Miércoles 9 de octubre del 2024
Monitoreo IV
La Segunda Presidencia de Trump: Desafíos, incertidumbre y oportunidades para Centroamérica
Donald Trump resultó electo como presidente de los Estados Unidos, tras derrotar a Kamala Harris, candidata por el partido demócrata. Su figura resurge tras un contexto político adverso al enfrentarse a una condena penal, imputaciones judiciales, un intento de asesinato, acusaciones de autoritarismo y un cambio inédito de oponente tras el retiro de Joe Biden de la carrera presidencial. El proyecto político que quiere implementar Trump tiene un camino menos complejo para su materialización, ya que durante esta segunda presidencia el Partido Republico logró capturar ambas cámaras del Congreso, al obtener una mayoría de 53 (frente a los 47 del partido demócrata) en el Senado, mientras en la Cámara de Representantes también alcanzó la mayoría al lograr 220 escaños (frente a los 214 del partido demócrata).
Este reciente triunfo de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y el control republicano sobre ambas cámaras del Congreso configuran en definitiva un panorama político que tendrá implicaciones significativas en el ámbito global, especialmente en América Latina y Centroamérica. Por ejemplo, en términos económicos, la región enfrenta cierta incertidumbre respecto a la política de America First, que podría priorizar las inversiones internas en Estados Unidos en detrimento de las externas, ya que su aplicación podría afectar las inversiones estadounidenses en la región, pues si se priorizan las inversiones dentro de EE.UU podría haber una disminución en el apoyo financiero. Por ejemplo, en Costa Rica existe la incertidumbre sobre los posibles efectos en el comercio con EE. UU., la atracción de inversión extranjera norteamericana, el crecimiento económico y las tasas de interés, debido a propuestas en campaña de renegociar tratados de libre comercio, promover reformas tributarias para atraer a empresas estadounidenses con operaciones en el extranjero y aplicar cambios en la Reserva Federal que podrían afectar el crecimiento económico de Centroamérica.
De hecho, algunos sectores políticos y económicos de países como Costa Rica expresan preocupación por el impacto en el comercio bilateral y la inversión extranjera, especialmente considerando propuestas de renegociar tratados comerciales y reformas tributarias que buscan repatriar operaciones estadounidenses. Según el Ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, en la Comisión Legislativa de Asuntos Internacionales a finales de agosto, afirmó: “Si ustedes me dicen a mi qué le sirve a Costa Rica… Es un gobierno demócrata y no un gobierno republicano”.
Hay que recordar que Estados Unidos es uno de los mayores socios comerciales de Costa Rica, y las políticas comerciales de Trump pueden afectar negativamente la estabilidad económica del país. No obstante, las reacciones también resultaron positivas, ya que algunos sectores costarricenses apuntan más bien a que la dinámica comercial no cambió drásticamente durante la anterior administración de Trump[1], así como el aumento en el valor del dólar fue bien visto por algunos sectores empresariales costarricenses. En el caso de, El Salvador, por ejemplo, ha visto beneficios económicos inmediatos debido al impacto positivo en el valor del Bitcoin tras la elección de Trump.
En el ámbito diplomático, la relación entre los gobiernos de Estados Unidos y Centroamérica se presenta mixta, la designación de Marco Rubio, senador reconocido por su anticomunismo, como Secretario de Estado representa una clara amenaza para gobiernos de izquierda, incluso los electos democrática y legalmente, al mismo tiempo que puede resultar beneficioso para líderes de derecha; por ejemplo, Rubio tiene una gran cercanía con Bukele y quién sostuvo tras el triunfo de Trump una llamada telefónica para discutir temas de política y gobierno. Por su parte, en Guatemala prevalece una incertidumbre por las diferencias políticas entre ambas administraciones, mientras en Nicaragua la oposición percibe con buenos ojos el triunfo de Trump, y el régimen Ortega evita facilitar al mandatario. Esto resalta las diferencias en la respuesta regional ante el retorno de un liderazgo republicano en la Casa Blanca.
