Miércoles 13 de diciembre del 2023
Monitoreo III – Diciembre 2023
Visita de Rodrigo Chaves a Estados Unidos: Migración, ciberseguridad, semiconductores y geopolítica
El 29 de agosto de 2023 Chaves se reunió con el presidente Joe Biden en la Oficina Oval, lo cual no sucedía desde hacía veinte años en la política nacional de Costa Rica, para discutir temas migratorios, seguridad, de defensa de la democracia, económicos y de cooperación. Esta visita se entiende en el marco de una política exterior norteamericana, que busca más presencia en la región de Latinoamérica frente al avance de la presencia de China en ella, y en el mercado internacional. Este viaje, antecedido por el distanciamiento de esta administración con China[1] y un fuerte incentivo norteamericano a la ciberseguridad y la industria de semiconductores del país[2], evidenció como Costa Rica forma parte de los puntos claves sobre los que se sostiene la política exterior estadounidense en esta parte del globo.
De hecho, prueba de esto se identifica cuando, semanas antes de su visita del 29 de agosto, el mandatario costarricense señaló que “Costa Rica está de moda en el plano internacional por el valor de esta democracia, que además tiene una gran reputación internacional”. Más que estar de moda por el simple hecho del valor intrínseco de la democracia costarricense ha cobrado una mayor relevancia para los Estados Unidos por su posición geoestratégica en la región, pues no sólo está cerca de Nicaragua, aliado estratégico de China y Rusia en la zona, sino que también tiene una posición privilegiada para la contención de los flujos migratorios y el narcotráfico, cuenta con cierta estabilidad política y una mano de obra calificada, la cual puede contribuir con sus planes de diversificación del mercado internacional de semiconductores y desarrollo de otras tecnologías en aras de fortalecer las cadenas de suministros frente a shocks externos que las comprometan, como las guerras o la inestabilidad política.
Esta importancia de Costa Rica se vuelve a resaltar, ya que bajo este contexto geopolítico mencionado, dos meses después de la reunión del presidente Chaves con su homólogo Joe Biden, el mandatario realizó nuevamente un viaje a EUA para participar, en esta ocasión, de una cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas (APEP)[3], celebrada del 1 al 4 de noviembre, la cual en el marco del afán por contrarrestar la influencia de China recibió a líderes de 11 países que analizaron cómo estrechar lazos comerciales, atender la migración, impulsar energías limpias para avanzar en la descarbonización, pensar en herramientas para movilizar la inversión y fomentar la diversificación de las cadenas de suministros. En esta ocasión, el presidente se dejó acompañar de una comitiva compuesta por algunos miembros de su consejo de gobierno, como el canciller, Arnoldo André; el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar; la Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Paula Bogantes; y el Ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quienes también acompañaron al presidente en su anterior visita del 29 de agosto. En concreto, la visita el mandatario la justificó:
- Por el marco convulso que vive el mundo y la alta preocupación regional por atender la migración; tema que ha sido una constante preocupación de la política exterior norteamericana, que ha suscitado una serie de trabajos y pactos bilaterales y multilaterales con distintos países de Latinoamérica para aspirar a realizar una gestión ordenada de la migración.
- Porque la participación del país en la cumbre podría ayudar a fortalecer la participación de Costa Rica, y otros países Latinoamericanos, en cadenas de abastecimiento que promueven la competitividad en la atracción de nuevas inversiones. En este sentido, las iniciativas de la APEP, según el mandatario, facilitan la posibilidad a Costa Rica de alcanzar una mayor integración, para así convertir a la nación en un proveedor confiable y esencial de los Estados Unidos. En este sentido, la visita también tiene un interés de estrechar relaciones con un trasfondo marcado por un interés económico, pues este acontecimiento sigue una trayectoria que va en la línea de acciones conjuntas entre ambos países (Costa Rica-EUA), como por ejemplo, el apoyo previo en ciberseguridad y semiconductores que anunció la general Richardson, las medida gubernamental vía decreto de restringir la participación de empresas chinas en el desarrollo de la red 5G en Costa Rica, o el anuncio del presidente de una aparente reunión con empresarios de la industria de semiconductores, alta seguridad y tecnología durante esta segunda visita.
