Martes 14 de mayo del 2024
Monitoreo I
La migración ordenada prioridad de Estados Unidos en su visita a Guatemala
Alrededor de 2,8 millones de migrantes ingresan por la frontera sur de manera irregular. A inicios del 2023, como apuntó el Observatorio, la ola masiva de migrantes generó un colapso de la frontera producto de la flexibilización migratoria de algunas medidas. Tanto el colapso de la frontera como el constante flujo de migrantes ha aumentado la presión sobre el actual presidente, y candidato a la reelección, el demócrata Joe Biden, mientras los republicanos aprovechan la situación para acusar al presidente por su incapacidad y falta de acciones a la hora de manejar el tema migratorio.
Bajo este contexto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, viajó a Guatemala para participar en la cumbre ministerial de la Declaración de los Ángeles de Migración y Protección. Este viaje tuvo como propósito abordar las causas de la migración en la región de América Central, el cual es un tema de especial importancia para la Administración de Joe Biden.
Nuevamente, se observa un acercamiento de los Estados Unidos con Guatemala para atender la crisis migratoria irregular. De hecho, tan solo a finales de marzo, el presidente Arévalo se reunió con su homólogo estadounidense, Joe Biden, y la vicepresidenta del país, Kamala Harris. Reunión en la cual se hizo énfasis en la importancia de crear condiciones “seguras y ordenadas” para los migrantes en América Central mediante el establecimiento de vías legales entre ambos países. Dicho país adquiere un rol importante en los planes de EUA para ordenar los flujos migratorios, que trabaja desde la perspectiva de la frontera avanzada, debido a que la mayoría de migrantes en tránsito por vía terrestre deben atravesar la frontera guatemalteca para encaminarse a México.
No obstante, a pesar de la importancia de la cumbre esta no consiguió llegar a acuerdos importantes, pese a que el Departamento de Estado había anunciado la discusión de “la aplicación de la ley, la gestión de la migración y la integración de los refugiados”, a dos años de que 20 países acordaron un marco de cooperación en temas migratorios.
Sin embargo, aunque la cumbre tuvo pobres resultados, llamó la atención las declaraciones de Blinken, en la conferencia internacional, ya que advirtió que Estados Unidos de América (EUA) sancionará a todo aquel que facilite la “migración irregular” en la región. La nueva política de restricción de visas estará dirigida a personas que brindan conscientemente transporte irregular a Estados Unidos. Por ejemplo, las medidas se aplicarán a los vuelos chárter que llegan a Nicaragua y a ejecutivos de empresas colombianas de migración marítima que están facilitando la migración irregular.
Posterior a la cumbre, el secretario Antony Blinken se reunió con el presidente Bernardo Arévalo. Simultáneamente, mientras se reunían ambas autoridades, once legisladores estadounidenses enviaron una carta al secretario de estado y la jefa de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), en la que cuestionan[1] el mal uso de la capacidad de influencia del país para incidir en asuntos legislativos del Congreso guatemalteco. Dicha carta fue firmada por los congresistas republicanos Warren Davidson, María Elvira Salazar, Andy Ogles, Keith Self, Scott Perry, Carlos A. Gimenez, Christofer H. Smith, Andy Harris, Debbie Lesko, Andy Biggs y Brian Mast. En el documento se puede notar que los congresistas perciben que las acciones tanto del Departamento de Estado como de USAID socavan el libre ejercicio de la democracia y afectan la soberanía guatemalteca. No obstante, lejos de proteger la democracia y la soberanía de las naciones, la intención de la carta puede estar asociada a fines electorales, ya que los funcionarios firmantes, en su mayoría republicanos, denuncia la presión de dependencias estadounidense para impulsar “cambios ideológicos” en Guatemala que comprometan su Constitución o “valores arraigados relacionados con la vida y la familia”.
[1] En específico, se cuestionó aspectos como: ¿Han amenazado funcionarios del Departamento de Estado de EE.UU. con imponer sanciones a los miembros conservadores del Congreso guatemalteco que no apoyen las prioridades legislativas del Presidente Arévalo?; ¿Han financiado USAID o el Departamento de Estado a ONGs para implementar estos cambios ideológicos, anticipándose a la acción legislativa?; ¿Se ha reunido el Departamento de Estado o USAID con miembros del Congreso de Guatemala para apoyar la legislación en el Congreso guatemalteco? En caso afirmativo, ¿qué prioridades legislativas o proyectos de ley se han apoyado?; ¿Ha invitado el Embajador o alguien de la Embajada de EE.UU. en Guatemala a miembros del Congreso guatemalteco a la Embajada o a la residencia del Embajador para discutir esta legislación? En caso afirmativo, sírvase revelar qué miembros fueron invitados y la naturaleza de las conversaciones.
