Miércoles 9 de octubre del 2024
Monitoreo III
Conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua: La extradición de presos políticos
En Nicaragua diversos líderes religiosos, políticos y sociales están siendo encarcelados o exiliados, bajo la acusación de “traición a la patria” por manifestarse en contra el régimen de Ortega-Murillo, o por representar una potencial amenaza a la estabilidad del régimen. Actualmente en Nicaragua se está ejecutando una creciente campaña contra asociaciones civiles, que ha supuesto la cancelación del registro de cerca de 1.700 organizaciones no gubernamentales, muchas de ellas religiosas, a las que se les acusa de financiar a opositores. El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas registró, al 25 de septiembre de 2024, un total de 45 presos políticos en el país. Este tipo de acciones, no solo afecta a la persona encarcelada, sino que afecta desde el miedo a todo su círculo familiar. Producto de esta situación, por ejemplo, 69 hijos menores de edad han sufrido serios traumas por el encarcelamiento injustificado de sus progenitores, asimismo las familias sufren serias consecuencias económicas.
Ante estas reiteradas violaciones a los derechos humanos, los Estados Unidos ha liderado un movimiento nacional e internacional para presionar al Gobierno de Nicaragua para liberar a algunos de los prisioneros políticos, sin embargo, las autoridades nicaragüenses han mostrado resistencia a generar procesos de liberación. Desde enero Nicaragua no liberaba prisioneros políticos. En aquella ocasión, en medio de la tensiones con la Iglesia Católica, el gobierno de Ortega envió al Vaticano a los obispos Rolando Álvarez e Isidoro Mora, junto a 15 sacerdotes y dos seminaristas detenidos en cárceles del país.
Por su parte, la última liberación masiva de presos políticos en Nicaragua ocurrió en febrero del 2023, cuando 222 personas fueron enviadas a Estados Unidos, después de que la justicia sandinista inhabilitara de manera vitalicia al menos a 14 personas, entre ellos cuatro sacerdotes católicos y presos políticos, para ejercer cargos públicos o de elección popular. Segun la justicia del régimen Ortega-Murillo, dicha liberación se debio a una “deportación inmediata” por “menoscabar la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo, por incitar a la violencia, al terrorismo y a la desestabilización económica”, y seguidamente la Asamblea Nacional reformó el artículo 21 de la Constitución Política, el cual regula lo concerniente a la nacionalidad nicaragüense, con el proposito de declarar apátridas a los encarcelados liberados, por considerarles “traidores a la patria”.
A pesar de la resistencia del régimen Ortega-Murillo, durante mayo de 2024 representantes del Congreso de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional llevaron a cabo negociaciones con el Gobierno de Nicaragua, para obtener la liberación de los líderes religiosos de la organización evangélica Mountain Gateway. En un inicio, la organización se desvinculó de cualquier postura política y, durante la persecución a los líderes de la Iglesia católica, Mountain Gateway continuó operando con regularidad, incluso se reconoce que líderes del gobierno nicaragüense eran miembros activos de la organización. No obstante, en diciembre de 2023, 13 de sus dirigentes fueron arrestados bajo acusaciones de lavado de dinero.
Tras arduas negociaciones, en septiembre de 2024 los esfuerzos internacionales surtieron efecto. Tal y como anunció Eric Jacobstein, subsecretario de Estado adjunto en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, en una conferencia de prensa, la liberación de los 135 presos políticos fue el resultado de meses de presión, tanto pública como privada, por parte de Estados Unidos. En principio, las negociaciones se centraron en la liberación de 13 líderes religiosos; sin embargo, de manera unilateral, el régimen nicaragüense decidió incluir en el acuerdo a 122 presos políticos adicionales.