Por otro lado, también se debe apuntar que este acercamiento le permitió a Chaves expresar algunas demandas contra EUA. Por ejemplo, mencionó que ¿Por qué los Estados Unidos no está tomando acciones diferenciadas para cada país, cuando Costa Rica ha pedido acceso al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA) desde la Cumbre de los Ángeles y no ha habido acción?. Asimismo, mencionó que a pesar de que Costa Rica ha tomado medidas “fuertes” sobre ciberseguridad, política internacional no se ve una reciprocidad equivalente”, indicó el Presidente. Por último, quiso recalcar que “Estados Unidos está tratando a todos los países de la región sin suficiente diferenciación en la parte económica” y volvió a pedir apoyo financiero internacional para atender a los migrantes que vienen a quedarse en Costa Rica.
Finalmente, sobre esta visita se debe destacar que según Presidencia, Chaves volvió a encontrarse con Biden, así como se tuvieron planes de conversar con autoridades del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). Por otro lado, se debe decir que la cumbre se fijó el compromiso de establecerse como una plataforma duradera para llevar una agenda económica y de desarrollo ambiciosa en la región, siendo fijada la realización de la próxima cumbre de la APEP del 2025 en Costa Rica.
Asimismo, la trayectoria de los recientes eventos ha demostrado como Chaves y Costa Rica se han convertido en uno de los principales aliados de EUA, no solo para promover la APEP, sino también para impulsar una ofensiva económica en la región, pues mientras Biden anunció la creación de un “acelerador de negocios”, liderado por Uruguay, para promover la inversión de capital privado en nuevos negocios en la región, en Costa Rica se creará un centro de capacitación en temas de la industria tecnológica, el cual, según Biden, proveerá educación y entrenamiento que ayudará a equipar a los trabajadores en el hemisferio para liderar en la economía digital del futuro, trabajando en campos como la ciberseguridad y la fabricación de semiconductores. Acción que se confirma con la reciente visita de la subsecretaría para el comercio internacional de los Estados Unidos, en la cual se abordaron temas de agenda comercial como los esfuerzos estadounidenses para ayudar a sus empresas nacionales a ingresar o expandirse a los mercados internacionales, la necesidad de acatar políticas de comercio justo, la promoción del turismo hacia los Estados Unidos, el tema de semiconductores y el Centro de Excelencia para que Costa Rica se convierta en un hub de talento.
[1] Por ejemplo, Rodrigo Chaves firmó un decreto que dicta que solo podrán participar en el desarrollo de 5G en Costa Rica empresas de países que hayan firmado el Convenio de Budapest, suscrito por Estados Unidos y no por China; la ministra de Ciencia y Tecnología, Paula Bogantes, y su viceministra declaran ante una comisión de diputados que China representa un riesgo para ciberseguridad, así como declaran que su sistema político “totalitario” impide el combate a posibles acciones de espionaje desde las empresas; y, la visita de Chaves a China en este 2023 fue cancelada por supuestos problemas de agenda.
[2] Por ejemplo, el departamento de Estado de los Estados Unidos se asoció con Costa Rica, para explorar oportunidades para diversificar y hacer crecer el ecosistema global de semiconductores en el marco de la Ley Chip, que permitirá un incentivo equivalente a $500 millones a lo largo de cinco años, dirigido a nuevos programas e iniciativas en aliados y socios de Estados Unidos. No obstante, se desconoce si el monto se entregará a un solo país o se repartirá entre varios candidatos. Por otro lado, la general Richardson, del comando sur, anunció en territorio nacional la donación de casi $10 millones para ciberseguridad a Costa Rica.