Nicaragua y el negocio de la migración irregular: Un problema para los Estados Unidos
La relación entre los EUA y Nicaragua ha estado marcada por la tensión, en parte, por el pasado histórico entre ambas naciones y, en parte, por las diferencias ideológicas. No obstante, la relación entre ambos países se volvió especialmente tensa luego de las elecciones presidenciales del 2021 en las que triunfó Ortega de manera fraudulenta. Dichos comicios EUA no los reconoce aún como legítimos, ya que el régimen a partir de ahí comenzó a mostrar una mayor cercanía con Irán, Rusia y China (enemigos de la política exterior estadounidense) y empezó violentamente a erosionar de manera sistemática la democracia del país, mediante expropiaciones arbitrarias y encarcelamientos injustificados.
De hecho, Joe Biden, a finales del 2023, ordenó prolongar por un año la declaración de emergencia nacional por el riesgo que representaba la situación de Nicaragua para la política exterior e interior del país norteamericano. Por su parte, desde la OEA, a pesar de la salida de Nicaragua en noviembre del 2023, EUA renovó la presión contra el gobierno nicaragüense, aseguró el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Francisco Mora. Asimismo, más recientemente, por ejemplo, publicó un informe[1] en el que se acusa a Nicaragua de serias violaciones a los derechos fundamentales, y a inicios de marzo del 2024 Congresistas de ambos partidos instaron al Secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, a “movilizar una respuesta internacional” diplomática para poner fin a la represión en Nicaragua.
Una de las principales medidas impulsadas por los congresistas fue la aplicación “plena” de la llamada ley RENACER y la imposición de una orden ejecutiva que autorice el establecimiento de acciones adicionales para incentivar al régimen Ortega-Murillo a cambiar de rumbo. Por ejemplo, sobre esto último, entre las acciones adicionales se tienen pensada la “reevaluación de los beneficios” de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica (CAFTA) y la supervisión de los préstamos otorgados por instituciones financieras internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Sin embargo, una de las principales razones de la preocupación de EUA con Managua no es su democracia, sino el hecho de que Nicaragua actualmente está sirviendo como un puente aéreo mediante el uso de vuelos chárter y comerciales, además, de típicamente expulsar un flujo importante de su población a norteamérica. Esta situación ha ocasionado que Nicaragua se haya convertido en una puerta de entrada a EUA para migrantes, principalmente de Cuba, Venezuela, Haití, Aruba, República Dominicana y países en conflicto de Europa del Este, Asia y África. De hecho, el gobierno es flexible para extender visas a ciudadanos de algunos países de esos continentes. Por ejemplo, entre las medias tomadas el Gobierno de Nicaragua firmó un acuerdo diplomático con Angola para, entre otras cuestiones, permitir el libre visado, mientras eliminó en 2021 las visas a los cubanos, y en 2024 a haitianos y a varios países de Asia y África con altos flujos migratorios.
Este cambio en la política migratoria se debe, a que el régimen está lucrando de la situación, pues las autoridades no sellan los pasaportes de los migrantes, pero sí les cobran un impuesto por “derecho de pase” de 150 dólares, sin recibo alguno para no dejar constancia del paso por Nicaragua. Según el medio de comunicación el Confidencial, entre enero y octubre de 2023 Migración y Extranjería de Nicaragua pudo llegar a recibir unos 65.9 millones de dólares por estos cobros, cantidad calculada, a falta de datos oficiales en Nicaragua, a partir del paso registrado por Honduras de 439, 972 personas.
Nicaragua debido al manejo contrario a los derechos humanos de las protestas del 2018[2] enfrenta sanciones. No obstante, recientemente la tensión por el tema migratorio ha ocasionado que este EUA implementara nuevas sanciones y restricciones, ya que muchos analistas consideran el surgimiento de este lucrativo negocio como un ataque político nicaragüense y una respuesta de política exterior contra EUA. Entre las medidas implementadas resaltan, por ejemplo, la sanción a la procuradora de la república, Wendy Morales Urbina debido a su participación clave en la expropiación de propiedades de miles de organizaciones no gubernamentales y la formulación de una estrategia para difundir en la opinión pública la idea de que los miembros de la oposición nicaragüense eran terroristas, esto con la finalidad de poder bloquear sus recursos financieros utilizando una ley antiterrorista existente.
