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, anunció cargos contra Trump por la presunta falsificación de pagos. En concreto, la actriz conocida como Stormy Daniels recibió un pago antes de las elecciones presidenciales de 2016 para comprar su silencio por un presunto encuentro sexual entre ambos en 2006, cuando Trump ya estaba casado con su actual esposa, Melania. Si bien pagar por silencio no es un delito en EE.UU, los fiscales alegaron que Trump falsificó intencionalmente documentos para ocultar su pago a Cohen bajo la apariencia de un anticipo por servicios legales.

Este resultado legalmente no le impediría a Trump mantenerse en la disputa por la presidencia de los Estados Unidos, ya que la Constitución establece pocos requisitos para los candidatos presidenciales: tienen que tener más de 35 años, ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento y haber vivido en el país por, al menos, 14 años. Sin embargo, en términos políticos hay que observar la influencia que tenga este fallo en las decisiones de los votantes. Asimismo, se debe aclarar que en este caso de ser presidente, Trump sería incapaz de indultarse a sí mismo. Esto debido a que el presidente de los Estados Unidos únicamente puede insultar casos de índole federal, mientras este es un caso estatal. Sin embargo, quedan dudas sobre la posibilidad de que Trump utilice el poder de indulto para beneficiarse a sí mismo en las otras causas federales. Finalmente, la Corte decidió, por el voto de seis jueces conservadores contra 3 liberales, que la naturaleza del poder presidencial exige que un expresidente goce de inmunidad penal por actos oficiales realizados durante su mandato, y con respecto al ejercicio de los poderes constitucionales esta inmunidad debe tener un carácter absoluto. La Corte especifica en su decisión que un presidente puede gozar de una presunta inmunidad incluso por actos “dentro del perímetro exterior de su responsabilidad oficial”. No obstante, esta protección no existe para “actos no oficiales”. Esto benefició a Trump, ya que el caso que lleva adelante Smith, fiscal especial, por la presunta interferencia en las elecciones de Georgia no iría a juicio antes de las elecciones. Asimismo, se definió que Trump posee inmunidad absoluta por las instrucciones o presiones ejercidas sobre su secretario de Justicia en funciones y el tribunal no aceptara como pruebas ninguna entrevista con funcionarios de la administración, lo cual anula gran parte de las pruebas reunidas por la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes que investigó los hechos del 6 de enero de 2021. Frente a este fallo, los jueces liberales opositores consideran que se ha colocado la figura del presidente por encima de la ley.

Genocidio en Gaza: No mas armas para Israel

Desde el comienzo de la guerra, Biden ha tenido que enfrentar las presiones de la comunidad internacional, de un Partido Republicano incuestionablemente proisraelí y un Partido Demócrata, profundamente dividido. La presión sobre el mandatario es cada vez mayor, ya que Estados Unidos es el principal proveedor de armas para el Estado de Israel. Tan solo en lo que llevamos del conflicto ha proporcionado a Israel 3.800 millones de dólares en asistencia militar al año, sumado a los otros 17.000 millones de dólares en armas y sistemas de defensa aprobados por el Congreso. Este apoyo unilateral convierte a Israel, en términos acumulados, en el mayor receptor del mundo de ayuda letal estadounidense.

En medio de esta tensión, recientemente la sólida relación^[1] entre Estados Unidos e Israel ha dado un giro importante, gracias a dos acontecimientos clave. En primer lugar, un momento clave de este giro en las relaciones entre ambos países dio cuando en una entrevista televisada, a la pregunta: ¿Qué pasaría si Israel sigue adelante con una invasión planificada de Rafah? Biden^[2] respondió: “Yo no voy a suministrar las armas”. Estas aseveración pública del mandatario adquiere valor, dado que momentos antes de la entrevista había decidido poner en “pausa” el envío de bombas a Israel debido a ciertas preocupaciones sobre el “uso final de las bombas de 2.000 libras y el impacto que podrían tener en entornos urbanos densos como hemos visto en otras partes de Gaza”[1] , ya que este tipo de bombas tiene un amplio alcance, mientras la presión de la explosión puede llegar a romper los pulmones, reventar las cavidades sinusales y arrancar extremidades a cientos de metros del lugar de la explosión. Si bien es cierto, este tipo de bombardeos son legales, pues el Derecho Internacional Humanitario no prohíbe de manera explícita los bombardeos aéreos en zonas densamente pobladas, si prohibe que la población civil sea directamente un objetivo y todo caso cualquier la importancia de los ataques a un blanco militar en especifico debe ser proporcionall a las posibles víctimas o daños civiles. Por ejemplo, según el estatuto de la Corte Penal Internacional, encargada de investigar la guerra entre el Ejército Israeli y Hamas, el lanzamiento intencionado de ataques con la intencionalidad, o la aceptación tácita, de que el ataque en su mayoría afectará a civiles son “claramente excesivos”, en comparación con cualquier ventaja militar directa, por lo cual, pueden ser considerados como un crimen de guerra. En segundo lugar, otro acontecimiento que fue decisivo para las crecientes tensiones entre Israel y Estados Unidos tuvo lugar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esto debido a que en dicho espacio supranacional Estados Unidos no utilizó su poder de veto, lo cual permitió que se aprobara la primera resolución de ese órgano a favor del alto al fuego en Gaza. Finalmente, en tercer lugar, se debe mencionar que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken arribó a Israel con el propósito de impulsar una nueva ronda de negociaciones, en la que intervienen Qatar, Egipto y EE. UU., entre Hamás y el Gobierno israelí, como parte de los esfuerzos por pactar un alto al fuego que pueda conducir a la resolución del conflicto.