[3] Este grupo fue creado en el 2022 con el apoyo de la potencia norteamericana, y conformado por 12 países como Barbados, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. El interés de este grupo de países, según se desprende de una declaración conjunta firmada el 27 de enero, gira en torno a la colaboración en temas como defensa de la democracia, impulso al desarrollo económico, la apertura de mercados, lucha contra corrupción y contra la pobreza. Vale la pena apuntar la importancia geoestratégica del grupo, también conocido “Asociación de las Américas”, pues este representa alrededor del 90% del Producto Interno Bruto del hemisferio occidental y casi dos tercios de su población, así como nueve de los doce países tienen acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, lo cual también revela la importancia de este grupo para la hegemonía norteamericana que aspira mantener en la región. En concreto, tal y como afirmó AFP, el foro busca estrechar lazos comerciales entre países del continente, pero también es una vía de EUA para contrarrestar la influencia de China en América Latina.
Estados Unidos frente al “modelo Bukele” de seguridad
La estrategia de seguridad de Nayib Bukele consiste en la aplicación de un estado de excepción desde el 27 de marzo del 2022 que permite una predominancia del Poder Ejecutivo a través de una fuerza de ley que le faculta a incidir en actividades legislativas o judiciales propias de otros poderes de la república.
Este modelo de seguridad, basado en el estado de excepción, representa un peligro para la democracia porque todo estado de excepción, siguiendo los apuntes de Agamben (2005; 2006) es una medida jurídica pero extralegal, que permite la suspensión del ordenamiento jurídico para crear las condiciones jurídicas necesarias para proteger al sistema frente a amenazas (maras) que ponen en peligro su protección. No obstante, esta ampliación del margen de acción político-legal del Poder Ejecutivo para actuar de manera extralegal, sin control y de forma discrecional, como manera de enfrentar la situación de inseguridad, puede ser utilizada para socavar la democracia porque puede conllevar a los régimen políticos a desembocar en autoritarismo, dictaduras, violaciones a los derechos humanos y corrupción. Así como puede, aún en regímenes democráticos, ocasionar que se fomente una política securitaria de castigo, pena y violaciones a los derechos humanos en detrimento de una visión más integral y preventiva sobre el tratamiento de la seguridad y el delito.
En este sentido, si bien no se puede obviar que el estado de excepción en El Salvador ha reducido los índices de criminalidad, dicho descenso se dio a un costo elevado en materia de derechos humanos, de funcionamiento del Estado de derecho y de concentración en la asignación de recursos públicos en seguridad por sobre otros temas. Esto, según apunta Luis Guillermo Solis, expresidente de Costa Rica.
Esta preocupación sobre el modelo Bukele de seguridad también se identifica en las declaraciones del subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, Enrique Roig, quien mencionó que, a pesar de ser una estrategia popular (el modelo Bukele) entre la ciudadanía, una política de mano dura, basada únicamente en la captura, no es una práctica sostenible a largo plazo. En este sentido, recalcó que para que una estrategia de seguridad sea sostenible esta debe estar basada en el desarrollo comunitario, la prevención del delito, la integración social de los ex convictos y la educación de jóvenes. Asimismo, el subsecretario fue enfático en la necesidad del debido proceso judicial y el respeto por los derechos humanos de los presos, como aspectos básicos de todo sistema democrático, y que permiten la existencia de mecanismos que plantean frenos a cualquier deriva autoritaria que surja.
A partir de lo anterior, en este sentido se puede observar que las preocupaciones de las autoridades de los Estados Unidos se relaciona al hecho de que “el modelo Bukele” de seguridad podría ser tomado como un paradigma de gobierno, lo cual podría afectar los intereses norteamericanos al conducir a la región centroamericana a un probable aumento de regímenes autoritarios o totalitarios. Esta preocupación estadounidense cobra mayor fuerza cuando se observa la onda expansiva del “efecto Bukele” que ha influenciado a políticos en otros países, por ejemplo, en Honduras se decretó un estado de excepción para atender la seguridad; en Guatemala, una candidata presidencial prometió aplicar “el modelo de El Salvador” en seguridad; en Perú, el alcalde de Lima felicita a Bukele por redes sociales; en Argentina, el ministro de Seguridad de Buenos Aires elogió la imagen de una nueva mega cárcel salvadoreña: “Es música para mis oídos”, dijo el jerarca; y, en Costa Rica Chaves en un momento mencionó que “Costa Rica hará lo posible para no llegar a un estado de excepción”.