A través de una declaración conjunta, tanto el gobierno de los Estados Unidos como Guatemala, anunciaron que EUA facilitó “el transporte voluntario” de los 135 nicaragüenses a Guatemala, país que fue aliado estratégico de Estados Unidos en este proceso. De hecho, la Embajada de Estados Unidos solicitó una reunión con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, para gestionar la recepción de los liberados, así como la provisión de alimentos, apoyo psicológico, asistencia médica y alojamiento temporal. Guatemala aceptó recibir a estas personas y facilitó la regularización migratoria de las 135 personas exiliadas, a quienes se les otorgó una estancia regular de 90 días, con la posibilidad de solicitar asilo en Guatemala, trasladarse a Estados Unidos u otros países mediante el programa de Movilidad Segura ofrecido por Estados Unidos en colaboración con ACNUR. Para este proceso de negociación, se debe destacar que no se emplearon intercambios ni concesiones para facilitar la excarcelación, sin embargo, como sucedió con otras liberaciones se les despojó de su ciudadanía y se les confiscó sus bienes.
A nivel diplomático, Estados Unidos destacó el liderazgo de Guatemala en esta operación, agradeciendo públicamente su disposición y compromiso con la defensa de la democracia representativa. Lo que da muestra del posicionamiento estratégico de Guatemala como aliado de Estados Unidos en la región en la lucha política que ha establecido con el Regimen Ortega Murrillo, aliado cercano de potencias enemigas como Rusia, China o Irán. Esta acción reafirma la posición activa de Estados Unidos como un actor de relevancia en Centroamérica, con fuerte presencia en la vida política de estas naciones. A pesar de este hito, se debe destacar que quedaron 36 personas encarceladas, consideradas reos de conciencia. De estas personas no se conocen las identidades, el paradero, la condición física y de salud. Entre los casos más sonados de “desaparición forzada” se encuentran el diputado y líder indígena Brooklyn Rivera y la comunicadora social Fabiola Tercero, de quienes se desconoce su paradero junto a 9 personas más.
¿Desestabilización política en Honduras?: Injerencia de potencia extranjera o corrupción nacional
La situación de narcotráfico y corrupción vivida en Honduras marcó la campaña presidencia de Xiomara Castro, quién en 2021 llegó a la presidencia del país prometiendo acabar con el narcotráfico luego de que su predecesor, Juan Orlando Hernández (JOH), fuera sentenciado a 45 años de cárcel por conspirar con narcotraficantes. Sin embargo, ella no estaba exenta de críticas, pues se le achaca cierta vinculación con el narcotráfico. Puesto que, según el testimonio del antiguo líder de los Cachiros, Devis Leonel Rivera, el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Castro, aceptó sobornos cuando estaba en el poder y el hermano del expresidente Zelaya, Carlos Zelaya, usó una pista de aterrizaje clandestina en Olancho para introducir cocaína a Honduras. De hecho, algo que demostró el juicio contra JOH, es que la colusión de la elites políticas con el narco nunca se redujo al Partido Nacional, sino que también se extendió al Partido Liberal y Partido Libertad y Refundación, conocido como LIBRE, al que pertenecen la presidenta Castro y su esposo Manuel Zelaya.
Entre las acusaciones más recientes Insight Crime, organización dedicada al periodismo de investigación, hizo público un video en el que aparece Carlos Zelaya reunido con algunos de los más grandes narcotraficantes de Honduras en 2013, durante la campaña política de Castro. El expresidente le atribuyó la publicación del vídeo a un complot golpista organizado por la embajada estadounidense y los partidos de la oposición hondureña. Carlos Zelaya admitió públicamente mediante una rueda de prensa el 31 de agosto de 2024, que viajó hasta San Pedro Sula invitado por un “grupo de empresarios” y habló con los traficantes. Tras este acontecimiento, renunció como diputado y secretario del Congreso, mientras Jose Manuel Zelaya se vio obligado a renunciar como Secretario de Defensa de Honduras. Por su parte, la presidenta Castro, mencionó que: “Ratifico que la paz y la seguridad interior de la República están en riesgo […] por un nuevo golpe de Estado que el pueblo debe detener”.