Pero, bueno, habiendo ilustrado algunos acontecimientos clave, salta la pregunta: ¿Qué motivó este cambio?. Al parecer lo que cambió la situación fue:

1. Biden tuvo una percibió cierto interés de los israelíes por invadir Rafah, ya que Netanyahu pasó de una ofensiva aérea a ataques por tierra. De hecho, el primer ministro israeli, constantemente promete lanzar una invasión terrestre total contra la ciudad en la que habitan un millón de palestinos desplazados.
2. El alto al fuego no se ha pactado porque el poder del primer ministro israelí depende en gran medida del apoyo de los ultranacionalistas, quienes se oponen a la ayuda humanitaria a Gaza y quieren expulsar a todos los palestinos de Cisjordania.
3. La creciente presión internacional por detener el conflicto, y el subsecuente ánimo de los Estados Unidos por no verse manchada su imagen. En especial, tomando en cuenta que el Departamento de Estado publicó un informe (encargado por Biden), en el cual presuntamente Israel pudo haber utilizado armas suministradas por Estados Unidos para efectuar ataques que violan el derecho internacional humanitario. Esto supone un problema para Estados Unidos porque, según la Ley Leahy, dicha nación no puede proporcionar asistencia a unidades de seguridad extranjeras que estén implicadas de manera comprobable en abusos contra los derechos humanos^[3].
4. Es un juego político para bajar el nivel de tensión a lo interno del país, pues la puesta en pausa del envío de armas no compromete las posibilidades del Estado de Israel de atacar Rafah.

En un intento por resolver el conflicto, el presidente de los Estados Unidos presentó una resolución para pactar un alto al fuego entre Hamas e Israel, el cual fue adoptado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con 14 votos a favor y 1 en contra (Rusia). A continuación, se presenta una tabla que describe las diferentes fases del plan:

Tabla 2. Plan de cese al fuego de los Estados Unidos

Elaboración propia, a partir de France 24 (2024).

El plan ha tenido diversas reacciones. Por ejemplo, Hamas apoya algunas propuestas del plan y emitió un comunicado “dando la bienvenida” a la resolución del Consejo de Seguridad. Por su parte, a pesar de que Biden había presentado la iniciativa como una propuesta de Israel, lo cierto es que la coalición gobernante de Israel está abordando el plan a regañadientes. Esto debido a que algunos ministros de extrema derecha en el gabinete israelí, han manifestado su rechazo al plan y amenazan con provocar un colapso del gobierno si el acuerdo avanza. De hecho, la dimisión del exgeneral Benny Gantz del gabinete de guerra profundizó la sensación de inestabilidad al decir que abandonaría el Gobierno el 8 de junio si no se formulaba un nuevo plan de guerra, que incluyera una Administración internacional, árabe y palestina para gestionar los asuntos civiles en Gaza, mientras los ministros Ben-Gvir y Smotrich amenazaron con derrocar al gobierno de Netanyahu si aceptaba un alto el fuego sin que Hamás haya sido eliminado. En caso de no aceptarse el plan, los Estados Unidos planean establecer un acuerdo unilateral con Hamas, con el objetivo de liberar a los retenidos estadounidenses.

^[1] La alianza entre Estados Unidos e Israel es sólida, esta data desde que el presidente Harry Truman reconoció la independencia de Israel 11 minutos después de haberse declarado en 1948.

^[2]Joe Biden a manifestado que está profundamente apegado a Israel, se autodenomina sionista y brinda al pueblo israelí todo su apoyo emocional, así como toda la asistencia militar y diplomática que han necesitado desde el pasado 7 de octubre. De hecho, fue el primer presidente norteamercicano en viajar a Israel en estado de guerra, y constantemente a lanzado frases que muestran su profundo respaldo por la causa sionista. Por ejemplo, meciono durante su visita “No creo que haya que ser judío para ser sionista, y yo soy sionista”. Asimismo, menciono que “El Estado de Israel nació para ser un lugar seguro para el pueblo judío del mundo. Por eso nació. Durante mucho tiempo he dicho: si Israel no existiera, tendríamos que inventarlo. Y aunque hoy no lo parezca, Israel debe volver a ser un lugar seguro para el pueblo judío. Y les prometo: haremos todo lo que esté a nuestro alcance para asegurarnos de que así sea”.

^[3] No obstante, existe una excepción en caso de que el secretario de Estado determine e informe al Congreso que el gobierno del país está tomando medidas efectivas para llevar ante la justicia a los miembros responsables de la unidad de las fuerzas de seguridad.