Finalmente, en términos migratorios, el triunfo de Trump y el control del partido republicano del Senado estadounidense tendrá un impacto significativo en alrededor de 11 millones de migrantes que han vivido por más de 10 años en condición irregular en los Estados Unidos. El endurecimiento de la política migratoria es otra preocupación para la región, ya que con el triunfo de Trump puede ser que se llegue a implementar políticas más restrictivas, como el cese del Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual es un beneficio temporales que ha cobijado a decenas de miles de centroamericanos. Asimismo, el aumento de las deportaciones y políticas restrictivas podría afectar a las economías nacionales que dependen de remesas procedentes de Estados Unidos. Entre algunas de las propuestas de campaña planteadas por Trump, que causan preocupación se halla: su promesa de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia” a través de invocar la ‘Ley de Enemigos Extranjeros’ (Alien Enemies Act) de 1798; emitir una emergencia nacional para que efectivos militares puedan detener y expulsar a migrantes; y, revocar la prohibición al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus sigles en inglés) para perseguir a inmigrantes que se encuentren en condición irregular en Estados Unidos y no hayan cometido delitos. Este entorno político internacional, adverso para la migración a Estados Unidos, podría ocasionar crisis humanitarias en las que los países centroamericanos deben cargar la gestión de estas problemáticas dado que somos un área de alto tránsito migrante.
Ahora bien, en conclusión, este nuevo equilibrio de poder, que marca el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y el control republicano de ambas cámaras del Congreso, subraya la necesidad de que América Latina, especialmente Centroamérica, fortalezca su autonomía estratégica y diversifique sus alianzas internacionales. La dependencia económica y comercial de Estados Unidos podría exponer a los países de la región a vulnerabilidades mayores bajo la aplicación de políticas proteccionistas y de renegociación. Esto exige un replanteamiento de estrategias económicas que prioricen la integración regional y la atracción de inversiones de otras potencias económicas alternativas, como la Unión Europea y Asia. No obstante, debe dejarse abierta la posibilidad de que la reconfiguración del poder en Estados Unidos pueda representar tanto retos como oportunidades para América Latina.
Por su parte, el retorno de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos plantea retos significativos en el ámbito migratorio, especialmente para los países de América Latina y Centroamérica. Las políticas más restrictivas anunciadas, como la posible eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS), el incremento en las deportaciones masivas y el endurecimiento de la gestión migratoria, no solo amenazan la estabilidad de millones de migrantes, sino que también impactan directamente en las economías de los países de origen, altamente dependientes de las remesas. Además, la implementación de estas medidas podría agravar las crisis humanitarias en las fronteras, aumentando la presión sobre los gobiernos de tránsito y destino para gestionar flujos migratorios de manera efectiva. Frente a este posible panorama, se hace urgente una respuesta regional coordinada que contemple tanto la protección de los derechos humanos de los migrantes como el fortalecimiento de políticas de desarrollo para abordar las causas estructurales de la migración.
Extensión de sanciones y restricciones a Nicaragua
En su continuo posicionamiento respecto a los hechos suscitados en Nicaragua en el año 2018 con el endurecimiento del régimen Ortega-Murillo, Estados Unidos anuncia una nueva medida para responsabilizar a representantes del gobierno nicaragüense. El pasado 14 de noviembre de 2024, el Departamento de Estado comunicó la decisión del Presidente Biden de imponer restricciones en la visa a más de 350 personas miembros de la Policía Nacional de Nicaragua, a quienes se les considera responsables de coartar el ejercicio de los derechos civiles del pueblo nicaragüense y de denegar el acceso a servicios, libertad de organización y expresión de opiniones sin miedo a represalias.