En concreto, el Departamento del Tesoro tomó la decisión de que todos los bienes e intereses de propiedad de Morales en Estados Unidos estarán bloqueados y deberían ser reportados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Por su parte, también impuso restricciones a la importación y exportación de artículos y servicios de defensa de origen estadounidense con destino o origen en Nicaragua, y prohibió la entrada a personas que faciliten el transporte aéreo a los Estados Unidos desde Nicaragua.
[1] El régimen Ortega Murillo en respuesta calificó el informe como un ataque a la soberanía del país, y reiteró la deuda histórica que tiene los EUA con Nicaragua, debido a un fallo de la Corte Internacional de Justicia por su apoyo a la contrarrevolución en Nicaragua en 1988.
[2] El régimen Ortega Murillo acusó a EUA de avivar las protestas en Nicaragua durante el 2018.
Costa Rica: La nueva Silicon Valley, con un deterioro en los derechos humanos
La relación entre Costa Rica y EUA se ha fortalecido en el último año. Por ejemplo, en su discurso anual de rendición de cuentas, el presidente Chaves recordó la designación en 2023 de Costa Rica como el primer aliado estratégico de la Ley de CHIPS Act. En sus discursos el mandatario, mencionó que COMEX lidera el diseño de una hoja de ruta de semiconductores para crear las condiciones necesarias para expandir las inversiones existentes. Según el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, la intención con esto es convertir a Costa Rica en un Silicon Valley en América Latina.
Asimismo, EUA ha celebrado el plan de desarrollo de tecnología 5G en Costa Rica, el cual excluye abiertamente a empresas Chinas. De hecho, el respaldo se manifiesta tras la reunión del presidente Rodrigo Chaves con una delegación estadounidense, cuyo objetivo era discutir las prioridades compartidas relacionadas con ciberseguridad y telecomunicaciones. En esa reunión con Anne Neuberger, asesora de Seguridad Nacional, se anunció un documento denominado: “Cooperación en Economía Digital”, centrado en el despliegue tecnológico y de telecomunicaciones. En concreto, se acordó en ese documento: 1. Diversificar los proveedores de telecomunicaciones; 2. Avanzar en la investigación y el desarrollo de arquitecturas de red abiertas e interoperables para 5G y 6G, así como mejorar la cooperación en investigación; 3. Compartir recursos y mejores prácticas para ayudar a mantener una infraestructura digital pública y privada sólida; 4. Desarrollar la fuerza laboral de ciberseguridad; 5. Desarrollar un marco de gobernanza para la inteligencia artificial que defienda los valores democráticos y los derechos humanos; 5. Desarrollar y promover el crecimiento de la industria en ambas naciones; y, 6. Abogar por el uso sin licencia de la banda de 6GHz para apoyar la conectividad inalámbrica y la innovación.
Más recientemente, EUA y Costa Rica acordaron compartir datos biométricos para combatir el tráfico de personas, según mencionó Antony Blinken en su visita a Guatemala. De hecho, como parte de la agenda del canciller en la reunión ministerial de la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, se reunieron el Canciller de la República, Arnoldo Andre Tinoco y la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristie Canegallo, con el objetivo de conversar sobre dos memorandos de entendimiento entre Estados Unidos y Costa Rica, los cuales pretenden establecer intercambio de Datos Biométricos, para aumentar los controles de seguridad de los migrantes y un mejor monitoreo de las tendencias migratorias y la cooperación para combatir la trata de personas.
Por su parte, Arnoldo André, canciller y Cynthia Telles, embajadora de los Estados Unidos en Costa Rica firmaron un memorando de entendimiento para promover la diversidad, la equidad y la inclusión política, socioeconómica y la accesibilidad universal. Dentro del memorando, se fijó promover la cooperación y el intercambio de información y mejores prácticas en temas de inclusión social, mediante la creación de un Grupo Directivo, el cual estará liderado por la Embajada Norteamericana y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. En un primer momento, el grupo se encargará de discutir y revisar, en consulta con las comunidades, el desarrollo de áreas y tipos de cooperación.