Estos hechos resultan importantes cuando se toma en consideración que, contrario a su discurso de combate contra el narcotráfico, el 28 de agosto de 2024 decidió acabar con un tratado de extradición vigente desde 1912[1]. Decisión que el presidente Nicolas Maduro apoyo publicamente.
La cancelación del tratado de extradición entre Estados Unidos y Honduras, por parte de las autoridades hondureñas, evidenció como dicha nación centroamericana atraviesa una etapa crítica relacionada a la estabilidad del estado de derecho y la lucha contra el narcotráfico, pues el tratado era una herramienta importante en los esfuerzos conjuntos para desmantelar el “narco-Estado” creado bajo el gobierno anterior de Juan Orlando Hernández (2014-2022). Este instrumento internacional permitió entregar a medio centenar de hondureños acusados de tráfico de drogas desde 2014 a Estados Unidos.
Diversas voces han denunciado que la cancelación del tratado responde a un interés de las elites políticas por “proteger a oficiales del gobierno de ser judicializados en Estados Unidos”. Por ejemplo, la anuencia de Castro por la extradición cambió cuando se comenzaron a perseguir figuras cercanas al gobierno, por ejemplo, cuando se detuvo al exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, funcionario durante el gobierno de Manuel Zelaya, quien gobernó Honduras entre 2006 y 2009; mientras el anuncio de la cancelación del tratado se dio pocos días después de que se publicó una lista de funcionarios, políticos y otros sujetos de interés en investigaciones sobre narcotráfico abiertas por el Ministerio Público tras el juicio a Juan Orlando Hernández en Nueva York.
Por su parte, la presidenta Xiomara Castro, aduce que tomó la decisión en respuesta a lo que el gobierno consideró como una “injerencia” de la embajadora de Washington en Tegucigalpa, Laura Dogu, quien criticó una reunión de autoridades hondureñas con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López[2]. En específico, el descontento surgió por comentarios de la embajadora, la cual calificó de “preocupante” y “sorprendente” ver al ministro de defensa y al jefe del Estado Mayor Conjunto de Honduras sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela. Estas declaraciones despertaron la preocupación dentro del gobierno hondureño, por una posible utilización de dicho tratado como un arma política que se utilice con aliados suyos. Por ejemplo, contra José Manuel Zelaya y Roosevelt Hernández, funcionarios leales a Castro, bajo el presunto argumento de la reunión sostenida con Padrino López, sancionado por Estados Unidos por narcotráfico. De hecho, según el canciller hondureño, la inteligencia militar detectó que tras las declaraciones de la embajadora un grupo de oficiales estaba planificando dar “un golpe de barracas” para remover al general Hernández. Temor que no debe de extrañar para un gobierno encabezado por la esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009 por un golpe.
En definitiva, la anulación del tratado afectará de manera frontal la lucha contra el narcotráfico en la región y podría facilitar que los presuntos responsables de graves violaciones de derechos humanos evadan enfrentar la justicia, siendo Honduras, según InSight Crime, uno de los centros de operaciones más importantes en el tráfico de drogas entre norte y sur américa. La embajada estadounidense espera trabajar con el gobierno hondureño para recuperar dicho instrumento.
[1] Aunque el tratado fue firmado en 1912, en realidad las primeras extradiciones se comenzaron a registrar en 2014 gracias a un nuevo acuerdo entre Estados Unidos con el entonces presidente Porfirio Lobo y Hernández, quien fungía como líder del Congreso.
[2] Funcionario de la dictadura de Nicolás Maduro sancionado por los Estados Unidos, que lo considera un capo del narcotráfico. El Departamento de Justicia acusó a Padrino de narcotráfico en la jurisdicción del Distrito de Columbia, en la capital estadounidense.
Octubre, 2024
Elaborado por: Bianca Fonseca y Stuart Chavarría
Editado por: Elizabeth Muñoz Marín