No obstante, a pesar de la preocupación estadounidense, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) un centro de estudios y promoción de los derechos humanos en América, apunta que “es preocupante que EUA no envíe ningún mensaje contundente de rechazo a acciones que atentan contra la democracia y los DDHH”. Esto debido a que, a pesar de la gravedad del asunto, la posición de los EUA frente a la situación salvadoreña ha sido ambigua, así como se ha observado que bajado el nivel de sus críticas hacia al gobierno, en parte esto se debe al papel estratégico de El Salvador para contener la migración irregular, fomentar el comercio y dirigir la inversión.
En este sentido, se puede observar como temas coyunturales marcados por la dependencia norteamericana en temas como la diversificación de la industria tecnológica, la contención del avance chino en la región y la gestión de la migración irregular, al parecer, como se ha visto con las recientes visitas de funcionarios y diplomáticos a El Salvador, ha dirigido y condicionado el manejo de la deriva autoritaria, que se manifiesta en “el modelo Bukele” de seguridad, mediante la cooperación y la vía diplomática. Tal y como declaró el subsecretario adjunto de la oficina para América Latina del Departamento de Estado, Eric Jacobstein, estos temas de seguridad se conversan “en privado”, para poder tratar de convencer efectivamente al gobierno de Bukele de un cambio de actitud. Sobre esto mencionó Jacobstein: “En cada oportunidad nosotros involucramos a interlocutores en el gobierno salvadoreño. Pero diría que estamos constantemente buscando un enfoque más eficaz y creo que cuando se trata de El Salvador, esta es una relación compleja. Es multifacético. Trabajamos juntos en varias áreas, pero hay un muy buen compromiso, en temas económicos y luego hay temas más difíciles, en los que nosotros continuamos participando”.
Este enfoque multifacético para manejar la deriva autoritaria de Bukele, se observa mediante la presencia constante de funcionarios estatales en El Salvador. Por ejemplo:
- EUA trabajó en conjunto con el gobierno para la aplicación de la ley para el desmantelamiento de las pandillas. Por ejemplo, el asesor de Seguridad de la vicepresidencia de Estados Unidos, Philip Gordon, se reunió con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para dialogar sobre cooperación para desmantelar las pandillas y la la “importancia del Estado de derecho y el debido proceso”, las condiciones para atraer inversión extranjera, y la “cooperación” en materia de migración.
- Una delegación del gobierno de EU, encabezada por el asesor de Seguridad de la Vicepresidencia, Philip Gordon, estuvo en el país en una misión diplomática para fortalecer lazos bilaterales y abordar temas clave, como los discutidos con el presidente Bukele, relacionados al fortalecimiento del Estado de Derecho, la importancia del debido proceso, la atracción de inversión extranjera, la cooperación en materia de migración y la aplicación de la ley.
- El Embajador de los Estados Unidos en El Salvador firmó un acuerdo para que El Cuerpo de Paz de EEUU regrese a El Salvador siete años después de retirarse por la inseguridad.
- El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, visita El Salvador, en el marco de la discusión sobre la posible inscripción de la candidatura de Bukele, para hablar nuevamente sobre Estado de Derecho, derechos humanos, cooperación migratoria y seguridad.
- El secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se reunió con la ministra de Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill para discutir principalmente sobre la defensa de los Derechos Humano, el cual se ha convertido en un foco de críticas desde la comunidad internacional por la ofensiva del Gobierno de Nayib Bukele contra las pandillas.
- Marisa Lago, subsecretaria de Comercio Internacional de EUA en su visita se comprometió a fomentar la cooperación en política digital, en específico mediante una declaración conjunta EUA contempló la creación de un marco normativo que respalde la seguridad cibernética en las redes de telecomunicaciones, así como una política de atracción de inversores que convierta a El Salvador en un hub tecnológico.