Finalmente, en marzo, el Ministro de Seguridad, anunció el aporte de 40 millones de dólares para combatir el narcotráfico en zonas marítimas y construir una estación de embarcaciones patrulleras en la occidental provincia de Puntarenas. En específico, ambos países establecieron un acuerdo de cooperación para fortalecer la seguridad en la región de Sierpe, esto con el objetivo de combatir el narcotráfico con el establecimiento de una base de operaciones conjunta. Además, se construirá una estación interceptora y patrullera en Limón, se dará mantenimiento a embarcaciones y aeronaves, se envió un barco estadounidense con alta tecnología para capacitar al personal del Servicio Nacional de Guardacostas y, tras una reunión con presidencia, la general jefa del Comando Sur anunció en conferencia de prensa la donación de cuatro escáneres, luego de que el gobierno fracasara en su adquisición por incumplir las reglas de contratación pública. Con motivo de esta donación, un grupo de expertos estadounidenses relacionados a la seguridad recorrió el país para hacer revisiones previas a la donación de escáneres antidrogas.
Finalmente, a pesar del fortalecimiento de la relación entre Estados Unidos y Costa Rica, y la subsecuente intensificación de la cooperación entre ambas naciones el Departamento de Estado de los Estados Unidos lanzó severas críticas al Gobierno de Rodrigo Chaves en su Informe Anual sobre Prácticas de Derechos Humanos[1] por País, el cual analiza la situación de los derechos humanos[2] reconocidos internacionalmente en más de 200 países y territorios. En el caso del informe relacionado a Costa Rica, a pesar de que no mostró cambios significativos en la situación de los derechos humanos, se reportaron algunos incidentes e irregularidades que resultan importantes resaltar.
- Sección #1, “Respeto a la Integridad de la Persona”. En el informe se acusa al país de tener condiciones físicas inadecuadas en los centros de detención; dos arrestos ilegítimos a personas que ejercen su derecho a la protesta, lo cual acarreó condenas al Estado por parte de la Sala Constitucional; y, los plazos prolongados de prisión preventiva y retrasos en la tramitación de procesos judiciales
- Sección #2, “Respeto por las libertades civiles”. En el informe se acusa al país de violentar la libertad de expresión, ejercer violencia y acoso a los medios de comunicación, impedir el acceso a la información y las dificultades legales y burocráticas que presenta el país para que las personas puedan acceder a la condición de refugiado.
- Sección #4, “Corrupción en el gobierno”: La solicitud de apertura de juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís y miembros de su administración debido a las inversiones en el extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago; y el allanamiento a un despacho de abogados del cual el canciller Arnoldo André Tinoco era socio director producto de la investigación sobre el financiamiento de la campaña electoral del presidente de la República.
- Sección #6, “Discriminación y abusos sociales”: La desigualdad, la violencia, la negación de derechos reproductivos, el racismo y la falta de acceso a servicios afecta en mayor medida poblaciones vulnerables.
- Sección #7, “Derechos Laborales”: En el informe se identificaron restricciones al derecho de huelga, la debilitación de la libertad de asociación y de la negociación colectiva, la discriminación antisindical, las contrataciones de corto plazo para dificultar la organización de los trabajadores, violaciones relacionadas al pago de salarios, dificiles condidconies laborales y la identificación de “entornos hostiles” para la organización de los trabajadores.
Dicho informe generó una serie de reacciones, tanto del Gobierno de la República que envió una nota verbal a Washington como del Ex Presidente Luis Guillermo Solís.
Del análisis del vínculo entre EUA y Costa Rica deriva reconocer que una relación que aunque fortalecida en su dimensión comercial y tecnológica, puede enfrentar diferencias sobre derechos humanos y el rol del gobierno de Costa Rica en su socavamiento.
[1] Dicho informe fue presentado al Congreso por el Departamento de Estado de conformidad con la Ley de Asistencia Exterior de 1961, y otras normativas que establecen que la política exterior y comercial de Estados Unidos debe considerar el desempeño en derechos humanos y derechos laborales de los países.
[2] Por ejemplo, derechos individuales, civiles, políticos y laborales reconocidos internacionalmente en la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros acuerdos internacionales.
Mayo, 2024
Elaborado por: Bach. Stuart Chavarría
Editado por: Eugenia C. Aguirre Raftacco