La decisión nace en el marco de la Proclamación Presidencial 10309, que se trata de un acto ejecutivo del 16 de noviembre de 2021 en donde el Presidente Biden establece medidas para suspender la entrada a Estados Unidos, como migrantes o no migrantes, a personas miembros del gobierno o a quienes formulen, implementen o se beneficien de políticas o acciones que socaven las instituciones democráticas. Lo que da base para una serie de sanciones impuestas en razón de los actos que amenazan la democracia en el país centroamericano.
Desde su promulgación, este acto ejecutivo ha dado respaldo a la suspensión de entrada para cerca de 1,750 personas nicaragüenses, que se encuentran vinculadas al gobierno Ortega- Murillo y a quienes se les responsabiliza de actos que lesionan derechos civiles y políticos.
Adicionalmente, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua comunicó el 26 de noviembre de 2024 el aviso que el Presidente Biden dió a las presidencias de la Cámara de Representantes y Senado sobre la continuación de la Orden Ejecutiva 13851 (promulgada en 2018 durante la primera administración de Donald Trump), la cual declara de emergencia nacional sobre la situación en Nicaragua.
“La situación en Nicaragua, que incluye la respuesta violenta del Gobierno de Nicaragua a las protestas que comenzaron el 18 de abril de 2018, y el continuo desmantelamiento sistemático y el debilitamiento de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen Ortega-Murillo, su uso de violencia indiscriminada y tácticas represivas contra civiles, así como su corrupción que conduce a la desestabilización de la economía de Nicaragua, sigue planteando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos. Por esta razón, la emergencia nacional declarada el 27 de noviembre de 2018 debe continuar en vigor más allá del 27 de noviembre de 2024. Por lo tanto, de conformidad con la sección 202(d) de la Ley de Emergencias Nacionales (50 U.S.C. 1622(d)), extiendo por 1 año la emergencia nacional declarada en la Orden Ejecutiva 13851 con respecto a la situación en Nicaragua” (Embajada de Estados Unidos en Nicaragua, 2024)
Por lo que se amplía el plazo de asistencia y seguimiento que Estados Unidos ha dado, especialmente en lo relativo a la asistencia a presos políticos liberados. Además, esta decisión se comunica tan solo un día después de que presentara una reforma constitucional en Nicaragua, la cual, incorpora la figura de “co-presidencia” y establece que las figuras que se designen como copresidentes por sufragio universal tendrán una función coordinadora de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y electoral.
Reforma que ha activado alertas nacionales e internacionales, especialmente por la preocupación con respecto a la lesión de la independencia de los poderes del estado, avanzando a un espacio de alta concentración del poder. Varias organizaciones han reaccionado, señalando preocupación especialmente en temas como la potencial impunidad ante violaciones de derechos humanos, cierre del espacio cívico y ejercicio de libertades, escalada sobre el control y despojo de los territorios de pueblos indígenas y afrodescendientes.
Al respecto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) por medio del Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos, Volker Turk, señaló su preocupación respecto a las reformas y el peligro de avanzar en temas como la eliminación de la prohibición explícita de tortura, la figura de coordinación de los órganos legislativo, judicial y electoral asumida por las presidencias, la eliminación del pluralismo político y la ampliación de poderes del gobierno:
“Hago un fuerte llamado a los legisladores para que rechacen por completo las enmiendas propuestas, y llamo al Gobierno a abandonar también la presentación de estas propuestas extremadamente preocupantes” Volker Turk, Alto Comisionado de las Naciones Unidos para los Derechos Humanos
Las decisiones respecto al posicionamiento internacional del gobierno de Estados Unidos frente a Nicaragua muestra políticas y decisiones de estado, que se mantienen incluso al tener cambios en las administraciones. Por lo que en los próximos meses se podría esperar una línea de trabajo similar a la expuesta por el nuevo presidente Donald Trump.
Elaborado por: Stuart Chavarría y Elizabeth Muñoz
Aprobado: Elizabeth Muñoz (Coordinadora)
[1] Por ejemplo, de la administración de Obama a la de Trump las exportaciones totales hacia el país norteamericano oscilaron entre los 4.400.000 miles de dólares y los 5.200.000 miles de dólares.