Biden: Endurecimiento del asilo y ampliación de la regularización

El presidente, en el marco de la carrera presidencial, firmó una orden ejecutiva^[1] para restringir el acceso de inmigrantes en condición migratoria irregular en el país y dificultar la obtención de asilo, a pesar de haber hecho campaña con la promesa de respetar el derecho de asilo si resultaba elegido en 2020. Esta decisión puede estar impulsada porque la migración ilegal es uno de los temas centrales en esta contienda electoral. En específico, la orden contempla:

1. La medida se activará cuando se registren más de 2.500 detenciones por día a lo largo de una semana.
2. La medida se suspenderá si bajan a menos de 1.500 en el mismo periodo.
3. Los inmigrantes en condición migratoria irregular no serán elegibles para solicitar asilo. Las excepciones son: niños que viajan solos, víctimas de trata o personas con una emergencia médica.
4. Los detenidos serán sujetos a la deportación acelerada y solo tendrán oportunidad de ver a un funcionario de asilo si “manifiestan temor de volver a su país”.
5. Quienes no manifiesten temor en cuestión de días, o incluso horas, podrán ser deportados, y se les impondrá una prohibición especial de cinco años para volver a acceder al país.
6. Las entrevistas para la petición de asilo se realizarán “con un estándar más alto” que el utilizado hasta ahora.

Esta orden pretende que las autoridades migratorias cuenten con herramientas para repatriar más ágilmente y a mayor velocidad a las personas migrantes, al reducir los tiempos de estudio de los casos. La regla propuesta, con un alcance limitado^[2], no cambia la elegibilidad para asilo, pero sí permite a los agentes migratorios expulsar más rápidamente a las personas migrantes que no resultan ser elegibles para asilo desde una etapa temprana del proceso de asilo. De hecho, según la nueva medida, los agentes, que atienden los casos en su etapa inicial, estarán de ahora en adelante capacitados para determinar, de manera discrecional, si existe una causa de asilo legítima o si la persona migrante representa una amenaza para Estados Unidos.

A pesar de este endurecimiento de las políticas migratorias relacionadas al asilo y la migración ilegal, en un intento por distanciarse del enfoque totalmente restrictivo y punitivo de Trump, Joe Biden presentó nuevas medidas^[3] que permitirán regularizar la situación de personas en condición migratoria irregular, y sus hijos menores de 21 años, casados con ciudadanos estadounidenses desde hace más de 10 años (antes del 17 de junio). Esta medida beneficiaría a medio millón de personas, a 50.000 hijos de personas en condición migratoria irregular y les permitiría a los cónyuges laborar con permiso. Entre los principales cambios con esta medida, se resalta que:

1. Una persona indocumentada y cónyuge de una persona estadounidense debía solicitar primero la libertad condicional antes de pedir la residencia legal, lo cual obligaba a las personas solicitantes a abandonar el país por al menos 10 años. Esta situación produce un grave daño social al separar a las familias, y poner en peligro su futuro económico y laboral.
2. En cambio, la nueva medida permite solicitar una autorización excepcional, conocida como “parole in place”, la cual permite procesar sus papeles sin necesidad de salir de Estados Unidos. Asimismo, la medida beneficia a personas sin permisos, incluidos los dreamers (jóvenes migrantes tildados de soñadores, porque llegaron como menores), que estén graduados de una universidad estadounidense y cuenten con una oferta de empleo en su campo de estudios. Ellos puedan tramitar un visado de trabajo con mayor rapidez.

En síntesis, estos cambios tan contradictorios entre la emisión de políticas restrictivas en la frontera sur y políticas que favorecen la regularización de cierto tipo de personas migrantes en condición migratoria irregular se debe entender en el marco de una contienda electoral, en la cual el tema migratorio se ha vuelto central, y Biden debe ser muy cauteloso con las medidas que emita. Esto debido a que, por un lado, debe ejecutar acciones para frenar el flujo migratorio irregular y controlar la frontera sur, ante las constantes demandas de la opinión pública y la oposición por tomar cartas en el asunto. Por otro lado, al mismo tiempo, debe matizar su postura restrictiva frente a la migración para tomar distancia de Trump, y mantener satisfechos a los sectores progresistas dentro del partido demócrata. Por ejemplo, Biden mencionó que: “Nunca demonizaré a los inmigrantes. Nunca me referiré a los inmigrantes como si envenenaran la sangre de un país. Además, nunca he separado a los niños de sus familias en la frontera”, dijo Biden.

^[1] Un grupo de organizaciones de la sociedad civil demandó al presidente ante una corte federal. Los otros grupos fueron el ACLU, el National Immigrant Justice Center, el Center for Gender & Refugee Studies, Jenner & Block LLP, la ACLU del Distrito de Columbia y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas.

^[2] Sin una legislación no se pueden hacer cambios a gran escala en el sistema de asilo.

^[3] El presidente anunció la medida el día del 12° aniversario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), anunciado en 2012 por el Gobierno de Barack Obama.

Elaborado por: Bach. Stuart Chavarría

Revisado por: Licda. Elizabeth Muñoz y M.Sc. Eugenia C. Aguirre

Julio, 2024